Por Juan Carlos Velasco, Rebelion, Africa en Resumen, 11 de agosto de 2026.
En el tablero de la geopolítica contemporánea, los migrantes han dejado de ser únicamente personas que buscan un futuro mejor para convertirse, en no pocas ocasiones, en instrumentos de presión utilizados no solo por actores estatales. La utilización de movimientos de población –propios o foráneos– como palanca estratégica revela una realidad incómoda: las crisis migratorias no son siempre fenómenos espontáneos. Detrás de los cruces masivos de fronteras hay decisiones políticas, cálculos diplomáticos y desigualdades globales que convierten el sufrimiento humano en moneda de cambio internacional.
En distintos puntos del mundo, ciertos movimientos de población, sobre todo cuando se producen de manera masiva y en un corto periodo de tiempo, han sido utilizados no tanto para conquistar territorio, sino para enviar mensajes políticos, forzar negociaciones o desestabilizar al vecino. Esta instrumentalización no es la única clave explicativa, pero ayuda a comprender por qué las fronteras, lejos de ser meras líneas de demarcación jurisdiccional, se transforman en escenarios de confrontación y negociación entre Estados.
Ceuta, un pulso local con relevancia global
En este contexto, Ceuta y Melilla ocupan un lugar singular. Son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y constituyen enclaves europeos en territorio marroquí sometidos a un régimen jurídico excepcional. Su particular configuración las convierte en espacios especialmente sensibles a las tensiones políticas y diplomáticas. Se trata de dos localidades rodeadas de algunos de los sistemas de vallados más sofisticados del mundo, con un control cotidiano de extrema dureza y fronteras físicamente muy cerradas.
También en el plano jurídico reina la confusión. Aunque en Marruecos circula la idea de que pisar suelo ceutí abre automáticamente la puerta a Europa, la normativa española y comunitaria es inequívoca. La entrada irregular en los enclaves no permite viajar a la Península sin controles documentales estrictos. Esta ambigüedad, alimentada a veces de manera interesada, facilita que los flujos migratorios se utilicen como mecanismo de presión en momentos de fricción bilateral.
Los episodios de mayo de 2021 y julio de 2026 ilustran esta dinámica con claridad. En 2021, unas 10 000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas. Aquel ingreso masivo se produjo en un contexto de tensión diplomática por la acogida de Brahim Gali, líder del Frente Polisario, para ser atendido de coronavirus en un hospital de Logroño. El número de migrantes que entraron a Ceuta desde el 30 de julio de 2026 se eleva a 72 000. Desde esa fecha se han contabilizado 77 autopsias a cuerpos hallados en el mar. La ONG Caminando Fronteras cifra en 141 los fallecidos
Ambos casos muestran cómo la frontera puede convertirse en un instrumento de confrontación híbrida. No es un fenómeno aislado: Turquía lo hizo en 2015; Bielorrusia, en 2021; y Marruecos ha recurrido en varias ocasiones a estrategias similares.
El mal negocio de externalizar fronteras
El acuerdo UE–Turquía de 2016 es un ejemplo paradigmático de cómo la externalización del control fronterizo genera vulnerabilidades estratégicas. Ankara utilizó a los refugiados como palanca de negociación y logró generosas contrapartidas monetarias a cambio de frenar su flujo hacia la UE. Ese precedente ayudó a consolidar un sistema de extorsiones sistematizado. Los estados vecinos aprendieron que abrir o cerrar el grifo migratorio es una herramienta de negociación poderosa. Delegar el control crea puntos de presión que esos países saben explotar.
Detrás de estas maniobras geopolíticas se oculta un coste humano devastador, a menudo silenciado por los análisis geopolíticos. Las decisiones tomadas en despachos lejanos se traducen, en última instancia, en vidas perdidas. Los migrantes, aun cuando fueran conscientes de que son utilizados para intereses espurios, carecen de alternativas reales. La falta de oportunidades y de vías legales empuja a muchas personas migrantes a asumir riesgos extremos, convirtiéndolos en el eslabón más frágil de un sistema que los instrumentaliza.
La tragedia de este mismo verano revela la dimensión humana de estas estrategias y cuestiona que la cooperación económica sea suficiente para garantizar sólidas relaciones de apoyo entre estados.
España, atrapada en una bisagra geopolítica
Este escenario se inscribe en un marco europeo marcado por un giro sostenido hacia la securitización. Desde comienzos del siglo XXI, España ocupa una posición singular en la política migratoria de la Unión. Su condición de frontera exterior, ubicada además en la línea geopolítica y geoeconómica que separa el Norte y el Sur global, la sitúa en el punto de colisión de dos lógicas: la securitaria, que prioriza la vigilancia, la contención y la externalización; y la humanitaria, que insiste en que la migración es un fenómeno estructural que exige protección y derechos.
El fortalecimiento de Frontex (el organismo de la Unión Europea encargado de proteger sus fronteras exteriores) y la expansión de las políticas de externalización han desplazado el centro de gravedad de la acción comunitaria. La prioridad ya no es la solidaridad interna, sino evitar que los flujos lleguen a territorio europeo. Para España, esto implica una creciente dependencia operativa de las estructuras europeas y una presión política para alinearse con la narrativa del “control eficaz”, lo que reduce su margen de actuación autónoma.
Ceuta y Melilla funcionan, en este sentido, como laboratorios a pequeña escala de la política fronteriza europea: allí se ensayan y se hacen visibles las tensiones entre control, externalización y derechos.
El posicionamiento de los socios europeos influye de manera decisiva en esta ecuación. Los Estados del norte y del este tienden a reforzar la securitización, mientras que los países del sur reclaman corresponsabilidad y mecanismos de reparto que reconozcan la carga diferencial que soportan las fronteras exteriores. España ocupa una posición bisagra: es frontera exterior y, por tanto, actor securitario; es país mediterráneo y, por tanto, actor solidario; es socio europeo y, por tanto, actor condicionado; y es potencia regional, lo que la convierte en actor negociador.
La tensión entre securitización y solidaridad no es un dilema pasajero, sino una estructura permanente de la política migratoria europea. En ella, España debe equilibrar la gestión de la frontera con la preservación de los principios democráticos y humanitarios que sustentan su acción exterior, consciente de que la forma en que responda a estos desafíos definirá no solo su relación con Marruecos, sino también la naturaleza del proyecto europeo en su conjunto.
Juan Carlos Velasco. Profesor de Investigación. Grupo «Filosofía Social y Política» (FISOPOL). Jefe del Departamento de Filosofía Teórica y Práctica, Instituto de Filosofía (IFS-CSIC)
