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El banquero británico Simon Andriesz (dcha.) y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.
Publicada: miércoles, 7 de octubre de 2026 10:18
El banquero británico, revelador de presuntos nexos entre Epstein y un funcionario de Trump, fue hallado muerto tras denunciar irregularidades y posibles represalias.
El banquero británico Simon Andriesz de 57 años, se habría quitado la vida el 23 septiembre, quien había revelado presuntos nexos comerciales entre el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue encontrado muerto el mes pasado.
Andriesz, exdirector general de la empresa de corretaje BGC Group, donde Lutnick fue director ejecutivo, denunció durante años presuntas irregularidades contables y señaló supuestos vínculos comerciales no declarados entre el actual funcionario estadounidense y Epstein.
Lutnick ha negado tener una relación con Epstein y ha condenado sus crímenes, aunque admitió haber visitado su isla privada en 2012, durante unas vacaciones familiares.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido lanzó una revisión tras su muerte. El regulador había informado erróneamente a Andriesz de que no tenía derecho a protección como denunciante debido a que su identidad ya se había hecho pública, por lo que posteriormente se disculpó por el error.
“Las consecuencias personales de haber denunciado las irregularidades, y las represalias que siguieron, han sido devastadoras para mi familia y para mí”, escribió Andriesz en su cuenta de X el 9 de agosto.
La relación de Epstein con figuras del entorno política de Estados Unidos también ha generado escrutinios sobre el presidente Donald Trump, quien mantuvo una relación social con el financiero durante los años 1990 y principios de los 2000.
Epstein se refirió repetidamente a sí mismo como el “amigo más cercano de Trump durante 10 años”, lo que resalta la profundidad de su conexión.
Los registros también revelan que Trump voló en el jet privado de Epstein al menos siete veces durante la década de 1990, y según documentos del Departamento de Justicia publicados en diciembre, es posible que haya pasado horas solo con una de las víctimas de Epstein en la residencia del criminal.
Por su parte, Trump negó cualquier relación con el financista, escribiendo en sus redes que “nunca estuve en el avión de Epstein ni en su ‘estúpida’ isla”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas de archivos vinculados a su larga investigación sobre Epstein, revelando la participación de poderosas figuras políticas y empresariales, entre ellas el presidente Trump, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro israelí, Ehud Barak.
Los documentos revelaron una red de conexiones que abarcaba desde correos electrónicos fugaces hasta extensas interacciones sociales con el financiero estadounidense fallecido.
Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019 y recluido en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York. Murió ahorcado en agosto de 2019, a pesar de estar bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras un presunto intento anterior en julio, lo que plantea preguntas persistentes sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
Bloquean 1.800 institutos en una nueva jornada de protestas definida de «alto riesgo» por el Gobierno
La manifestación de apoyo a los estudiantes que convocó a más de 100.000 personas en París este martes acabó con duros enfrentamientos con la Policía a la altura de la Plaza de la Nación. Los incidentes violentos en otras ciudades como Estrasburgo, Lyon o Rennes provocaron la intervención a última hora del día del presidente Emmanuel Macron, que convocó urgentemente a los ministros para evaluar la crítica situación.
La marcha en París, que arrancó a los dos de la tarde de la emblemática Plaza de la República bajo la consigna «La represión no parará nuestra revuelta», discurrió durante más de dos horas sin apenas incidentes. En el tramo final, un grupo de 300 «individuos hostiles» -según la Policía- empezó a destruir el mobiliario urbano y a lanzar piedras contra las fuerzas antidisturbios que blindaron desde horas antes la plaza en previsión de disturbios.
La Policía intentó dispersar a la multitud con gases lacrimógenos, con escenas como las que llevan ocurriendo a diario desde que empezaron las protestas estudiantiles que se han cobrado más de 500 heridos y 6.000 detenidos. Los voluntarios de seguridad de la Confederación General de Trabajadores (CGT), que convocaba la marcha, intentaron mediar con las fuerzas de seguridad para evitar males mayores, mientras miles de manifestantes se dispersaron por las plazas y parques cercanos para poder culminar pacíficamente la protesta.
Unos 450.000 manifestantes participaron en las marchas celebradas en todo el país, según los organizadores. El Sindicato de Estudiantes de Liceos pidió intensificar al mismo tiempo durante la jornada los bloqueos que se produjeron en 1.800 centros escolares. «¡Casead a los violadores, no a los estudiantes!», fue otra de las consignas más visibles durante el día, escritas por los estudiantes en cientos de trozos de cartón, ante la vigilancia permanente de la Policía antidisturbios en varios puntos del recorrido.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado durante las protestas alertando del «recurso desproporcionado a la fuerza» de la Policía e instando a las instituciones políticas a entablar un diálogo con los estudiantes.
«Es algo increíble esto que está pasando, el más poderoso movimiento juvenil de los últimos 50 años», proclamó por su parte el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, en el arranque de la manifestación. «Que nadie os diga que estáis equivocados porque tenéis razón».
Arline Fourier y su madre, Edith, acudieron juntas a la manifestación desde las puertas del cercano instituto Victor Hugo. «En vez de encerrar en casa a mi hija como recomienda el Gobierno, he decidido salir a la calle a apoyar sus reivindicaciones y a protegerla de la Policía», advirtió Edith, con un cartel colgado al cuello donde podía leerse «Padres Presentes».
«Nuestros padres están con nosotros en esta lucha contra el deterioro de la educación pública y también los profesores», declaraba a su lado Arline. «Al fin y al cabo, lo único que hemos hecho ha sido recoger la antorcha«.
En la marcha, identificados con carteles donde se leía «Profs» (Profesores), hubo también decenas de docentes como François Girard, acudió a la marcha de París en solidaridad con los alumnos del Liceo Condorcet. «Los chavales tienen razón en la mayoría de sus demandas. Desviamos millones para la fabricación de armamentos mientras les negamos el futuro y permitimos que las escuelas estén en estado ruinoso. El genio de los estudiantes ha salido de la botella y el Gobierno no va a tener más remedio que escucharles«.
A la misma hora de la marcha compareció en la Asamblea Nacional el primer ministro Sébastien Lecornu, quien se negó a aceptar el término «violencia policial» y recalcó que 715 agentes habían sufrido heridas de diversa consideración frente a 215 estudiantes durante las protestas.
«La trivialización de la violencia es inaceptable», declaró Lecornu. «Quemar un instituto no va a servir para mejorar el estado de los edificios, y linchar a profesores tampoco va a servir para cubrir las vacantes». El primer ministro anunció de paso la suspensión de las clases en los institutos durante esta semana, en espera de un acercamiento de posturas entre el Ministerio de Educación y los sindicatos.
Francia registra 500 estudiantes heridos en protestas contra recortes del Gobierno
La Inspección General de la Policía Nacional mantiene abiertas al menos diez investigaciones para evaluar el proceder de los agentes antidisturbios.
Las jornadas de reclamo han derivado en bloqueos de planteles, incendios, daños materiales y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. Foto: EFE.
Un total de 500estudiantes han resultado lesionados durante las intensas jornadas de protesta que sacuden a Francia, impulsadas por jóvenes de secundaria que exigen frenar el deterioro del sistema educativo y los recortes presupuestarios del Gobierno de Emmanuel Macron.
El caso de mayor gravedad reportado hasta la fecha ocurrió el lunes 5 de octubre en la localidad de Lens, en la región de Pas-de-Calais, donde un adolescente de 15 años sufrió la amputación de una mano debido a la detonación de una granada policial. El suceso tuvo lugar cerca de las 11:00 hora local durante una concentración a las afueras del instituto profesional Auguste Béhal. El menor fue trasladado rápidamente a un centro de salud en Lille, donde se confirmó que su vida se encuentra fuera de peligro.
El fiscal de Béthune calificó el hecho de «muy grave» y explicó que, durante la mañana del lunes, de 200 a 250 estudiantes se concentraron frente al instituto y lanzaron objetos contra la policía, entre ellos piedras, fuegos artificiales y morteros.
La Inspección General de la Policía Nacional mantiene abiertas al menos diez investigaciones para evaluar el proceder de los agentes antidisturbios, ya que testigos presenciales aseguraron que el uso de la fuerza respondió en ocasiones al lanzamiento de morteros caseros, una versión que combina con los intentos gubernamentales por criminalizar las protestas.
Por su parte, el Ejecutivo francés argumenta, mintiendo, como siempre, que la inmensa mayoría de las lesiones en el bando estudiantil se originaron por accidentes o agresiones de individuos externos. E
Las protestas, originadas a mediados de septiembre en la región parisina y expandidas por todo el territorio nacional, mantienen a más de 400 liceos con bloqueos parciales o totales y coinciden además con el descontento laboral de los trabajadores del sector público. Las movilizaciones tienen entre sus demandas la incorporación de más profesores sustitutos, el perfeccionamiento de las condiciones de enseñanza y la mejora de las instalaciones escolares.
No obstante, las jornadas de reclamo han derivado en bloqueos de planteles, incendios, daños materiales y enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. De acuerdo con el balance oficial de las autoridades, desde el comienzo de las manifestaciones se registran 24 centros educativos incendiados o con afectaciones, además de 78 trabajadores del sector educativo lesionados.
Las tensiones en las calles también han dejado también un saldo de 715 policías y gendarmes heridos, así como más de 6.000 arrestos desde finales de septiembre. De acuerdo con el balance judicial, más de 5.000 manifestantes continúan bajo custodia policial, siendo el 87 por ciento de ellos menores de edad, mientras que catorce jóvenes ya se encuentran en prisión preventiva con cargos en su contra.
Por espanol.almayadeen.net, Resumen Latinoamericano, 6 de octubre de 2026
Las autoridades de ocupación israelíes, con la participación del ministro extremista de «Seguridad Nacional» Itamar Ben Gvir, demolieron un edificio residencial de cinco plantas y 10 apartamentos en la localidad de Al-Tur, en la Jerusalén ocupada.
Ben Gvir condujo una de las excavadoras y participó directamente en la destrucción del inmueble palestino.
Para la incursión, ejecutada este martes, se desplegaron varios vehículos militares que acordonaron las inmediaciones de la estructura.
Fuentes locales informaron que la ocupación entregó la notificación final de demolición este lunes, tras años de persecución administrativa, imposición de fuertes multas y la negativa sistemática a otorgar permisos de construcción, a pesar de los continuos trámites de los propietarios.
La medida se inserta en un plan sistemático de desplazamiento forzado y demolición masiva con el pretexto de la falta de licencias.
Durante el tercer trimestre de 2026, las autoridades de ocupación ejecutaron cerca de 139 operaciones de demolición y arrasamiento con excavadoras en la Gobernación de Jerusalén entre julio y septiembre, además de emitir 150 notificaciones de evacuación, incautación y derribo.
Jerusalén denuncia intento de alteración demográfica
La Gobernación de Jerusalén calificó la destrucción del inmueble en Al-Tur como una peligrosa escalada destinada a alterar la realidad demográfica de la ciudad.
De acuerdo con la entidad, la excusa de la «falta de permisos» carece de validez legal debido al bloqueo intencional de planes urbanísticos para la población palestina, mientras se expanden los asentamientos coloniales.
Asimismo, la gobernación reiteró que la Jerusalén ocupada forma parte del territorio palestino y que todas las confiscaciones son nulas según el derecho internacional, al tiempo que exigió una intervención firme para obligar a «Israel» a frenar la agresión contra la presencia palestina.
La Defensoría determinó que esto no es un hecho aislado, sino el reflejo de un contexto territorial impactado por el conflicto y la pobreza.
La Defensoría del Pueblo destaca que estas conductas responden a un deterioro acumulado de las redes comunitarias, familiares y espirituales provocado por la exclusión y la violencia sistemática. Foto: EFE.
6 de octubre de 2026 Hora: 13:53
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo titulado«Buen futuro en el Pacífico» colombiano reveló una crisis de salud mental que afectó a la población joven entre los 5 y 28 años. Según las cifras presentadas por la entidad, un total de 122 niños, adolescentes y jóvenes perdieron la vida por suicidio entre los años 2021 y 2025 en esta región caracterizada por altos índices de pobreza y violencia.
Asimismo, el documento registró que 1.533 personas en el mismo rango de edad intentaron quitarse la vida durante ese período quinquenal. La investigación enfocó su análisis en tres subregiones del oeste y suroeste del país: el Pacífico nariñense encabezó las cifras con 51 suicidios y 655 intentos, seguido por el departamento del Chocó con 39 casos consumados y 453 intentos, y el Pacífico medio con 32 suicidios y 425 intentos.
La Defensoría determinó que este comportamiento no es un hecho aislado o individual, sino el reflejo de un contexto territorial impactado por el conflicto armado, el racismo estructural, la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia basada en género.
El estudio de la entidad puso de manifiesto que las afectaciones varían según la etnia y el género de las comunidades.En el caso de la población afrocolombiana, los intentos de suicidio impactaron principalmente a mujeres adolescentes y jóvenes, desencadenados mayoritariamente por conflictos de pareja, violencia intrafamiliar y abusos sexuales.
El reporte destaca que estas conductas responden a un deterioro acumulado de las redes comunitarias, familiares y espirituales provocado por la exclusión y la violencia sistemática.
Por su parte, la afectación enlas comunidades indígenas presentó un patrón diferente, situándose en su mayoría en hombres jóvenes y menores de edad, quienes representaron el 72 % de los intentos y el 73 % de los casos consumados en el Pacífico nariñense.
La Defensoría atribuyó esta situación a la presión y persecución por parte de grupos armados ilegales, el reclutamiento forzado de menores, el despojo de sus tierras y la pérdida de sus medios tradicionales de subsistencia, considerándolo como un reflejo del sufrimiento social acumulado.
Las causas del problema están ligadas a las precarias condiciones socioeconómicas de la zona, donde el Índice de Pobreza Multidimensional alcanza el 73,5 % en el Pacífico nariñense, el 66,6 % en Chocó y más del 65 % en el Pacífico medio.
Adicionalmente, el acceso a la educación superior en la región es de tan solo el 32 %, una cifra inferior a la media nacional del 46 %. La situación se agrava con la prevalencia de agresiones de género, donde el 91 % de las víctimas de presuntos delitos sexuales registradas fueron mujeres.
El organismo de control alertó sobre un vacío en los registros institucionales, dado que entre el 65 % y el 78 % de los informes forenses sobre suicidios en la región no especifican la causa o el motivo desencadenante, obstaculizando la creación de medidas preventivas efectivas.
Ante este panorama, la Defensoría concluyó que para revertir la crisis es imprescindible garantizar condiciones materiales, reales y simbólicas que permitan a las nuevas generaciones proyectar un futuro viable, condiciones que están lejos de cumplirse teniendo en cuenta la veneración fanática del ejecutivo colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella, por la violencia y el uso de la fuerza como medidas de contención y presión social ante la perpetuación del conflicto y los abusos.
El Ejecutivo reaprueba las medidas regulatorias rechazadas por la mayoría conservadora y apela a la ciudadanía ante la parálisis habitacional.
Las normativas aprobadas incorporan 21 medidas diseñadas para frenar la especulación, regular los alquileres y aumentar la oferta de inmuebles públicos tras ser estas bloqueadas por los sectores conservadores del parlamento. Foto: EFE.
6 de octubre de 2026 Hora: 10:58
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, informó sobre los acuerdos del Consejo de Ministros tras anunciar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a elecciones para el próximo 29 de noviembre.
La comparecencia oficial se centró en la reaprobación de los dos reales decretos leyes en materia de vivienda que habían decaído previamente en el Congreso, argumentando que las condiciones de emergencia habitacional y la presión de los costos sobre las familias trabajadoras exigen una intervención firme del Estado.
El Ejecutivo justificó la vía de la Diputación Permanente para sacar adelante estas normativas, señalando que la mayoría conservadora del Parlamento han dado la espalda a las demandas populares en una materia de extrema vulnerabilidad social.
Frente al bloqueo legislativo y la desregulación defendida por las fuerzas de oposición, la Jefatura de Estado sostuvo que la ciudadanía deberá dirimir el rumbo del país en las urnas, asegurando que el Gobierno mantendrá la protección contra los desahucios y la regulación del mercado hasta el último día del mandato.
Regulación del mercado, incentivos y contención especulativa
Las normativas aprobadas incorporan 21 medidas diseñadas para frenar la especulación, regular los alquileres y aumentar la oferta de inmuebles públicos.
Entre los mecanismos acordados destacan incentivos fiscales para pequeños propietarios que mantengan precios asequibles, reducciones impositivas para inquilinos y una línea de crédito de 10.000 millones de euros gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar hasta 50.000 euros sin intereses en la compra de primera vivienda.
Asimismo, se destinan 280 millones de euros en avales para la construcción industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social, sumado a la incorporación de activos inmobiliarios de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47.
Para frenar las maniobras del capital especulativo y los fondos de inversión,las medidas establecen la prórroga obligatoria de hasta dos años en los contratos de arrendatarios al día con sus pagos, la limitación a los alquileres de temporada o por habitaciones y la tributación fiscal de los pisos turísticos como actividades comerciales.
Disputa con el Parlamento y horizonte preelectoral
El pronunciamiento del Ejecutivo remarcó que si bien estas disposiciones de urgencia atienden necesidades inmediatas como la paralización de desahucios sin alternativa habitacional, la resolución estructural de la crisis requiere consolidar un parque público de viviendas a gran escala.
La Presidencia enfatizó la disyuntiva entre un modelo estatal orientado a la regulación de sectores estratégicos y la contención de los corporativismos financieros, frente a las posturas parlamentarias que impiden el freno a los abusos del mercado inmobiliario.
De cara a la cita electoral del 29 de noviembre, el Gabinete instó a las fuerzas políticas a no bloquear la convalidación de estos decretos en la Diputación Permanente.
La Jefatura de Gobierno situó la crisis del acceso al techo en el centro del debate político, conectando la disputa institucional con las demandas de las movilizaciones populares y reafirmando el compromiso de utilizar la potestad regulatoria para garantizar los derechos sociales de la mayoría trabajadora. El deterioro en el acceso a la vivienda se consolidó como el detonante del actual escenario de inestabilidad política en España.
Durante las últimas semanas, las movilizaciones populares contra el alza desmedida de los precios se propagaron por diversas localidades del país, teniendo como punto neurálgico la acampada establecida en la Puerta del Sol en Madrid. El descontento social se profundizó tras el desalojo forzoso de Maricarmen Abascal, una ciudadana de 87 años, suceso que desencadenó un amplio repudio ciudadano y masivas protestas.
