Nunca en la historia de la posguerra alemana se había visto una operación de ingeniería fiscal y social tan descaradamente hipócrita. Mientras Friedrich Merz, anuncia un drástico tijeretazo de casi 40.000 millones de euros al Estado del Bienestar, el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges no cotizantes y pensiones reducidas a una mera «cobertura básica», su Gobierno ha aprobado simultáneamente una reforma constitucional que permite endeudarse sin límites para financiar el rearme, eliminando de un plumazo cualquier restricción al déficit público cuando se trata de armamento.
La máxima es sencilla y brutal: austeridad para las mayorías, deuda ilimitada para las minorías armamentísticas. Y en el centro de esta operación, un mismo nombre —BlackRock— aparece tanto en el pasado laboral del canciller como en la lista de accionistas institucionales de prácticamente todas las empresas del DAX (índice bursátil alemán) y, de manera especialmente significativa, de los principales contratistas de defensa alemanes, con una participación del 7,19 % en Rheinmetall AG.
El presupuesto alemán para 2026, aprobado por el Bundestag el pasado noviembre, asciende a unos 524.000 millones de euros en gasto ordinario, a los que hay que sumar los fondos especiales extrapresupuestarios. El resultado es un endeudamiento total que roza los 180.000 millones de euros, la segunda cifra más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Alemania ha logrado eliminar el límite de gasto en defensa mediante una modificación constitucional de marzo de 2025. El artículo 109 de la Ley Fundamental incorporó una excepción. Todo gasto en defensa y seguridad que supere el 1% del PIB queda automáticamente exento del freno de deuda. En términos prácticos, eso significa que, a partir de un umbral de unos 45.000 millones de euros anuales (el 1% del PIB alemán), el Estado puede endeudarse sin límite para financiar rearme, protección civil, inteligencia, ciberseguridad y ayuda a países atacados como Ucrania, diluyendo la llamada disciplina fiscal que a otros países se les ha exigido durante décadas, con deuda no presupuestada.
Complementariamente, el gobierno creó un fondo especial para infraestructuras de 500.000 millones de euros. Este patrimonio extrapresupuestario no está sujeto al freno de deuda y se financia íntegramente con crédito, con la condición de que el dinero se gaste en 12 años. Al mismo tiempo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE activaron para Alemania la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite superar el límite de déficit del 3% durante cuatro años siempre que el exceso se deba al aumento del gasto en defensa.
El Tratado de Maastricht de 1992 estableció dos criterios básicos para la pertenencia al euro: déficit público menor al 3% del PIB y deuda pública menor al 60% del PIB. Alemania fue durante años el «alumno ejemplar», pero la realidad actual es muy distinta. Según Euractiv, 11 de los 27 Estados miembros superan actualmente el límite del 3% de déficit y 13 sobrepasan el 60% de deuda. La propia Alemania, una vez contabilizados los fondos fuera de balance, alcanzó un déficit real del 3,2% del PIB en 2025, superando el umbral de Maastrich.
BlackRock será uno de los que capture los fondos de la política fiscal y de endeudamiento alemán. El fondo también ha lanzado recientemente el ETF iShares Europe Defence UCITS, un producto financiero que capitaliza directamente el incremento del gasto militar europeo. De esta manera, la misma entidad, BlackRock, que asesora y dirige las políticas de deuda pública (a través de su expresidente, ahora canciller) se beneficia doblemente. Por un lado, de los contratos de rearme que el propio gobierno impulsa; por otro, de la deuda pública emitida para financiarlos, en la que BlackRock también es un actor destacado en los mercados de bonos.
La ironía es doblemente cruel. Durante años, Alemania aleccionó a los países del sur de Europa, Grecia en especial, sobre los peligros del déficit y la necesidad de la ortodoxia fiscal. Ahora que le toca a Berlín, no solo suspende sus propias reglas, sino que lo hace para un fin —el rearme— que en el pasado ha terminado siempre en catástrofe.
La narrativa oficial para justificar este giro copernicano es la «amenaza rusa». Según los propagandistas del gobierno, Alemania necesita gastar hasta el 3,5 % de su PIB en defensa porque Estados Unidos ya no garantiza su protección. Pero hay dos problemas fundamentales con este relato.
El primero es que la principal amenaza para la economía alemana en los últimos años no ha sido Rusia, sino la destrucción del gasoducto Nord Stream el 26 de septiembre de 2022. Tres años después del sabotaje, las consecuencias siguen siendo devastadoras. Pérdidas económicas estimadas en más de 160.000 millones de euros, precios del gas un 84 % más altos que antes de la guerra, dos años consecutivos de contracción del PIB (‑0,3 % en 2023 y ‑0,2 % en 2024) y un crecimiento de apenas el 0,2 % para 2025. El fin del gas ruso barato ha hundido la competitividad de los sectores de uso intensivo de energía y ha provocado una deslocalización industrial silenciosa pero masiva.
El segundo problema es que mientras el gobierno alemán predica la necesidad de «contención del déficit» para justificar recortes sociales, la propia Unión Europea ha activado para Alemania la «cláusula nacional de escape», que permite superar el límite del 3 % de déficit del Tratado de Maastricht durante cuatro años si el exceso se debe a gasto en defensa. Es decir: Alemania no necesita recortar el Estado del Bienestar para cumplir las reglas europeas; elige hacerlo. Porque el verdadero objetivo no es la sostenibilidad fiscal, sino la transferencia masiva de recursos públicos hacia la industria armamentística, de la que BlackRock es uno de los principales accionistas.
Mientras Merz recorta prestaciones sociales y multiplica la deuda para financiar el rearme, las grandes corporaciones alemanas que sustentan el índice DAX están abandonando el país de manera acelerada. La hipocresía de las élites empresariales alemanas alcanza cotas insospechadas: piden más gasto público en defensa (donde están invertidas) y simultáneamente deslocalizan su producción a China y Estados Unidos, donde los costes energéticos y laborales son más competitivos.
En China, Volkswagen opera más de 30 plantas y construye su mayor centro de I+D fuera de Alemania en Hefei; la química BASF ha invertido 87.000 millones de euros en su mega-complejo de Zhanjiang (18 plantas integradas), su tercera mayor base de producción global; BMW y Mercedes cuentan con dos plantas cada una, y el número de empresas alemanas en China supera ya las 8.200. China se ha convertido de nuevo, en 2025, en el mayor socio comercial de Alemania. En Estados Unidos Rheinmetall, el principal beneficiario del rearme alemán, opera 6 plantas en territorio estadounidense, mientras recibe miles de millones en contratos públicos alemanes. BMW, Mercedes, Volkswagen y BASF han realizado expansiones multimillonarias en EE.UU., atraídas por los bajos precios energéticos (gracias al fracking) y los incentivos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.
El mensaje es inequívoco, las élites empresariales apoyan el rearme alemán siempre que éste no afecte a su cuenta de resultados. Mientras el gobierno alemán inyecta centenares de miles de millones en defensa e infraestructuras, las empresas del DAX invierten esos mismos recursos en otros países. El patriotismo de las élites es, como siempre, simple cuando hablamos de armamento (donde los beneficios son seguros), inexistente cuando hablamos de mantener empleos y tejido industrial en Alemania.
BlackRock y Merz tienen una relación incómodamente estrecha. El canciller fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania entre 2016 y 2020. No era un gestor de activos cualquiera, era la cabeza visible en Alemania del mayor fondo de inversión del mundo, con más de 10 billones de dólares bajo gestión directa y presencia en prácticamente todas las grandes empresas del planeta.
El conflicto de intereses es flagrante. BlackRock es accionista institucional de todas las principales empresas de defensa europeas y estadounidenses: en Rheinmetall (7,19 %), Airbus (alrededor del 5 %), Leonardo (3 %), Thales (más del 1 %), BAE Systems, y también de sus competidoras estadounidenses Lockheed Martin (4,9 %), Boeing (3,9 %), Raytheon (4,8 %) y Northrop Grumman (4,2 %). La misma entidad que financió el ascenso político de Merz y de la que él fue su máximo representante en Alemania es ahora la principal beneficiaria del rearme que él mismo impulsa desde la Cancillería.
No se trata de una conspiración, sino de la constatación de un hecho: Alemania está transfiriendo decenas de miles de millones de euros de deuda pública a manos de los accionistas de la industria armamentística, encabezados por BlackRock. Los recortes sociales no son un accidente; son la otra cara de la misma moneda. El déficit público no se reduce; simplemente se reorienta, hacia el armamento en lugar de hacia la sanidad, las pensiones o la educación.
Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es obligado recordar la reunión secreta del 20 de febrero de 1933 en la residencia oficial del presidente del Reichstag, Hermann Göring. Allí, Adolf Hitler, recién nombrado canciller, se reunió con entre 20 y 25 de los principales industriales y banqueros alemanes: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach (Krupp), Fritz von Opel (Opel), Günther Quandt (que luego sería nombrado líder de la economía de armamento), representantes de Siemens, IG Farben, Allianz, BASF, Telefunken, Agfa, Bayer y Deutsche Bank.
El orden del día era sencillo, recaudar tres millones de Reichsmarks para financiar la campaña electoral nazi de marzo de 1933, cuyo objetivo era alcanzar la mayoría de dos tercios para aprobar la Ley de Habilitación que concedería a Hitler poderes dictatoriales. Según las actas, se recaudaron 2.071.000 Reichsmarks en la propia reunión, y Goebbels afirmó haber obtenido los tres millones completos.
El historiador y escritor francés Éric Vuillard, en su libro El orden del día, narra con extraordinaria precisión el desarrollo de aquella reunión. Los industriales escucharon a Hitler y Göring explicarles que el comunismo era la amenaza inminente, que la democracia parlamentaria no podía hacer frente a esa amenaza y que se necesitaba un «golpe de autoridad». A cambio de su financiación, los industriales obtendrían la destrucción de los sindicatos, la prohibición del Partido Comunista, la eliminación de cualquier restricción al rearme y la garantía de que el nuevo régimen serviría fielmente a los intereses del gran capital.
La historia posterior es conocida: el rearme masivo alemán condujo a la Segunda Guerra Mundial y a la muerte de decenas de millones de personas. Los mismos industriales que financiaron a Hitler, tras la guerra, recuperaron su lugar en la élite económica alemana como si nada hubiera ocurrido.
Hoy, el paralelismo es escalofriantemente evidente. Friedrich Merz, expresidente de BlackRock Alemania. Como en 1933, la élite industrial y financiera alemana apoya esta política porque se beneficia directamente de ella. BlackRock, el mayor accionista de Rheinmetall y de casi todas las empresas del DAX, no tiene ningún incentivo para detener un proceso que multiplica el valor de sus inversiones.
La diferencia es que hoy la retórica es distinta. Entonces hablaban de «comunismo», ahora hablan de «amenaza rusa». Pero el mecanismo es idéntico: crear un enemigo externo, movilizar el aparato del Estado en favor de la industria armamentística, financiar todo ello con deuda pública y cargar el coste sobre las espaldas de los ciudadanos mediante recortes en el Estado del Bienestar.
Friedrich Merz no solo fue presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania; sigue manteniendo estrechos vínculos con la élite financiera que ahora se beneficia de sus decisiones de gobierno. La oposición en el Bundestag ya ha denunciado abiertamente el conflicto de intereses, calificando a Merz de «conflicto de intereses andante» y advirtiendo que «nosotros tenemos que pagar todo esto, y encima soportar que este individuo nos recorte todas las prestaciones estatales».
El problema no es solo ético, sino estructural. La concentración de la propiedad del DAX en manos de unos pocos fondos estadounidenses (BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group) ha convertido el capitalismo alemán en una plutocracia transnacional, donde las decisiones que afectan a millones de ciudadanos se toman en función de los intereses de unos pocos accionistas institucionales.
Alemania está cometiendo el mismo error en el que incurrió tres veces en el último siglo y medio. Cada rearme alemán —desde la guerra franco-prusiana de 1870, pasando por la carrera armamentística previa a la Primera Guerra Mundial en 1914, hasta el rearme nazi de 1933— ha terminado en catástrofe. La historia debería habernos enseñado que la ecuación «austeridad para la población + deuda ilimitada para armamento = desastre» no admite excepciones.
Pero las élites no aprenden. No aprenden porque no les interesa aprender. A BlackRock y a la industria armamentística alemana les importa muy poco si dentro de diez o veinte años Europa está en guerra. Les importa el beneficio inmediato que obtienen de los miles de millones de euros que el gobierno alemán está inyectando en el sector de la defensa.
Mientras tanto, los ciudadanos alemanes soportan una inflación persistente, unos precios energéticos que no dejan de subir, un sistema sanitario que se desmantela, unas pensiones que se reducen a «cobertura básica» y unos salarios que no crecen al ritmo de los precios. Todo ello para financiar un rearme que, si la historia sirve de algo, acabará mal.
El grito de la oposición de izquierdas en el Bundestag resuena con una claridad que el gobierno de Merz se niega a escuchar: «La factura del nuevo ciclo militar empieza a trasladarse al bolsillo de los hogares». Mientras tanto, BlackRock sonríe y se frota las manos.
Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/05/03/alemania-del-escudo-social-al-escudo-militar/
https://rebelion.org/alemania-del-escudo-social-al-escudo-militar/
