Según la nueva ley israelí sobre la pena de muerte, los niños palestinos, al igual que los adultos, podrían enfrentarse a la horca. Puede que esto sorprenda a algunos o incluso que lo consideren una exageración. Lamentablemente, no es ninguna de las dos cosas.
La ley de pena de muerte, aprobada por la Knéset israelí el 30 de marzo, impone la pena capital a los palestinos condenados por perpetrar ataques mortales. Esta legislación, a menudo denominada «Ley de Pena de Muerte para Terroristas», exige que las ejecuciones se lleven a cabo con rapidez, en un plazo de 90 días, y limita drásticamente las vías de apelación o conmutación, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Resuelve así una antigua demanda política de la ultraderecha israelí: formalizar la pena de muerte como herramienta de control sobre los palestinos. Como ha argumentado repetidamente el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, quienes son acusados de tales actos «merecen la muerte», presentando la ley no como una excepción, sino como una política necesaria.
Si bien la ley no menciona explícitamente a los niños, tampoco los excluye. Conociendo el trato que Israel da a los niños palestinos y su clasificación legal, esta distinción no es menor, sino decisiva.
Bajo el sistema judicial militar israelí, niños palestinos de tan solo 12 años son procesados. En la práctica, a menudo se les trata como adultos dentro de un sistema que ofrece escasas garantías y opera con una tasa de condenas extremadamente alta.
Defensa Internacional de los Niños-Palestina detallaba en su informe de 2023, «Arbitrario por defecto», que el sistema de detención militar israelí somete a los menores palestinos a malos tratos «sistemáticos, institucionalizados y generalizados».
Informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos describen patrones constantes de abuso, incluyendo arrestos nocturnos, violencia física, amenazas y presión psicológica.
Muchos niños, señalan estas organizaciones, son interrogados sin las garantías legales adecuadas, en condiciones que facilitan la coacción y la obtención de confesiones.
Según el derecho internacional, los niños son personas protegidas, con derecho a garantías especiales en virtud del IV Convenio de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíben los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Sin embargo, no sucede así en Israel, un Estado que sistemáticamente ha tratado el derecho internacional no como ley vinculante, sino como un obstáculo para sus objetivos políticos y militares.
Israel no suele considerar a los niños palestinos como civiles, sino como amenazas potenciales. Esta percepción representa un profundo ataque a la humanidad y a los derechos fundamentales, que va incluso más allá del cínico lenguaje de «daños colaterales», al privar preventivamente a los niños de su condición de civiles.
Responsables gubernamentales israelíes han dejado muy claras estas posturas.
En 2015, la exministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked, compartió y respaldó un texto que declaraba que «todo el pueblo palestino es enemigo», incluidos sus niños, y que las madres palestinas no deberían dar a luz a «pequeñas serpientes». Su declaración no era una excepción, sino el reflejo de un discurso político en el que la deshumanización se normaliza.
Esto también se ha desestimado a menudo como el racismo habitual en la política israelí. No lo es.
Desde el 7 de octubre de 2023 la cifra de niños y niñas de Gaza asesinados ha sido estremecedora: al menos 21.289 entre los más de 71.800 palestinos asesinados, y más de 44.500 heridos, según la actualización de UNICEF de febrero de 2026.
En Cisjordania, territorio ocupado, la situación se repite: cada vez son más los niños y niñas palestinos que mueren durante las incursiones militares israelíes y la violencia de los colonos.
Teniendo en cuenta todo esto, no debería sorprender que la ley de pena de muerte no exima a los niños y niñas del terrible destino que prevé para los palestinos que resisten la ocupación israelí.
Cabe aclarar que la ley de pena de muerte no busca ni castigar ni disuadir. Israel no necesita una ley para matar palestinos, ya sean aquellos que participan en la resistencia armada o, como ha ocurrido con frecuencia, civiles sin participación alguna en las hostilidades.
Durante décadas Israel ha llevado a cabo asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y operaciones militares a gran escala que han provocado la muerte de miles de palestinos.
El asesinato de palestinos en las prisiones israelíes ya no es un hecho aislado, sino documentado. Desde octubre de 2023, al menos 98 detenidos han muerto bajo custodia, muchos de ellos en condiciones vinculadas a tortura, abusos y negligencia médica, según Médicos por los Derechos Humanos-Israel.
Por lo tanto, la ley trata de algo más: la proyección de poder.
No difiere fundamentalmente de la brutalidad performativa asociada con figuras como Ben-Gvir, cuya retórica y conducta hacia los prisioneros palestinos han enfatizado la dominación, la humillación y el control. Pero dentro de esta proyección de poder se esconde una consecuencia letal: muchas personas corren el riesgo de morir, incluidos los niños.
Si bien algunas voces en la comunidad internacional se han manifestado en contra de la ley, estas reacciones han sido limitadas y efímeras, rápidamente eclipsadas por otros acontecimientos.
Sin una presión constante, Israel no tiene razón para abstenerse de llevar a cabo ejecuciones, decisiones que serán tomadas por tribunales militares que carecen incluso de los estándares más básicos de imparcialidad y respeto al derecho internacional.
Una vez que esto también se normalice, el umbral volverá a cambiar. Y los niños inevitablemente se verán involucrados.
Israel ya ha normalizado prácticas que antes se consideraban impensables. Si ahora normaliza la ejecución de niños, cruzará un umbral que ni siquiera muchos regímenes coloniales transgredieron abiertamente.
Debe haber un límite, porque su implantación no solo devastará a los palestinos, sino que tendrá repercusiones mucho más allá, al erosionar las protecciones más básicas de la vida humana.
Ramzy Baroud es periodista y director de The Palestine Chronicle. Es autor de seis libros, entre ellos Our Vision for Liberation, My Father was a Freedom Fighter y ‘The Last Earth, siendo el más reciente Before The Flood. El Dr. Baroud es también investigador senior no residente en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales (CIGA) de la Universidad Zaim de Estambul (IZU). Su sitio web es http://www.ramzybaroud.net.
Texto en inglés: The Palestine Chronicle, traducido por Sinfo Fernández.
Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2026/04/10/la-ley-de-la-horca-israel-avanza-hacia-la-ejecucion-de-ninos-palestinos/
https://rebelion.org/la-ley-de-la-horca-israel-avanza-hacia-la-ejecucion-de-ninos-palestinos/
