Resumen Latinoamericano, 4 de octubre de 2026
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El pasado 2 de octubre, en una sesión exprés, el Concejo Deliberante de Esquel aprobó la cesión de 5000 metros cuadrados para instalar un crematorio y plantas de residuos patológicos y lubricantes, en un predio lindante al territorio Mapuche-Tehuelche. Para la Comunidad Nahuelpan, esta decisión representa la continuación de un proceso de contaminación sistemática orientado a expulsarlos lentamente del territorio.
Sin debate de fondo, sin estudios de impacto ambiental y pisoteando las normativas constitucionales e internacionales de protección indígena —como el Convenio 169 de la OIT—, el Concejo Deliberante de la ciudad cordillerana aprobó de forma exprés la adjudicación de 5000 metros cuadrados de tierra pública a una empresa privada local a cargo de Vanina Fiori.
El proyecto contempla la construcción de un crematorio humano, una planta de residuos patológicos y otra de tratamiento de residuos de la industria de lubricantes. Los números detrás del negocio resultan irrisorios y demuestran por sí solos el valor que el Estado le otorga al territorio. La adjudicación generaría, luego de la construcción, apenas dos puestos de trabajo y el cobro de USD 27.500 para las arcas municipales a cuenta de la adjudicación, según mencionaron en la sesión. Todo esto se ubicará dentro del Parque Industrial de Esquel, en un emprendimiento ajeno al desarrollo industrial y con un alto riesgo de sumar más contaminación para los pobladores rurales y a la Comunidad Mapuche-Tehuelche Nahuelpan.
Se aprobó con los votos de Juan Margara, Liza Arrúa Zieseniss, Paula Daher, Rafael Crea Del Blanco, Pérez Arteaga, Silvana Sánchez Albornoz y Rubén Álvarez. Evangelina Chamorro, Kadomoto González y Martín Escalona, votaron en contra.
“Albornoz traidora”
La escena en el recinto deliberativo —el Centro Cultural Melipal— fue, una vez más, la postal perfecta del incumplimiento de toda normativa ambiental y de derechos indígenas en favor de la agenda de poderes que exceden los límites de la localidad cordillerana. En las gradas, vecinos independientes, integrantes de organizaciones ambientales y de derechos humanos, junto a referentes comunitarios, manifestaron no solo su rechazo al proyecto, sino también su histórica defensa del medioambiente, el cuidado del territorio y los bienes naturales. Sin embargo, para los concejales los números ya estaban cerrados.
Para aprobar el proyecto se necesitaban siete votos. El oficialismo, representado en mayoría por Juntos por el Cambio contaba con solo seis. La estocada final la dio la concejala peronista Silvana Sánchez Albornoz, cuyo voto resultó indispensable para consumar la entrega. La bronca de los vecinos no fue solo por la votación en sí, sino por la traición previa de la edil peronista. Días antes, Sánchez Albornoz había visitado el territorio de Nahuelpan y escuchado las demandas comunitarias, mostrando una impostada preocupación que se evaporó en el momento de levantar la mano junto a los concejales de la ultraderecha. “Sos una Traidora”, fue el calificativo que se repitió por parte de la comunidad y los vecinos contra la representante justicialista, mientras se retiraban indignados.
Una historia de despojos que no cesa
Para la Comunidad Nahuelpan, este proyecto es la continuación de un despojo territorial que lleva casi un siglo. Gran parte de la población urbana de Esquel y de las zonas rurales aledañas está integrada por familias Mapuche-Tehuelche descendientes de sobrevivientes de las campañas militares del siglo XIX y del violento desalojo forzoso ejecutado contra Nahuelpan en 1937.
Han pasado 89 años de aquel desalojo y el acorralamiento continúa bajo nuevas formas. Hoy, la comunidad que resiste en el territorio no solo padece la falta de acceso al agua potable —situación que destruye la ganadería de subsistencia y las huertas familiares—, sino que ya convive con la voladura de residuos y los lixiviados de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU), instalada años atrás en tierras linderas sin ninguna consulta previa, libre e informada. A esta degradación cotidiana se suma ahora la amenaza de chimeneas que incinerarán restos humanos, y un desconocido tratamiento de desechos patológicos y lubricantes, omitiendo flagrantemente la Evaluación de Impacto Ambiental, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.
“No queremos ser otra vez zona de sacrificio”
Tras la aprobación en el Concejo Deliberante, integrantes del Lof Nahuelpan remarcaron en conferencia de prensa que el proyecto avanzó en absoluta opacidad y sin garantizar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) que ampara la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos indígenas.
“Nos hicimos presentes hoy para mostrar nuestra disconformidad con los proyectos que se quieren llevar adelante en cercanía de nuestro territorio. Vinieron con el proyecto ya hecho y aceptado a mostrarnos que nosotros no valemos nada. No queremos ser zona de sacrificio otra vez, como nos pasó con la planta de residuos”, expresó Aylen Suarez.
Acompañados por vecinas y vecinos de Esquel, los representantes desmintieron rotundamente los dichos de algunos ediles respecto a la existencia de una instancia de diálogo previo. Explicaron que solo fueron citados de manera informal a un encuentro en el que se encontraron con la empresa oferente, la Cámara de Comercio y funcionarios del Ejecutivo municipal, espacio donde marcaron la irregularidad del proceso antes de retirarse.
“Interesan más los muertos que los vivos”
Durante la conferencia de prensa, Gabriel Nahuelquir expuso la carga que representa la eventual radicación de un crematorio en cercanía al rewe (sitio sagrado) donde la comunidad se reúne periódicamente a ejercer sus ceremonias:
“Nos afecta psicológicamente, en nuestra cultura y en nuestra cosmovisión. A menos de 500 metros del lugar donde pretenden poner un crematorio tenemos un rewe. Van a tener que pasar por encima de nuestros cadáveres para poder ejercer lo que ellos pretenden. A estas personas evidentemente les interesan mucho más los muertos que los vivos”.
Asimismo, desarmaron el argumento oficial sobre la generación de empleo y el “desarrollo económico” local, recordando las consecuencias que ya padece el territorio a causa del basurero:
“Desde 2009 tenemos instalada una planta por la que al día de hoy estamos sin agua potable y con los campos contaminados. De esa inversión que hicieron, solo hay tres miembros de la comunidad trabajando en el lugar, sin contrato y en la precariedad más absoluta. Eso no es desarrollo, es literalmente un despojo”, remarcó Nahuelquir.
Racismo sistemático
Consultados sobre los pasos a seguir y la posibilidad de acudir a los tribunales, los voceros señalaron las trabas estructurales que enfrentan las comunidades originarias al litigar dentro del aparato estatal, al tiempo que aclararon que el reclamo no es contra la sociedad civil ni contra las fuentes de trabajo, sino contra la imposición arbitraria.
“En lo legal sabemos lo que pasa: el sistema judicial tampoco tiene perspectiva indígena ni entiende cuál es su obligación para ejercer nuestros derechos. Existe un racismo muy grande en los sistemas judiciales y en los funcionarios, y la sociedad también se pone racista cuando se difunden estas noticias. Nosotros estamos igual que la sociedad: empobrecidos, cansados de ser invisibilizados. Lo único que pedimos es un poco de consideración y que nos miren como lo que somos: seres humanos y sujetos de derechos, tanto nosotros como nuestro territorio”, expresó Aylen Suarez.
La comunidad ratificó que continuará en estado de alerta y movilización, exigiendo que se suspenda cualquier avance sobre el predio hasta tanto se brinde información técnica certera sobre el impacto ambiental y se respete de forma efectiva el procedimiento de consulta con perspectiva indígena.
Fotos: Roxana Sposaro
FUENTE: Infoterritorial “Esto no es desarrollo, es despojo” – InfoTerritorial
Video:
FUENTE: EQS notas
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