La Fiscalía denunció que el pasado viernes 300 personas, a bordo de 16 camionetas, invadieron la reserva con el objetivo de atacar a los indios, según el documento judicial.
En su orden, la jueza Marilia Gurgel señala que existen "patentes indicios de violación de derechos humanos", lo que atribuye a la "posible omisión o inacción de los agentes del Estado", lo que implicaría una vulneración de tratados y compromisos internacionales asumidos por Brasil.
TeleclavesAgencia EFE
En una decisión tomada la noche del sábado, el Tribunal Federal de la Primera Región (Amazonía) dio un plazo de 24 horas a las autoridades para "tomar medidas concretas y efectivas" orientadas a la protección de la tierra Tenharim, según un documento publicado hoy por la Fiscalía.
La orden también determina que las autoridades promuevan el regreso a sus aldeas de cerca de 150 indios que se han visto obligados a refugiarse en un cuartel del Ejército para evitar ser víctimas de ataques.
El conflicto se desató a raíz de la desaparición de tres hombres ocurrida el pasado día 16 y que los habitantes del municipio de Humaitá (Amazonas) han atribuido a los indios de la etnia Tenharim.
Los desaparecidos son Aldeney Ribeiro Salvador, técnico de la empresa eléctrica estatal Eletrobrás, el profesor Stef Pinheiro y el comerciante Luciano Ferreira Freire.
En protesta por la desaparición, los habitantes de la región incendiaron el pasado miércoles la sede de la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano estatal que atiende a los pueblos nativos, un barco y varios vehículos usados por este organismo.
La Fiscalía denunció que el pasado viernes 300 personas, a bordo de 16 camionetas, invadieron la reserva con el objetivo de atacar a los indios, según el documento judicial.
Este sábado el Ejército y varios cuerpos policiales realizaron una operación conjunta para buscar a los tres desaparecidos en la tierra indígena y para controlar la violencia.
En su orden, la jueza Marilia Gurgel señala que existen "patentes indicios de violación de derechos humanos", lo que atribuye a la "posible omisión o inacción de los agentes del Estado", lo que implicaría una vulneración de tratados y compromisos internacionales asumidos por Brasil.
Por ello determinó que el Estado remita la información de este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ese organismo conozca "los graves hechos" ocurridos en la región.
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