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El documento, que exige investigaciones exhaustivas sobre crímenes de guerra y la protección de la población civil, es impugnado por la junta militar gobernante.
Las agencias de las Naciones Unidas y de la Unión Africana (UA) han aunado esfuerzos para documentar y esclarecer las responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra en Sudán, como parte de la denominada Hoja de Ruta de Addis Abeba para 2026. Esto se produce a pesar de la escasa cooperación y las objeciones de la junta militar gobernante, que teme que las conclusiones de las investigaciones puedan socavar la legitimidad y el reconocimiento internacional que ha logrado hasta la fecha. El 87.º período ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se celebró en Gambia del 24 de abril al 12 de mayo. En él se adoptó la «Declaración de Banjul», un documento conjunto elaborado por la misión de investigación de la UA y la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Sudán. El documento exige, entre otras cosas, investigaciones exhaustivas sobre los crímenes de guerra y la protección de la población civil en Sudán.
Un documento —aclamado por organizaciones de derechos humanos como un «hito significativo» para vincular los esfuerzos regionales e internacionales en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos— fue, sin embargo, cuestionado y rechazado por la delegación sudanesa. Representantes del gobierno militar consideran que la Declaración carece de fundamento jurídico, argumentando que la falta de un mandato legal sitúa el trabajo conjunto de las dos misiones fuera del ámbito de la legitimidad internacional. La junta sudanesa se ha opuesto durante mucho tiempo al trabajo de campo de los funcionarios de la ONU y la UA. Reiterando las reservas de Sudán respecto a la Declaración de Banjul, el jefe de la delegación, el embajador en Etiopía, Zain Ibrahim, advirtió ayer a la misión de investigación de la UA que «no publicara ningún informe final antes de entrevistar a todas las partes involucradas», objetando que los investigadores se basaran en visitas a campos de refugiados en el extranjero y entrevistas virtuales, en lugar de misiones sobre el terreno. El equipo africano de investigadores ha publicado hasta el momento un único informe, que concluye que todas las partes en conflicto —el Ejército Sudanés (SAF), la milicia Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y sus respectivos aliados— han cometido abusos y crímenes generalizados contra la población civil. Además, la junta militar se ha negado sistemáticamente a cooperar con la misión de investigación de la ONU, establecida en octubre de 2023, seis meses después del inicio del conflicto, impidiendo la entrada al país a sus miembros.
Las investigaciones de ambos organismos abarcan crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por todos los actores, incluidos los Estados o entidades externas que facilitan o instigan dichas violaciones. Declaración de Banjul El documento aprobado en Gambia exige: el cese inmediato de los ataques contra la infraestructura civil, priorizando la protección de la población; el acceso humanitario sin trabas y la protección del personal humanitario; un alto el fuego duradero, respaldado por mecanismos de monitoreo eficaces y medidas de fomento de la confianza entre las partes; el retorno seguro de las personas desplazadas a sus países de origen y la restauración de su identidad cultural; el fin de la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura; la liberación de todas las personas detenidas ilegalmente o su inmediata remisión a las autoridades judiciales competentes.
La Declaración también describe medidas para prevenir la violencia sexual generalizada relacionada con el conflicto y garantizar que las sobrevivientes tengan acceso a atención médica y psicológica. Recordando que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han sido acusadas de genocidio contra la comunidad masalit en Darfur Occidental y de masacres a gran escala en Darfur Septentrional, la declaración también ordena a la milicia que ponga fin a la limpieza étnica contra las poblaciones indígenas de Darfur. El documento reconoce asimismo el papel de la sociedad civil sudanesa, los periodistas y los grupos juveniles en la documentación de violaciones en condiciones de riesgo extremo, e insta a todas las partes interesadas a apoyar la labor de la Corte Penal Internacional (CPI). Finalmente, propone la creación de un mecanismo de rendición de cuentas liderado por África para enjuiciar las violaciones graves, en coordinación con las instituciones judiciales internacionales.
Vecinxs denunciaron este sábado el asesinato de cuatro personas durante los enfrentamientos registrados en el puente Río Seco, uno de ellos identificado como una autoridad originaria de la provincia Ingavi. Jóvenes movilizados aseguraron que sus padres, quienes mantenían los puntos de bloqueo, fueron saqueados, agredidos y aprehendidos durante la int3rv3nción policial y militar. Quemaron sus ponchos y pertenencias. En medio de un ambiente de alta tensión, los manifestantes rechazaron la represión y exigieron la renuncia del presidente , mientras efectivos policiales permanecen desplegados a unos cien metros, en el sector final Los Andes, Avenida Juan Pablo II.
Por Giorgio Trucchi. Rebelión_Resumen Latinoamericano 17 de mayo 2026.
El refuerzo de la presencia militar estadounidense, entre bases aéreas y puestos avanzados marítimos, marca una nueva fase de injerencia política encubierta bajo la lucha transnacional contra el crimen organizado.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año pasado alcanzó la cifra récord de 2,88 billones de dólares, con un aumento del 2,9% y una incidencia del 2,5% sobre el PIB mundial. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor presupuesto militar (954.000 millones de dólares), seguido de China y Rusia. Juntos representan el 51% del gasto militar mundial, que en 2024 creció un 9%. Mientras tanto, el índice S&P Aerospace & Defense Select Industry ha crecido un 43% en el último año. Cinco de los seis primeros puestos entre las 100 empresas armamentísticas más importantes del mundo están ocupados por capital estadounidense, y las 40 empresas estadounidenses que forman parte de esta clasificación representan el 49% de las ventas globales, generando ingresos por valor de 334.000 millones de dólares.
En un contexto de gran expansión del gasto militar y de los beneficios vinculados a la producción y venta de armas, Estados Unidos ha intensificado sus esfuerzos por recuperar el control de lo que sigue considerando su «patio trasero», con una reedición trumpiana 2.0 de la Doctrina Monroe, ya rebautizada como Donroe. Iniciativas como el Escudo de las Américas, la militarización del Caribe, el endurecimiento del bloqueo y las amenazas de invasión contra Cuba, la incursión en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores, así como las amenazas y represalias contra aquellos gobiernos que reivindican el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la defensa de la soberanía, son un ejemplo de la estrategia puesta en marcha por Washington, con el apoyo de Israel y del ultraconservadurismo estadounidense y latinoamericano. También las maniobras para posicionar a Honduras y a su expresidente Juan Orlando Hernández como cabezas de puente del proyecto hegemónico estadounidense forman parte integrante de esa misma estrategia.
Frenar la expansión de China (tierras raras, minerales críticos, infraestructuras, tecnologías, extractivismo), garantizar los intereses del capital multinacional estadounidense e israelí, así como el control de los recursos estratégicos y los corredores logísticos, frenando al mismo tiempo los procesos de integración e independencia latinoamericana y el surgimiento de nuevos proyectos progresistas y de resistencia al modelo neoliberal extractivista, son los principales objetivos de la ofensiva estadounidense. Para ello no basta con el apoyo político y la sumisión de gobiernos vasallos y de oligarquías nacionales complacientes y cómplices, sino que es necesaria la remilitarización del continente, astutamente enmascarada como lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Un proyecto que sufrió una violenta aceleración durante el segundo mandato de Donald Trump y que se plasmó en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por Estados Unidos el año pasado.
Según el Centro Mexicano de Relaciones Internacionales (Cemeri), actualmente (2023) Estados Unidos mantiene en América Latina y el Caribe unas 76 entre bases de operaciones o bases principales (con instalaciones permanentes en extensiones territoriales superiores a 4 hectáreas y con al menos 200 militares), cuasi-bases o «lily-pad bases» (más pequeñas, de perfil bajo para operaciones específicas y reacción rápida) e instalaciones de seguridad o bases financiadas (propiedad de los países anfitriones y que sirven como centros de operaciones periódicas, almacenamiento de equipo militar y entrenamiento). Todas ellas bajo el control operativo y la vigilancia del Comando Sur (Southcom). A estas se suman las llamadas bases operativas no confirmadas, es decir, instalaciones que nunca se han declarado oficialmente y que ni siquiera aparecen en los registros oficiales del Departamento de Defensa, con presencia de militares estadounidenses y para las que no se han firmado acuerdos, ni convenios entre Estados. No es casualidad que sean las más extendidas y que escapen a los recuentos oficiales cuando se intenta trazar un mapa de la presencia militar estadounidense en América Latina.
Honduras, Guatemala, Belice y Panamá son los países con mayor número de bases, principalmente instalaciones de seguridad. Las dos bases principales en América Latina se encuentran en Honduras (Palmerola/Soto Cano) y en Cuba (Guantánamo), mientras que hay puestos avanzados estratégicos repartidos por toda la región, siendo de especial importancia los de El Salvador (Comalapa), Aruba, Curazao, Panamá y Perú. Colombia es el país con el mayor número de bases «no confirmadas».
Una situación que está llamada a evolucionar en los próximos años. De hecho, se han firmado acuerdos clave entre el Ecuador del ultraconservador Daniel Noboa y los Estados Unidos, que permiten la presencia temporal de personal, aeronaves y embarcaciones, así como la realización de operaciones militares y de inteligencia conjuntas. A pesar de la derrota en el referéndum del año pasado sobre la posibilidad de abrir bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano —la última base estadounidense (Manta) fue cerrada en 2009 por el presidente Rafael Correa—, Noboa ha intensificado la participación de Ecuador en operaciones militares coordinadas con cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la DEA (Drug Enforcement Administration) y el FBI (Federal Bureau of Investigation). La reciente participación en la operación «Exterminio Total», como parte de la nueva estrategia estadounidense de lucha contra el narcotráfico y los grupos terroristas, ha agudizado aún más las divergencias con la vecina Colombia y con el presidente progresista Gustavo Petro. La crisis entre ambos países inició meses antes, cuando Noboa decidió unilateralmente imponer un aumento sustancial de los aranceles a los productos colombianos, dando así inicio a una serie de represalias económicas y comerciales recíprocas, en una fase políticamente muy delicada y a pocas semanas de las elecciones generales en Colombia.
La estrecha colaboración entre Noboa y el Comando Sur se intensificó también en el mar, con la participación de Ecuador en la ofensiva naval contra embarcaciones pertenecientes a presuntos narcotraficantes, cuya identidad nunca se ha confirmado. A lo largo de 2026, Estados Unidos entregará 12 lanchas rápidas. Desde septiembre de 2025, los ataques contra embarcaciones acusadas de transportar droga han provocado la muerte de al menos 186 personas. Hasta ahora, Estados Unidos no ha podido demostrar la implicación de dichas embarcaciones y de su tripulación en actos delictivos. Los ataques mortales podrían clasificarse como ejecuciones sumarias.
Mientras tanto, en Perú, se ha autorizado la entrada de tropas y armamento estadounidense durante todo el año 2026, así como una financiación millonaria para reacondicionar la base militar de Callao. También la Argentina del turbocapitalista Javier Milei está dando sus propios pasos para garantizar la presencia militar de Washington. Tras el permiso de entrada concedido el año pasado a las tropas estadounidenses, sin consultar por cierto al Congreso, para participar en el ejercicio militar conjunto «Operación Tridente», el presidente argentino ha respondido este año autorizando la entrada de los portaaviones USS Nimitz y USS Gridley para llevar a cabo los ejercicios «Daga Atlántica» y «Passex».
Mientras tanto, el Chile del ultrarreaccionario pinochetista Juan Antonio Kast ha establecido una estrecha y activa alianza estratégica en materia de seguridad y defensa, centrada en el intercambio de inteligencia y el entrenamiento de las tropas. Lo mismo ha hecho Bolivia tras el giro a la derecha de Rodrigo Paz, firmando un protocolo de cooperación militar con Estados Unidos que incluye programas de entrenamiento e intercambio de información estratégica y de inteligencia. En cambio, en Paraguay ha suscitado una fuerte polémica la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA), que permite, siguiendo el modelo ecuatoriano, la entrada de tropas, equipos militares y aeronaves, concediendo al personal las mismas garantías de inmunidad y exenciones fiscales que se conceden al personal diplomático. Aunque se ha librado gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia que denegó la construcción de siete bases militares estadounidenses, Colombia mantiene, no obstante, una estrecha relación de cooperación militar y de presencia de personal estadounidense dentro de las instalaciones de las Fuerzas Armadas colombianas.
Aún más marcada es la escalada militar en Centroamérica y el Caribe. La firma el pasado mes de abril de un protocolo de entendimiento entre Estados Unidos y Panamá, por el que se habilita durante tres años la presencia de personal militar estadounidense y contratistas en territorio nacional panameño, especialmente en las zonas limítrofes con el canal, ha desatado la polémica interna. De hecho, el acuerdo firmado por el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Ábrego, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, prevé la presencia de tropas en varios emplazamientos, entre ellos la base aérea «Octavio Rodríguez Garrido» (antigua base Howard), las bases navales «Vasco Núñez de Balboa» (antigua base Rodman) y «Noel Rodríguez», y la base aeronaval «Cristóbal Colón» (antiguo Fuerte Sherman). Las operaciones de entrenamiento de tropas se están llevando a cabo en el interior de las inaccesibles selvas panameñas, recreando el entorno y las condiciones de un conflicto irregular y no convencional. Esto llevaría a suponer que se trata de un entrenamiento con vistas a futuros enfrentamientos armados en la región. El protocolo también menciona posibles ejercicios conjuntos y una «cooperación» no mejor especificada.
Aunque no se trate de una presencia permanente, la llegada de tropas a las antiguas bases estadounidenses abandonadas tras la devolución del canal a principios de siglo (Acuerdo Torrijos-Carter), junto con la militarización del Caribe, las amenazas de Trump contra el presidente Gustavo Petro y las declaraciones del tycoon y de Hegseth sobre la necesidad de que Estados Unidos «recupere el canal», lo sustraiga de la «influencia maligna china» y «ocupe zonas con nuestras tropas que ya no controlábamos», han despertado fuertes temores en la población panameña. De hecho, el recuerdo de la sangrienta invasión de 1989 y la muerte de miles de personas (fuente CODEHUCA), en su mayoría civiles, se transmite de generación en generación y alimenta un sentimiento natural de desconfianza y hostilidad hacia los gobiernos estadounidenses.
A cambio de «los servicios prestados», Estados Unidos recibirá además un trato preferencial en el pago de peajes para sus buques de guerra que atraviesen el canal. Según varios juristas, esta decisión violaría flagrantemente el Tratado de Neutralidad firmado entre ambas naciones. Para el jurista Julio Linares, el memorando de entendimiento presenta al menos dos aspectos de inconstitucionalidad. «Se trata de dos “vicios” de nulidad, que son el dolo mediante el engaño y la coacción mediante las amenazas (de Trump). Invito a los ciudadanos a presentar los recursos correspondientes para que este acuerdo sea declarado nulo». La activista medioambiental Camila Aybar recuerda que Panamá recuperó su soberanía hace poco más de 25 años y que lo que están haciendo los Estados Unidos es muy peligroso. «Es obvio que queremos mantener una buena relación con ellos, pero no puede ser a costa de nuestra soberanía y de la seguridad democrática, ni de nuestra libertad».
También en El Salvador y Guatemala la presencia militar estadounidense ha crecido en los últimos años. La estrategia ya no es crear bases permanentes, sino utilizar instalaciones ya existentes con fines militares. El presidente Nayib Bukele, férreo aliado de Trump, ha firmado acuerdos que permiten el uso durante 10 años del aeropuerto de Comalapa. Durante su gobierno se ha intensificado el envío de armas para el ejército y las fuerzas especiales y se ha multiplicado la presencia y el despegue de aviones de ataque y de reconocimiento estadounidenses. El pasado mes de abril, el territorio salvadoreño fue escenario de las maniobras militares multinacionales CENTAM Guardian, con la presencia de al menos un millar de militares de siete países, entre centroamericanos y caribeños. La misma lógica de uso de instalaciones de propiedad nacional, entrenamiento, envío de armamento, maniobras conjuntas y misiones de «apoyo táctico» la encontramos en Guatemala y Belice.
Particular es, en cambio, el caso de Honduras, donde la reciente publicación y difusión de 37 audios que involucran a políticos y funcionarios públicos ha revelado un plan estratégico del presidente Trump, en alianza con los lobbies israelíes, los gobiernos de Netanyahu y Milei y con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández como cabeza de puente, para recuperar el control de la región. Uno de los instrumentos será precisamente la construcción de una nueva base militar estadounidense en la isla caribeña de Roatán, que se sumaría a la de Palmerola/Soto Cano y a una serie de instalaciones de reacción rápida repartidas por el territorio hondureño.
Entre 2025 y 2026, en el marco de la escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y del asedio a Venezuela y Cuba, también Puerto Rico y la República Dominicana han experimentado un proceso de fuerte remilitarización. Se reactivaron antiguas bases militares puertorriqueñas, se concedió el uso temporal de bases aéreas y del aeropuerto nacional de Santo Domingo para la operación «Southern Spear» y se desplegaron en diversas zonas nada menos que diez mil soldados estadounidenses. En Costa Rica, por su parte, el gobierno ultraconservador de Rodrigo Cháves y el de su sucesora, Laura Fernández, han presentado la propuesta de construir tres bases militares estadounidenses. Por el momento no han logrado reunir los votos necesarios en el Parlamento. Mientras tanto, continúan los ejercicios y las operaciones de patrullaje conjuntas.
«Se trata de una estrategia de un imperio en decadencia, que cuenta con el apoyo de la derecha continental subordinada a sus intereses y que se enfrenta a la resistencia y la lucha de los pueblos, cada uno con características diferentes según el país», explica a Pagine Esteri, Giovani Del Prete, coordinador operativo de la secretaría continental de ALBA Movimientos. «La militarización conlleva represión y violencia contra la población organizada, contra los sectores más débiles y marginados. Y es una violencia ejercida por esos cuerpos represivos del Estado, muy a menudo equipados, entrenados y adoctrinados precisamente por personal estadounidense e israelí», explica el activista.
Según Del Prete, detrás del despliegue de fuerzas y de las políticas que violan el derecho internacional y cualquier lógica de convivencia y respeto a la soberanía nacional, se esconden motivos estrechamente vinculados a las enormes dificultades que atraviesan los Estados Unidos. «Deben contener su decadencia económica y política ligada a la vieja agenda ultraneoliberal y, por lo tanto, recurren a la militarización, la injerencia, las amenazas y las represalias para asegurarse recursos estratégicos para su desarrollo industrial, militar y tecnológico». En este sentido —continúa—, las tierras raras de Brasil, el petróleo de Venezuela, el litio de Bolivia, la posición geoestratégica de las naciones centro y sudamericanas, pero también el ataque visceral a todos aquellos gobiernos y movimientos que no se pliegan a sus intereses, son esenciales para mantener la hegemonía.
«El imperialismo, la militarización y la agenda neoliberal son caras de la misma moneda y, hoy más que nunca, es necesaria la resistencia y la lucha de los pueblos contra este monstruo. El Hondurasgate ha demostrado que no se trata de teorías conspirativas, sino de algo real con lo que debemos lidiar y contra lo que hay que luchar», concluye Del Prete
Resumen de Medio Oriente / QNN / 17 de mayo de 2026.
Colono israelí fue filmado maltratando a un perro palestino atado en Cisjordania.
El viernes, un colono israelí enmascarado fue grabado maltratando a una perra atada, propiedad de palestinos, en la aldea de Atara, en la Cisjordania ocupada. Lucy, la perra, sufrió heridas graves y posteriormente fue trasladada para recibir tratamiento.
Las imágenes mostraban al colono golpeando repetidamente al animal en la cabeza en el patio del dueño.
Lucy, una perra que la familia de su dueño había criado durante aproximadamente un año y medio, sufrió heridas graves y posteriormente fue llevada para recibir tratamiento.
Según el dueño, que habló con el diario israelí Haaretz y pidió anonimato por temor a represalias, la perra estaba atada para que hiciera guardia. «No estaba suelta, no lo atacó ni lo mordió».
«Atacó a un perro que estaba atado.»
El hombre añadió que presenció el incidente desde el interior de su casa porque, según dijo, en varios casos anteriores, los soldados israelíes habían dado instrucciones a los residentes de que, si querían documentar los ataques de los colonos israelíes, debían hacerlo desde sus hogares.
El propietario afirmó que se trataba de un patrón más amplio de acoso reiterado contra su familia por parte de los colonos.
La policía afirmó haber abierto una investigación y haberse puesto en contacto con el propietario para presentar una denuncia.
El incidente tuvo lugar cerca de un puesto avanzado establecido el verano pasado en terrenos de una aldea en la Zona B, donde los palestinos afirman que el acoso y la intimidación constantes por parte de los colonos han obligado a las familias a abandonar sus hogares adyacentes al puesto avanzado, incluso después de que expirara la orden de zona militar cerrada que previamente había expulsado a las familias.
Al describir el estado de Lucy, Maryana Abodoly, fundadora de Petaxi , un servicio de transporte de animales que opera en Israel y Cisjordania, dijo que la perra parecía estar gravemente herida.
«Lucy estaba en muy mal estado. Tenía una hemorragia grave en los ojos y la cabeza literalmente aplastada», dijo. «Estaba casi inconsciente. No podía ni ponerse de pie ni moverse».
Abodoly afirmó que recibe con frecuencia informes de animales supuestamente atacados por colonos israelíes, aunque muchos incidentes nunca se documentan.
«Recibo constantemente informes sobre animales maltratados por los colonos», dijo. «No todo se documenta, e incluso cuando se documenta, lamentablemente no siempre se toman medidas».
Por otra parte, el viernes, fuentes locales confirmaron que colonos incendiaron y vandalizaron varios vehículos en la aldea palestina de Shuqba, en el centro de Cisjordania.
Las imágenes grabadas en el lugar mostraron uno de los vehículos atacados en llamas.
También el viernes, un colono israelí armado fue grabado de pie sobre un palestino atado y con los ojos vendados en las afueras de Bayt Iksa, una aldea en el centro de Cisjordania. Según fuentes, el hombre era un agricultor que intentaba acceder a sus tierras. Otro vídeo mostraba a soldados israelíes llegando al lugar después de que el colono arrastrara al hombre atado hasta una carretera cercana.
Durante la noche, fuentes palestinas confirmaron que colonos incendiaron una mezquita y varios vehículos en la aldea de Jibiya, en la zona de Ramallah.
Según los informes, también se pintaron grafitis en la mezquita, incluyendo la frase «Por la liberación de Jerusalén», aparentemente en referencia al llamado Día de Jerusalén.
Aumento de la violencia de los colonos y del desplazamiento forzado.
El portavoz de UNICEF, James Elder, destacó la semana pasada el creciente desplazamiento de palestinos: más de 2.500, entre ellos 1.100 niños, fueron expulsados por la fuerza de sus hogares entre enero y abril, superando el total registrado en todo 2025.
Las infraestructuras hídricas, incluidos los sistemas de saneamiento e irrigación, también han sido objeto de repetidos ataques por parte de las fuerzas israelíes y los colonos.
«Esto tiene graves implicaciones tanto para la economía palestina como para la salud, la higiene y la dignidad de los niños», dijo Elder.
El miércoles, un joven palestino de 16 años murió a tiros a manos de las fuerzas israelíes durante un ataque «coordinado» entre colonos y militares contra la aldea de Jaljulia, al norte de Ramallah, en la Cisjordania ocupada.
Los colonos y las fuerzas israelíes están llevando a cabo ataques cada vez más intensos y violentos en la Cisjordania ocupada con el objetivo de expulsar a los palestinos de sus hogares y tierras.
Según el Ministerio de Salud palestino, más de 1.152 palestinos, entre ellos 239 niños, han muerto y más de 11.885 han resultado heridos en Cisjordania desde el 7 de octubre de 2023.
Según la OCHA , entre el 7 de octubre de 2023 y el 22 de abril de 2026, 1.081 palestinos —al menos 235 de ellos niños— fueron asesinados en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este. Treinta y cinco de ellos han sido asesinados desde principios de 2026.
La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro, un organismo oficial, afirmó que las fuerzas israelíes y los colonos llevaron a cabo un total de 1.819 ataques solo en marzo, de los cuales 1.322 fueron perpetrados por las fuerzas israelíes y 497 por los colonos.
La violencia y el acoso por parte de los colonos israelíes continuaron sin cesar en toda Cisjordania ocupada, añadió la OCHA. Los ataques se han incrementado drásticamente desde el inicio del genocidio en Gaza.
La violencia de los colonos se ha convertido también en un factor clave del desplazamiento forzado en la Cisjordania ocupada.
Los ataques se producen después de que el gabinete de seguridad israelí ratificara una serie de decisiones impulsadas por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Defensa, Israel Katz, que permiten a Israel reclamar amplias zonas de Cisjordania ocupada como «propiedad del Estado». Amnistía Internacional afirmó que la expansión de los asentamientos ilegales y la violencia de los colonos, respaldada por el Estado, en el territorio palestino ocupado constituyen «una acusación directa contra el catastrófico fracaso de la comunidad internacional a la hora de tomar medidas decisivas».
En un informe publicado en marzo por la ONU, el número de palestinos expulsados por la fuerza de sus hogares por Israel en la Cisjordania ocupada aumentó un 25 por ciento entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025.
Durante ese período, más de 36.000 palestinos fueron desplazados. El informe registró 1.732 incidentes de violencia de colonos que causaron víctimas o destrucción de propiedades, frente a los 1.400 del período anterior, lo que supone un aumento de casi el 25 por ciento.
Los ataques incluyeron acoso continuo, intimidación y la destrucción de viviendas, tierras de cultivo y medios de subsistencia palestinos.
“La violencia de los colonos continuó de manera coordinada, estratégica y prácticamente sin oposición, con las autoridades israelíes desempeñando un papel central al dirigir, participar o permitir esta conducta”, señala el informe, lo que dificulta distinguir entre la violencia estatal y la violencia de los colonos.
La impunidad generalizada y de larga data está «facilitando y alentando la violencia y el acoso contra los palestinos», agregó.
Según expertos en derechos humanos y derecho, esta semana los soldados y colonos israelíes también están utilizando la violencia de género, las agresiones sexuales y el acoso para obligar a los palestinos a abandonar sus hogares en la Cisjordania ocupada.
Mujeres, hombres y niños palestinos han denunciado ataques, desnudez forzada, registros corporales invasivos y dolorosos, israelíes que exhiben sus genitales, incluso ante menores, y amenazas de violencia sexual.
“La violencia sexualizada se utiliza para presionar a las comunidades, influir en las decisiones sobre si permanecer o abandonar sus hogares y tierras, y alterar los patrones de la vida cotidiana”, afirmó el grupo de organizaciones humanitarias internacionales en un informe .
“Para expulsar a los palestinos, los colonos recurren al acoso, la intimidación y la violencia, con el respaldo del gobierno y el ejército israelíes”, declaró Peace Now.
“Nadie presiona a Israel ni a las autoridades israelíes para que detengan esto, y por eso los colonos lo sienten; sienten la total impunidad con la que pueden seguir haciéndolo”, dijo Allegra Pacheco, directora del Consorcio para la Protección de Cisjordania, un grupo de ONG que trabajan para apoyar a las comunidades palestinas contra el desplazamiento.
Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió en un informe que las políticas israelíes en Cisjordania —incluido el «uso sistemático e ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes» y las demoliciones ilegales de viviendas palestinas— tienen como objetivo desarraigar aldeas y zonas palestinas.
“Estas violaciones, junto con la violencia generalizada y creciente de los colonos, cometida con impunidad, son fundamentales para el entorno coercitivo que induce al desplazamiento forzoso y al traslado forzoso, lo cual constituye un crimen de guerra”, señala el informe.
Añadió que estas políticas tienen como objetivo «alterar el carácter, el estatus y la composición demográfica de la Cisjordania ocupada, lo que suscita serias preocupaciones sobre una posible limpieza étnica».
Organizaciones de derechos humanos afirman que la ocupación israelí ha permitido a los colonos operar con total impunidad en sus ataques contra los palestinos.
La organización israelí B’Tselem ha acusado a Israel de ayudar activamente a la violencia de los colonos «como parte de una estrategia para consolidar la toma de posesión de tierras palestinas».
La ONU también advirtió el año pasado que los ataques de los colonos se estaban llevando a cabo «con la aquiescencia, el apoyo y, en algunos casos, la participación de las fuerzas de seguridad israelíes».
El presidente de EE.UU., Donald Trump, abandona Pekín con las manos vacías mientras la derrota frente a Irán altera el equilibrio de poder y reconfigura el orden mundial.
Por el personal del sitio web de HispanTV
La reciente guerra impuesta contra Irán y sus consecuencias han modificado de manera fundamental el equilibrio de poder en el mundo y reescrito las reglas globales de confrontación, con Teherán emergiendo como la fuerza decisiva que moldea la competencia entre las grandes potencias.
Lo que inicialmente fue presentado como otro episodio de “máxima presión” contra Irán se ha convertido, en cambio, en un momento revelador de transformación estratégica, en el que la nación iraní demostró su extraordinaria resiliencia, adaptabilidad y creciente peso geopolítico.
Por otro lado, el fracaso de Washington para imponer los resultados que deseaba ha dejado al descubierto los límites cada vez más evidentes del poder estadounidense en un mundo crecientemente multipolar.
Estos acontecimientos han reforzado la posición de Teherán como un actor indispensable en los asuntos regionales y globales, con consecuencias que afectan a los mercados energéticos, la seguridad marítima, la competencia entre superpotencias y la propia estructura futura del orden internacional.
El reciente viaje de alto riesgo del presidente estadounidense Donald Trump a China se convirtió en una de las ilustraciones más claras de esta nueva realidad geopolítica emergente.
La visita fue considerada una oportunidad para que Washington recuperara influencia estratégica persuadiendo a China de ejercer presión económica y estratégica sobre Irán. Sin embargo, la cumbre terminó exponiendo la eficacia decreciente de la influencia estadounidense y puso de manifiesto que Irán ya no es una cuestión periférica sobre la cual las grandes potencias puedan simplemente negociar.
Trump abandonó Pekín sin discusiones significativas sobre Irán, sin avances respecto a Taiwán y sin las victorias estratégicas que Washington esperaba exhibir.
China no mostró ni voluntad ni urgencia alguna por satisfacer las exigencias estadounidenses.
La relevancia de este fracaso va mucho más allá de la diplomacia. Refleja una transformación más profunda en la política mundial: el surgimiento de un Irán más resiliente en un mundo donde el dominio estadounidense ya no garantiza obediencia ni de aliados ni de adversarios.
Uno de los momentos más reveladores se produjo cuando el propio Trump reconoció que su homólogo chino, Xi Jinping, insistió en la continuidad de las compras de petróleo iraní. Esa declaración, por sí sola, representó un revés diplomático para Washington.
Indicó que Pekín considera su relación con Irán un asunto estratégico vinculado a la seguridad energética de largo plazo y al equilibrio geopolítico, y no una cuestión negociable susceptible de ser sacrificada bajo presión y concesiones estadounidenses.
Antes de la cumbre de Pekín, algunos analistas habían especulado con la posibilidad de que China utilizara su influencia económica sobre Teherán para empujar a Irán hacia concesiones o compromisos. Washington esperaba cooperación, especialmente dada la dependencia china del suministro energético iraní y su condición de principal comprador de petróleo de Irán. Pero China rechazó de forma clara y categórica avanzar en esa dirección.
Igualmente, significativa fue la negativa del gobierno chino a respaldar públicamente las narrativas estadounidenses sobre Irán durante la visita. Pekín evitó deliberadamente avalar la posición de Washington y, al mismo tiempo, reiteró su oposición a políticas orientadas a intensificar la confrontación con Teherán. Poco después del regreso de Trump, funcionarios chinos reafirmaron el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y renovaron sus críticas contra las políticas coercitivas de Estados Unidos.
De hecho, la imagen proyectada por la cumbre favoreció claramente a Pekín. Los funcionarios chinos transmitieron serenidad, confianza y paciencia estratégica, mientras que la delegación estadounidense parecía ansiosa por obtener resultados concretos sin lograr asegurarlos. Observadores internacionales describieron la visita como rica en simbolismo, pero pobre en resultados sustanciales respecto a los asuntos centrales que dividen a las dos potencias mundiales.
La derrota estadounidense frente a Irán y la visita de Trump a China
Este desenlace es relevante porque revela una realidad geopolítica crucial: la posición de Irán tras la guerra se ha fortalecido hasta tal punto que incluso China —a pesar de mantener amplias relaciones con Estados Unidos— ya no considera a Teherán como un actor prescindible. Irán está ahora profundamente integrado en los cálculos estratégicos de la política global, la seguridad energética y el orden mundial multipolar.
Quizá lo más notable sea que el creciente poder de influencia iraní no ha dependido principalmente de potencias externas. La principal lección estratégica extraída por Teherán de la reciente guerra impuesta es que la resiliencia nacional y la fortaleza interna siguen siendo los fundamentos decisivos del poder y de la capacidad de negociación.
La guerra reciente demostró que Teherán podía resistir una presión militar, económica y política sostenida sin colapsar internamente ni abandonar su postura estratégica. Esto podría resultar, en última instancia, más importante que cualquier resultado militar concreto. En la política internacional, la resiliencia en sí misma genera poder. Los Estados que sobreviven a presiones prolongadas suelen emerger fortalecidos porque redefinen las expectativas de aliados, rivales y actores neutrales.
Cuando la maquinaria bélica estadounidense-israelí lanzó la agresión, Irán no recibió una intervención militar decisiva de grandes potencias o aliados como China o Rusia. Teherán afrontó el conflicto por sí solo. Sin embargo, en lugar de quebrarse bajo la presión, recurrió a la cohesión interna, la resistencia militar y la movilización nacional para responder con fuerza y negar a Washington la victoria que necesitaba.
Ese resultado transformó también las percepciones tanto en la región como en el resto del mundo.
Durante años, la estrategia estadounidense hacia Irán dependió en gran medida de la premisa de que el aumento de la presión terminaría forzando a Teherán a la sumisión, la fragmentación o la retirada estratégica. La reciente guerra a gran escala destruyó completamente esa suposición.
Irán demostró no solo su capacidad de resistencia, sino también su habilidad para imponer costos significativos a los agresores. Precisamente por eso el equilibrio de influencia ha cambiado.
Estados Unidos entró en la guerra creyendo que Irán era vulnerable. Ahora se enfrenta a un Irán más fuerte, más experimentado y estratégicamente adaptable. Washington también debe asumir la realidad de que la escalada militar no produjo el rápido colapso político que muchos sectores belicistas anticipaban.
Al mismo tiempo, la guerra dejó al descubierto los límites del poder coercitivo estadounidense. A pesar de sus enormes capacidades militares, Washington tuvo dificultades para alcanzar objetivos estratégicos claros. En lugar de ello, la guerra de agresión se transformó en una prolongada guerra de desgaste, que cada vez juega más en contra de Estados Unidos en términos políticos, económicos y diplomáticos.
La postura y la retórica contradictorias de Trump reflejan claramente este dilema. Por un lado, continúa lanzando amenazas belicistas sobre una nueva agresión militar contra Irán. Por otro, informes indican la existencia de comunicaciones indirectas y esfuerzos por explorar salidas diplomáticas. Este comportamiento de doble vía transmite incertidumbre más que confianza.
La indecisión estratégica es peligrosa para las grandes potencias porque la credibilidad depende no solo de la fuerza, sino también de la claridad. Cuanto más oscila Washington entre la escalada y la negociación, más proyecta confusión tanto hacia aliados como hacia adversarios.
Esa confusión también quedó patente durante la visita de Trump a Pekín. Respecto a Taiwán —el tema más sensible en las relaciones entre Estados Unidos y China— Trump evitó adoptar una posición definitiva. Las conversaciones permanecieron vagas y Washington no consiguió concesiones mientras evitaba una confrontación directa con Pekín.
El simbolismo fue contundente. Estados Unidos llegó a Pekín buscando influencia estratégica, pero terminó pareciendo limitado por su propia sobreextensión geopolítica. China comprendió que Washington estaba lidiando simultáneamente con la guerra y sus consecuencias en Asia Occidental, crecientes presiones económicas internas y una competencia estratégica más amplia en el exterior.
La resistencia iraní, por tanto, tuvo consecuencias que trascendieron ampliamente la región. Al negar a Washington una victoria, Teherán debilitó indirectamente la posición negociadora estadounidense a escala global.
Quizá en ningún lugar sea más visible el creciente poder de influencia de Irán que en el estrecho de Ormuz.
El enfoque iraní respecto al estrecho de Ormuz
Durante décadas, el estrecho ha representado uno de los puntos estratégicos de estrangulamiento más importantes del mundo. Sin embargo, la crisis actual demuestra que el enfoque iraní respecto a Ormuz no se basa simplemente en amenazas de cierre. La situación revela una realidad más sofisticada y trascendental. Irán está desarrollando un modelo de control inteligente y calibrado, más que una simple política de interrupción.
La decisión de permitir el tránsito seguro de numerosos buques y petroleros chinos a través del estrecho tuvo una enorme relevancia geopolítica. Se trató de demostrar autoridad soberana. Teherán mostró que puede distinguir entre adversarios y socios, entre escalada y contención, y entre confrontación táctica y cálculo estratégico.
Este enfoque fortalece considerablemente la posición negociadora iraní.
En lugar de aparecer como un actor temerario, Teherán se presenta como una potencia capaz de gestionar uno de los corredores energéticos más sensibles del mundo de acuerdo con cálculos políticos y estratégicos. Esto incrementa el valor de Irán para las grandes economías globales y, al mismo tiempo, complica los intentos estadounidenses de aislarlo. La crisis ha dejado al descubierto un profundo dilema estratégico para Estados Unidos.
Las consecuencias económicas ya son visibles. La inestabilidad vinculada al cierre del estrecho de Ormuz para embarcaciones hostiles y la guerra más amplia contra Irán ha intensificado la ansiedad de los mercados, elevado los precios del petróleo y profundizado la incertidumbre económica global.
En otras palabras, ha demostrado que Irán posee la capacidad de generar presión económica sistémica mucho más allá de la región, incrementando así su capacidad de disuasión.
La confusión estratégica puede ser más peligrosa que el fracaso estratégico porque erosiona la credibilidad. Los aliados comienzan a cuestionar compromisos, los adversarios ponen a prueba los límites y los actores neutrales buscan alternativas. La percepción de indecisión estadounidense ya es visible no solo en relación con Irán, sino también en confrontaciones más amplias con China y otras potencias emergentes.
La cuestión de Taiwán durante la visita de Trump a China ilustró perfectamente esta situación. Washington se encontró incapaz tanto de escalar con firmeza como de alcanzar un compromiso claro. Repetir antiguas posiciones corría el riesgo de evidenciar un fracaso diplomático, mientras que hacer concesiones habría sido interpretado como una señal de debilidad frente a Pekín. El resultado fue la ambigüedad, que en la competencia entre grandes potencias suele reflejar una confianza decreciente.
Las “opciones no utilizadas” de Irán y los cálculos estadounidenses
Al mismo tiempo, la incertidumbre en torno a las “opciones no utilizadas” de Irán ha complicado aún más los cálculos estadounidenses. Analistas y medios discuten cada vez más la posibilidad de que Irán amplíe la presión más allá de los canales militares tradicionales si la guerra a gran escala se reanuda.
Entre las preocupaciones planteadas figuran vulnerabilidades relacionadas con infraestructuras submarinas de fibra óptica, puntos estratégicos marítimos adicionales y nuevas capacidades asimétricas de guerra naval. Que Irán tenga o no intención de emplear esas opciones resulta casi secundario. Su mera existencia incrementa la ambigüedad estratégica, y la propia ambigüedad funciona como un poderoso elemento disuasorio.
Washington se enfrenta ahora no solo a capacidades iraníes conocidas, sino también a escenarios inciertos de escalada cuyas consecuencias económicas y geopolíticas podrían ser enormes. Esta incertidumbre debilita la capacidad estadounidense para adoptar decisiones estratégicas claras y eleva el costo político de una nueva confrontación contra Irán.
Las consecuencias políticas más amplias dentro de Estados Unidos son igualmente significativas.
La reciente guerra contra Irán puso de manifiesto la continuidad bipartidista de la política estadounidense hacia Teherán. Aunque demócratas y republicanos suelen diferir en el plano retórico, el objetivo estratégico subyacente —limitar la autonomía regional iraní mediante presión y coerción— ha permanecido constante.
Los debates en torno al acuerdo nuclear alcanzado en 2015, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA o PIAC, por sus siglas en inglés), reforzaron las sospechas iraníes de que incluso el compromiso diplomático era considerado en Washington parte de una estrategia más amplia de contención y eventual confrontación. Para muchos en Teherán, esto confirmó un escepticismo histórico hacia las intenciones estadounidenses, independientemente del partido que ocupe la Casa Blanca.
Irónicamente, esta continuidad bipartidista podría haber fortalecido internamente a Irán en lugar de debilitarlo. La percepción de que la presión externa trasciende la política doméstica estadounidense refuerza dentro de Irán las narrativas de resistencia y autosuficiencia.
A nivel global, esta dinámica también resuena más allá de Asia Occidental. En amplias regiones del Sur Global, Irán es visto cada vez menos simplemente como un Estado sancionado y más como un país que resiste el poder coercitivo occidental y sanciona a los agresores. La capacidad iraní para soportar una presión sostenida ha generado un notable respeto entre Estados que se oponen a la hegemonía estadounidense.
Punto de inflexión en la redistribución del poder geopolítico
Esto explica por qué la reciente guerra podría terminar siendo recordada más como un punto de inflexión en la redistribución del poder y la influencia geopolítica.
Irán emergió de ella estratégicamente fortalecido. El complejo militar-industrial estadounidense emergió frustrado. Y el viaje de Trump a Pekín reforzó dramáticamente ese contraste: Washington llegó buscando cooperación, concesiones e influencia sobre Irán, pero partió con gestos simbólicos y declaraciones vagas, mientras China mantenía sus vínculos estratégicos con Teherán y se negaba a alterar sustancialmente su posición.
La lección más profunda empieza ahora a hacerse cada vez más evidente. En un sistema internacional cambiante, la resistencia misma se ha convertido en una forma de poder.
Irán ha demostrado que puede sobrevivir a la llamada “máxima presión”, moldear los cálculos regionales, influir en los mercados globales y complicar la diplomacia entre superpotencias.
Eso, por sí solo, marca una transformación profunda en el equilibrio de poder tras la reciente guerra.
Un ataque israelí rompe nuevamente el alto al fuego vigente en Gaza, con el asesinato de un alto mando de HAMAS y un saldo de víctimas que reaviva la escalada del conflicto en el terreno.
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Hoy sábado se celebró el funeral de Al-Haddad, en el que también fueron despedidos su esposa e hija, fallecidas en el mismo ataque. Miles de gazatíes participaron en el funeral, asegurando apoyo a la resistencia, y seguir el camino de este líder.
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Este ataque vuelve a poner en evidencia la tregua humanitaria en Gaza, en medio de una escalada que no se detiene sobre el terreno. Mientras continúan los bombardeos y el asesinato de grandes líderes, crece el sentimiento de apoyo a la resistencia entre una población que sigue viviendo bajo constante presión.
