Por Fabricio Muñoz. Resumen Latinoamericano, 30 de Octubre de 2026.
Foto: Rebelión
El 6 de agosto de 2026, la víspera de la posesión de Abelardo De La Espriella, la minera canadiense Copper Giant anunció una capitalización cercana a veinte millones de dólares para el proyecto de cobre y molibdeno que explora a diez kilómetros de Mocoa. La operación la encabezaba Denarius Metals, una sociedad en la que participan Serafino Iácono y Federico Restrepo, socios del presidente que se posesionaría al día siguiente, y venía acompañada de otro anuncio, según el cual Trafigura compraría la quinta parte del cobre y el molibdeno que llegue a extraerse de una mina que todavía no tiene estudio económico preliminar y cuyos recursos son, por ahora, una estimación inferida (Prieto y Arbeláez, 2026).
Un mes más tarde, el 8 de septiembre, el canciller Omar Bula y el secretario de Estado Marco Rubio firmaron en Barranquilla un marco de cooperación para «el aseguramiento de las cadenas de suministro» de minerales críticos y tierras raras, al que se sumó un memorando sobre energía nuclear civil. En esos papeles quedaron los dos asuntos que interesaban a Washington, mientras la suspensión del arancel del 12,5 % y la reapertura del consulado estadounidense, que era lo que pedía Colombia, se quedaron sin firmar (Patiño, 2026).
Ninguno de los dos hechos toca la propiedad del subsuelo, que la Constitución de 1991 reserva al Estado, aunque ambos trasladan la decisión sobre su uso a gente que no responde ante quienes viven encima de él. A ese traslado propongo llamarlo acumulación por aseguramiento, y en lo que sigue intento mostrar que en él se encuentra buena parte de la base económica del momento político colombiano. Empiezo por exponer el concepto, sigo con la manera en que ha operado bajo un gobierno progresista y bajo uno de ultraderecha, dentro de un orden contrainsurgente que ninguno de los dos inventó, y termino de vuelta en Mocoa.
Asegurar lo que no se conoce
Entiendo por acumulación por aseguramiento la forma de acumulación en la que la necesidad de suministro de una potencia organiza los territorios de la periferia sin que esta tenga que apropiarse de ellos. Quien asegura deja la propiedad donde está y se ocupa de controlar las condiciones en que los recursos podrán conocerse, financiarse y venderse, del mismo modo que se reserva la decisión sobre quién puede invertir y quién representa una amenaza para la inversión.
Colombia conoció una versión temprana de esta lógica a comienzos de siglo. Después de que el oleoducto Caño Limón Coveñas, que operaban Ecopetrol y Occidental Petroleum, sufriera 170 voladuras en un solo año, el Congreso de Estados Unidos destinó entre 2002 y 2003 cerca de 99 millones de dólares a entrenar y equipar a la Brigada 18 del Ejército en Arauca, para que custodiara el crudo que extraía una empresa estadounidense (GAO, 2005). Aquel dinero protegía un activo que ya bombeaba, mientras los compromisos que hoy se firman recaen sobre yacimientos que nadie ha medido.
Esa diferencia obliga a mirar el orden en que ocurren las cosas, porque el mecanismo actual empieza antes de la mina, cuando un recurso se declara estratégico. El borrador del CONPES de minerales estratégicos y críticos admite que el país no produce litio, cobalto ni tierras raras y que no tiene cómo fundir o refinar sus minerales metálicos (La Silla Vacía, 2026a), y Álvaro Pardo, quien presidió la Agencia Nacional de Minería hasta 2025, calcula que el conocimiento detallado del subsuelo cubre apenas el 28 % del territorio (Caicedo y Arbeláez, 2026). Con esa información el Estado se comprometió a asegurarle a otro país el suministro de esos minerales, algo que Lenin había previsto en 1916, cuando escribió que al capital financiero le interesaban las fuentes de materias primas conocidas y también las posibles, porque la técnica podía volver útil mañana una tierra que hoy parecía no servir.
A la declaración le siguió la securitización, que llegó en agosto con la entrada de Colombia al Escudo de las Américas, la coalición que Washington organizó contra lo que llama narcoterrorismo y cuyos miembros aceptan restricciones a los contratos de infraestructura estratégica con estatales chinas (El Colombiano, 2026). Como la adhesión se produjo un mes antes que el memorando, quién es enemigo y quién puede invertir quedó resuelto antes de que se hablara del subsuelo. La palabra narcoterrorismo cumple, de paso, otra tarea, puesto que al convertir en asunto criminal un conflicto armado de raíz social y política le quita interlocutores y deja las regiones donde ocurre a merced de la fuerza y de la fumigación.
Solo entonces el territorio se abre, y lo hace con reglas escritas en otra parte. La ficha del Departamento de Estado sobre el acuerdo de Barranquilla habla de garantías, préstamos, participación accionaria, compras futuras, pisos de precio, permisos más rápidos y revisión, por razones de seguridad nacional, de la venta de activos mineros, instrumentos con los que se decide quién pone el dinero, a quién se vende la producción y quién puede comprar una mina. El contrato de Copper Giant con Trafigura, firmado un mes antes del memorando y sin relación con él, es una compra futura de manual.
La idea tiene un pariente cercano en la acumulación por desposesión con la que David Harvey describió cómo el capital sale de sus crisis expropiando bienes comunes y privatizando lo que estaba fuera del mercado. En el aseguramiento la expropiación sobra, porque un memorando no vinculante y el control de la cadena de valor alcanzan para subordinar la propiedad pública del subsuelo a la seguridad de otro Estado. Tampoco la transición energética, que se presenta como salida del petróleo, altera ese esquema, ya que se limita a cambiar la mercancía y pone el cobre donde estaba el crudo y el panel solar importado donde estaba el motor de combustión.
La forma contrainsurgente del aseguramiento
Que Washington haya firmado cerca de veintiún acuerdos parecidos en pocos meses (Patiño, 2026), y que lo haya hecho mientras armaba el Escudo con gobiernos afines, invita a pensar que el mecanismo llegó con la ultraderecha. Los expedientes de Mocoa cuentan otra historia, porque fue durante el gobierno de Gustavo Petro cuando la Agencia Nacional de Minería integró los títulos de Copper Giant y le amplió el plazo de exploración (Prieto y Arbeláez, 2026).
Entre un gobierno y otro cambió la relación del Estado con el mecanismo. Con Petro el aseguramiento avanzó, aunque tropezó dentro del propio Estado con la resolución que declaró el bioma amazónico libre de minería, con la entrada a la Franja y la Ruta y con un borrador de política minera que hablaba de agregar valor en el país. Con De La Espriella es el Estado el que lo empuja, puesto que firma el Escudo y el memorando, prepara fumigaciones aéreas en el Putumayo y propuso recortar en 35 % la inversión del Servicio Geológico Colombiano, la entidad que debería conocer el subsuelo que se compromete (Caicedo y Arbeláez, 2026), mientras socios del presidente figuran entre los accionistas del proyecto minero más conocido de la Amazonía. Gramsci hablaría de un cambio en la composición del Estado integral, y yo agregaría que quienes dirigen y quienes acumulan empiezan a ser las mismas personas.
Ambos gobiernos se apoyan, de todos modos, en algo más viejo que ellos, que Vilma Franco (2009) estudió como orden contrainsurgente, una forma de dominación en la que el Estado, las clases dominantes y aparatos armados privados se articulan en un bloque de poder para el cual la guerra contra la insurgencia es la manera de conservar el orden social. Ese orden recorre la historia del país desde el Plan Lazo de 1962 hasta el Plan Colombia, y durante el progresismo tomó la forma de una política de paz. La paz total negoció por separado con cada estructura, mantuvo mesas que no llegaron a acuerdos de fondo con las principales organizaciones, celebró sus divisiones, que Petro llamó en 2024 «un avance en la paz» (El Tiempo, 2024), y terminó tratando como bandas del narcotráfico a organizaciones que se reivindicaban políticas. Fragmentar a la insurgencia y quitarle su carácter político ha sido un propósito constante de la contrainsurgencia colombiana, y la paz total lo persiguió con los instrumentos del diálogo.
El gobierno actual persigue el mismo propósito sin intermediarios. La ley de sometimiento, que el Ejecutivo radicó el 13 de octubre con mensaje de urgencia y que las comisiones primeras aprobaron en primer debate el 21, elimina la negociación política y, en su versión radicada, deroga partes de la Ley 2272 de 2022, en la que se apoyaba la paz total (Cambio, 2026), mientras los bombardeos continúan en distintas regiones. Para la ultraderecha el aseguramiento es un proyecto de clase propio, y la cercanía con Washington le abre a su círculo empresarial negocios como el de Mocoa.
El territorio como riesgo y como lugar del sujeto
Las mineras consultadas por el Fraser Institute señalan la seguridad como su principal obstáculo para invertir en Colombia (García, Peña Tenjo y Sanz Posse, 2026), y en esa palabra cabe casi todo, desde un frente armado hasta una comunidad que exige consulta previa. En Mocoa, donde la lista es larga, Corpoamazonía declaró una zona de interés ambiental que toca el área del proyecto y que un juez suspendió mientras se hace la consulta, el Concejo discute un plan de ordenamiento que restringiría la minería y que la empresa ha dado a entender que demandaría, y una parte de la población se ha movilizado contra la mina por miedo a quedarse sin agua. En el mismo municipio el gobierno alista fumigaciones aéreas a pesar de un fallo de tutela (La Silla Vacía, 2026b). No tengo pruebas de que la política antidrogas y el proyecto minero estén coordinados, pero sí sé que coinciden en el mismo lugar y en los mismos meses.
Empecé describiendo el aseguramiento como una relación entre una potencia y un territorio, y Mocoa me obliga a corregir esa imagen, porque entre una y otro hay gente. En las zonas de interés minero actúan insurgencias con proyecto político, disidencias muy distintas entre sí y estructuras de origen paramilitar ligadas al despojo de tierras, y aunque varias participen en economías de guerra, reunirlas a todas bajo la etiqueta del crimen organizado es la manera de declarar amenaza al territorio entero. Allí viven, además, comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que llevan décadas organizadas en defensa del agua y de la tierra, y el aseguramiento necesita controlar la capacidad que tienen de decidir sobre el uso del suelo.
Bernardo Mançano Fernandes ha insistido en que el territorio es un todo en disputa, producido por relaciones de clase, y Carlos Walter Porto-Gonçalves habló de r-existencia para nombrar el modo en que los pueblos, al defender su territorio, defienden también una forma de existir. El aseguramiento intenta neutralizar esa subjetividad clasificándola como riesgo, tratándola como enemigo interno o invitándola a negociar compensaciones, y la misma lógica alcanza la vida organizada de las ciudades, como señalé a propósito de las universidades en el artículo anterior de esta serie. Cada uno de esos intentos, sin embargo, empuja a quienes habitan el territorio a constituirse como sujeto político, un resultado que no está garantizado y que depende de la organización y de lo aprendido en años de conflicto.
La Constitución sigue diciendo que el subsuelo es del Estado. Las capacidades que darían contenido a esa propiedad, como conocer los yacimientos, decidir qué se extrae y qué se protege, procesarlo, elegir compradores y consultar a quienes viven encima, se trasladan entretanto a otros, y la soberanía queda en el papel mientras las decisiones cambian de manos. Me quedan pendientes la relación del concepto con la deuda externa y con el control de los datos, y su alcance en los otros países que firmaron acuerdos parecidos. Por ahora me basta con señalar que, si esas decisiones pueden recuperarse, la tarea empezará en territorios como Mocoa, donde un concejo municipal discute hoy el uso de una montaña con una empresa que cotiza en Canadá.
Fuente: Rebeliòn
https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/10/30/colombia-acumulacion-por-aseguramiento/
