Según miembros del grupo, la entrada de su coordinador, Marco Enríquez-Ominami y del diputado de las Cortes Generales de España Enrique Santiago, al penal de Barbadillo fue impedida arbitrariamente.
La denegación de la visita al expresidente Castillo genera preocupación sobre sus condiciones de reclusión y el respeto a sus derechos en Perú. Foto: EFE.
2 de junio de 2025 Hora: 16:15
El Grupo de Puebla precisó que tanto su coordinador, Marco Enríquez-Ominami, y el diputado de las Cortes Generales de España y miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), Enrique Santiago, acudían en calidad de visita al expresidente constitucional del Perú, Pedro Castillo.
El foro político calificó este acto como una clara vulneración a los derechos del expresidente Castillo, ya que a pesar de contar con autorización previa y haber tramitado la visita conforme a los procedimientos establecidos por la administración penitenciaria peruana, se les negó el ingreso sin entregar razones de fondo.
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Desde el Grupo de Puebla, expresaron su profunda preocupación por las condiciones de reclusión del presidente Castillo, quien está sometido a una prisión preventiva cuestionada por amplios sectores del ámbito jurídico y por instancias internacionales.
La organización instó a las autoridades de Perú a garantizar que se respete plenamente el derecho del expresidente Pedro Castillo a recibir visitas, incluyendo a representantes institucionales y políticos internacionales. «Lo ocurrido hoy es incompatible con los principios básicos de transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos», afirmó el Grupo de Puebla en su comunicado.
Tanto el Grupo de Puebla como CLAJUD han reiterado su compromiso con la defensa del debido proceso, los derechos fundamentales y la democracia en la región, y aseguraron que continuarán vigilando activamente esta situación.
Actualmente, Pedro Castillo cumple una prisión preventiva de 36 meses en el penal de Barbadillo. La situación política y judicial del exmandatario peruano sigue estando bajo la mirada de la opinión pública y la comunidad internacional.
La fiscalía está pidiendo una drástica condena de 34 años de cárcel por el delito de rebelión. Castillo ya ha visto otros recursos suyos denegados, incluyendo una apelación para revocar la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró improcedente la nulidad del proceso penal contra él.
Autor: TeleSUR: alr - RR
Fuente: Grupo de Puebla
