Política energético-ambiental del ¿nuevo ciclo?
El rechazo de Hidroaysén, uno de los proyectos más conflictivos en materia energético-ambiental de los últimos años, se presenta como un cambio de folio en materia ambiental en nuestro país. Pese a constituir un avance del movimiento socioambiental –el cual se organizó y movilizó por años para revocar este proyecto de inversión extranjera-, esta decisión no responde al nuevo ciclo político propuesto por la coalición de gobierno, ni mucho menos responde a la sociabilización de la política ambiental y energética que ponga los derechos sociales por sobre el mercado.
Por Max Ferrer (presidente Centro de Estudiantes de Ingeniería, UCH) y Patricia González (licenciada en Antropología Social, UCH)
El desconcierto
Continuidad política: Gobernabilidad y desarrollo privado
La apuesta del segundo gobierno de Bachelet de incorporar las demandas de los movimientos sociales en su discurso e – incluso- en sus propuestas prioritarias, es una expresión de una vieja receta aplicada por la política de la transición: mayor gobernabilidad para continuar con un modelo acuñado para los empresarios y los más ricos del país. En materia ambiental, esta receta se identifica desde los años noventa: las promesas de campaña de Aylwin hacia el mundo ambientalista e indígena junto a la creación de una institucionalidad ambiental (CONAMA) como traje a la medida de los empresarios forestales y de pesca industrial; la “Doctrina Frei” expresada en las numerosas aprobaciones de proyectos de inversión “pro desarrollo” legitimadas por la débil institucionalidad ambiental de la CONAMA y SEIA; la creación del INDH en paralelo a la aprobación de Pascualama y la aprobación del ducto de CELCO en Mehuin como “única alternativa posible”; el “acuerdo de Chagual” pro energía nuclear con la venia de algunas ONGs ambientalistas, la aprobación de 42 hidroeléctricas y la apertura al mercado energético del carbón y las termoeléctricas en el primer gobierno de la actual presidenta; y por último, el llamado telefónico de Piñera que detuvo Barrancones en el marco de conflictos y malestar social en regiones.
Segundo gobierno de Bachelet
Ahora bien, el inicio del segundo gobierno de Bachelet ha estado marcado por una serie de medidas prioritarias –las llamadas 50 medidas en los primeros 100 días de gobierno- que buscan dar cumplimiento al programa de la Nueva Mayoría. Hace pocos días, la agenda ambiental tuvo particular protagonismo al declararse la creación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) como fortalecimiento a la incipiente cartera. Sin embargo, este anuncio se realiza en un momento crítico para los movimientos ambientales: la llegada de la gran minería a las cuencas que albergan las ciudades más pobladas del país (CODELCO-Andina 244) y la multiplicación de zonas de sacrificio en las regiones con mayor desigualdad en la distribución de su riqueza (zona norte del país).
Esta doble agenda del gobierno retrata la profundización de la economía extractivista como modelo de desarrollo en paralelo al avance de institucionalidad de rescate socioambiental mandatada por la OCDE. En este marco, la balanza de los primeros días de este gobierno se inclina hacia la primera agenda, al continuar con la expansión de la megaminería bajo criterios de mercado para su instalación geográfica y consumo energético para su funcionamiento. El reciente proyecto de ley que promoverá la generación de Energías Renovables No convencionales (ERNC) entre un 20 y 25%, llegando hasta un 40-50% de la generación de energía eléctrica del sistema central en los próximos años, es una muestra de la regulación de este mercado de parte del Estado. Sin embargo, esta iniciativa no contempla la regulación del mercado del consumo de energía –en el cual la megamineria ocupa el asiento de primera fila-, orientado a crecer en forma exponencial debido al precio internacional del cobre y su creciente demanda.
Pese a ser un avance del movimiento socioambiental, el rechazo de Hidroaysén -decidido por el comité de ministros- otorga mayor gobernabilidad a la agenda extractivista del gobierno, poniendo el acento en el lugar menos incómodo y concibiéndolo como un agregado más del debate energético-ambiental que, actualmente, atraviesa nuestro país. La continuidad del rol subsidiario del estado en esta materia, de subsidio a la demanda energética de la industria, presenta la regulación de una parte del mercado de generación de energía, pero no contempla una regulación al mercado que mayormente demanda energía, profundizando una lógica de acumulación y crecimiento insostenible en el tiempo.
Autonomía política y desafíos en lo socioambiental
Por esta razón, la idea de un estado más fuerte y democrático, que otorgue un plan energético -y no simple salvavidas a la industria- es necesaria para alcanzar cierto equilibrio en esta área clave para el desarrollo de cualquier país.
Sin embargo, esto no se puede pensar ni realizar en la
medida de lo posible. Debe existir una clara voluntad del gobierno y,
por sobre todo, autonomía política del movimiento ambiental que permita
plantear este desafío en términos de derechos sociales que expulsen
lógica de mercado.
La invitación que nos deja el rechazo de Hidroaysén, es pasar de los excesos ambientales –como este tipo de alunizaje de monstruos energéticos en zonas de sacrificio- a la discusión central sobre cómo se alimenta este sistema brutalmente desigual y dependiente, que deshumaniza la forma de vida de miles de personas. Por lo visto, la única receta para ello no se encuentra en los comités técnico-políticos, en soluciones verdes-regulatorias, en tratados OCDE, en un llamado telefónico del ejecutivo ni en las transacciones de campañas electorales, sino que en la capacidad de organización, movilización y autonomía política del movimiento socioambiental.
http://mapuexpress.org/politica-energetico-ambiental-del-nuevo-ciclo/
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Masiva marcha estudiantil denuncia ‘maquillaje’ en reforma educativa de Bachelet
- Martes, junio 10, 2014, 23:00
La marcha por el “Rescate y Fortalecimiento de la Educación Pública”, convocada por organizaciones de estudiantes y el Colegio de Profesores de Chile, reunió a 100.000 personas, según la organización.
“Salimos a marchar porque nosotros no vamos a avalar ni vamos a hacernos parte del maquillaje de la educación”, señaló la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Melissa Sepúlveda.
Mientras avanzaba la marcha, la dirigente reclamó “una educación que tenga la participación de todos y mejores condiciones para los profesores” y exigió “condonar con urgencia la deuda de miles de estudiantes y familias chilenas que por este modelo se endeudan año a año, a veces sin siquiera tener su título profesional”.
Además, Sepúlveda criticó el accionar del gobierno frente a la discusión de la reforma educacional chilena: “haber perdido todo un semestre en tres proyectos para nosotros no es casual; es querer retrasar la discusión real de la educación”.
“Acá hay un problema que no sólo aqueja a los estudiantes de Chile, sino que aqueja a la sociedad chilena; frente a esta situación, nosotros vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir tomándonos los colegios”, puntualizó la vocera secundaria.
En tanto, el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes secundarios (Cones), Ricardo Paredes, señaló que los estudiantes están luchando “por un fortalecimiento y un rescate de la educación” y subrayó que “el primer tópico es la participación de la sociedad, porque la forma de hacer política en Chile cambió y ya no se puede hacer leyes entre cuatro paredes”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, comentó que espera que esta semana haya un diálogo con el Ministerio de Educación para crear una mesa en la que los demás actores sociales puedan discutir la reforma.
En el acto, la bancada juvenil parlamentaria, conformada por Camila Vallejo (Partido Comunista), Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Karol Kariola (Partido Comunista), marcharon en la ciudad de Valparaíso junto a los estudiantes para entregarles su apoyo como congresistas.
La marcha nacional se replicó en las ciudades de Temuco, Punta Arenas, Concepción, Chillán, Puerto Montt, Talca y La Serena.
UCH
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