Resumen Latinoamericano / 1 de octubre de 2018 / Paul Walder
Chile no entregará ni un solo milímetro de su territorio, dijo horas antes del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el agente chileno Claudio Grossman. Tras el veredicto, que desde La Moneda y no sólo desde allí se celebró como un triunfo futbolístico, Chile no estará obligado a iniciar conversaciones con Bolivia por su histórica demanda y clamor por unos metros de costa en el Océano Pacífico. Con el fallo y después de un proceso de cinco años, o una pérdida de tiempo, como acotó Sebastián Piñera, las relaciones entre los dos países vuelven a decantar en una zona seca e inmóvil. La incómoda relación volverá extenderse en un circuito sin salida como ha estado por largas e infértiles décadas.
Bolivia y sus gobernantes en estos momentos tragan y asimilan algo que sienten como no sólo como una derrota sino una injusticia, tal vez no sólo jurídica, sino histórica. Y Chile, estimulado por sus élites y amplificado por los medios de comunicación corporativos, en tanto, festeja. ¿Qué celebra? ¿El statu quo, el orden, la integralidad de su territorio y la soberanía sobre su espacio?
Los chilenos pueden celebrar lo que quieran. En este caso, sin embargo, no hay mucho, o nada, que celebrar. La soberanía sobre el territorio, sobre los recursos naturales, hace tiempo que no la tienen. Ni sobre la tierra ni bajo el mar. La cesión de la soberanía marítima hace décadas ha recaído en siete familias, siete grupos económicos, que controlan y usufructúan de los peces.
Chile ha entregado sus recursos naturales a las grandes corporaciones. Una venta a corto, mediano y largo plazo, una hipoteca de su futuro para mantener el actual nivel de ingresos, de consumo y, especialmente, de concentración de la riqueza. Una condición observable en la minería de cobre, en el litio, en la industria forestal y en la pesca. Un sector de la economía que ha sido central para mantener un crecimiento económico sobre la base de la explotación sin límites de los recursos naturales.
Hoy hace falta sólo recordar un poco para suavizar las celebraciones por el territorio soberano. Hace falta recordar la Ley de Pesca, o Ley Longueira, como la piedra angular de un proceso de depredación y concentración económica iniciado durante los primeros años de la transición hacia finales del siglo pasado y reforzado en el gobierno de Ricardo Lagos. Es la aplicación de la concepción neoliberal más extrema, presente desde las áreas mineras, forestal, banca o retail, a la pesca. Su vigencia hasta su renovación a inicios de esta década ha hecho desaparecer especies, eliminado a los actores más débiles del mercado y concentrado un negocio de más de seis mil millones de dólares por exportaciones anuales repartido en siete grandes sociedades. Entre ellas, Corpesca, paradigma de la corrupción y la compra de políticos, tiene la mayor tajada, con más de la mitad del mercado.
¿Cómo se ha llegado a esta irracionalidad, considerando que hablamos de un recurso natural, libre, que debiera pertenecer a todos los chilenos? Tras un sistema de libertad total, que favoreció a las grandes compañías y condujo a una explotación indiscriminada de los recursos marinos, la ley de pesca del 2002 definió un sistema de cuotas, el que se determinó sobre la base de las capturas históricas de aquellas empresas, lo que consolidó y proyectó el negocio para los operadores ya establecidos. Si antes de esa ley existía la denominada “carrera olímpica”, una manera de llamar a la entrega de manera libre y gratuita de los peces a las grandes pesqueras, el sistema de cuotas del 2002 lo que hizo es entregarlos de manera más regulada pero también gratuita.
A inicios de esta década la ley del entonces ministro (del primer gobierno de Sebastián Piñera) Pablo Longueira no sólo confirmó las normas sobre la base de la depredación y el mercado, sino que ha favorecido de forma impresentable a los grandes operadores. Una legislación que ha logrado crear grandes y poderosos grupos económicos sobre la base de la desaparición de numerosos recursos pesqueros, el empobrecimiento de los pescadores tradicionales artesanales y la virtual eliminación del pescado de la dieta habitual de los chilenos.
La ley de pesca trasciende el espacio económico y se introduce en áreas relacionadas con la sustentabilidad alimentaria de las próximas generaciones, de la soberanía alimentaria de la actual generación que habita este territorio y de la sustentabilidad de una actividad tan fundamental para nuestra identidad cultural, como lo es la pesca, presente a lo largo de toda nuestra historia y geografía costera.
Ante esta escena, los chilenos no tienen nada que celebrar con el rechazo de la Corte a la obligación de iniciar conversaciones con Bolivia por una salida al mar. El océano desde hace tiempo ha sido privatizado y entregado a estas siete familias.
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