Resumen Latinoamericano, 21 de Agosto de 2026.
CI.- En Pereira, amenazaron y estigmatizaron a jóvenes rescatistas y a quienes brindaban atención humanitaria a las víctimas del terremoto. El sismo también develó una fractura más profunda: la brecha insalvable entre una institucionalidad volcada al efectismo mediático, los intereses comerciales y la presión militar, y un pueblo organizado que, con sus propias manos y sin más recursos que la solidaridad, rescata vidas entre las ruinas y reconstruye el tejido social.
En redes sociales circulan mensajes de odio de Hernán Duque, empleado de la Alcaldía, quien, desde un medio digital, lanzó ataques y difundió videos alterados para estigmatizar a los jóvenes socorristas que atienden a las víctimas del terremoto en el parque Olaya y el centro de la ciudad.
Varias personas, como Kevin Santana le confirmaron a Colombia Informa que, pese a haber trabajado con la Alcaldía y apoyado a las instituciones, Duque las estigmatizó. Él está vinculado con la senadora María Irma Noreña, esposa del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien ha negado las acusaciones de impedir las labores de rescate. Asimismo, Hernán Duque es señalado de beneficiarse con contratos millonarios con la Alcaldía de Pereira.
Echarle tierra a las evidencias
Colombia Informa recopiló decenas de testimonios de personas que se sumaron voluntariamente a las labores de rescate. Todas coinciden en que las autoridades fallaron en su labor, al punto que la Alcaldía respondió permitiendo las amenazas contra el grupo de rescatistas. Esas acciones incluyeron el envío de policías del Esmad, la interrupción constante de las tareas de rescate y el envío de maquinaria para retirar escombros, a pesar de las personas atrapadas y los cuerpos enterrados.
Este martes 18 de agosto se conocieron las primeras versiones sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer. Los rescatistas habían advertido a las autoridades que ella seguía con vida bajo los escombros. No es la primera vez que la Alcaldía, la Policía y el Esmad obstaculizan la labor de los socorristas populares.
Gabriela Castaño, rescatista, topógrafa y estudiante de Derecho, denunció en días pasados que las autoridades impedían las labores de rescate de las víctimas, hasta el punto de haber permitido la muerte de personas heridas que permanecían atrapadas bajo los escombros del terremoto del 10 de agosto. Juan Vélez es el otro joven estigmatizado y amenazado, a pesar de ser una de las personas que coordinan la entrega de ayuda humanitaria. La misma situación enfrenta Kevin Santana, quien informó a distintos medios, como Colombia Informa, sobre la situación. Otras varias personas corroboraron las denuncias.
Un caso similar ocurrió en el parque Olaya, uno de los lugares con mayor concentración de damnificados. Al abandono institucional y la estigmatización de quienes ayudan a la comunidad se sumaron las lluvias que comenzaron a caer sobre la ciudad.
Diversas evidencias confirman que las organizaciones sociales y populares fueron las primeras en llegar para apoyar a las víctimas. En Pereira instalaron comedores comunitarios para alimentar a damnificados y rescatistas. El parque Olaya fue uno de los primeros puntos a los que llegaron miles de personas afectadas por el terremoto.
Además, los rescatistas enfrentan los innumerables obstáculos que imponen las autoridades para impedir el rescate de las víctimas y el desarrollo de la labor humanitaria que ellos lideran.
Contexto: Una tragedia ambiental y social bajo la imposición del mercado
El desastre en Pereira trasciende la sacudida telúrica. Expone de forma cruda las contradicciones de un modelo urbano privatizador y clasista. Mientras la administración local de Pereira, encabezada por Mauricio Salazar, volcó rápidamente su atención e infraestructura hacia la reactivación comercial y la protección del gran capital urbano, los sectores populares y los centros de colapso crítico quedaron abandonados al caos institucional.
En el centro de Pereira, puntos de alto impacto como el Parque Bolívar, el sector del Lago y el Hotel Divani (en la carrera octava con calles 16 y 17) se convirtieron en el epicentro de una disputa desgarradora: la vida humana frente a la maquinaria pesada. En estos lugares habitaban y transitaban trabajadores informales, comerciantes locales, migrantes y sectores vulnerabilizados a los que el Estado, históricamente, ha negado garantías básicas.
La voz del rescate popular: egos institucionales contra la vida
Desde las primeras horas posteriores al terremoto, cientos de brigadistas, jóvenes, expertos en sonido, estudiantes de Derecho y vecinos constituyeron equipos autónomos de rescate urbano conocidos como «topos». Sin embargo, su labor desinteresada chocó frontalmente con el protocolo burocrático y el protagonismo político de mandatarios e instituciones oficiales.
Harold González, voluntario de rescate en la zona del Hotel Divani y la Plaza Bolívar, relata la indignación que le provocó la llegada de las autoridades locales a los puntos críticos:
«En el proceso, eso fue el día miércoles, más o menos a las 9 de la mañana… apareció el alcalde, Mauricio Salazar, y sostuvo dos piedritas para hacer el vídeo. Fue un acto de protagonismo para subir un vídeo. Eso es un insulto hacia nosotros, a todos los voluntarios que realizamos el trabajo, porque la realidad es que el esfuerzo es enorme y uno lo hace de corazón. En el camino él dijo que quería activar la economía… pero no de la manera en que nosotros estamos limpiando el terreno manualmente para evitar un colapso mayor y apagar la vida bajo el escombro».
El conflicto alcanzó un punto crítico cuando la administración municipal, seguida por la Fuerza Pública, introdujo retroexcavadoras en áreas donde escáneres de calor y sondas de audio de alta precisión —operadas por sonidistas profesionales— registraron señales claras de sobrevivientes. La prioridad oficial no fue la minuciosa extracción manual, sino la remoción masiva de escombros.
«En la noche nos militarizaron: llegaron soldados, llegó más fuerza pública y entraron unas retroexcavadoras. Cuando entró la retroexcavadora, el espacio que había de casi un metro, por donde podían entrar los compañeros topos, descendió a 30 o 40 centímetros… Hubo un bajón por la actividad de la retroexcavadora. Querían limpiar el terreno, agilizarlo para activar la economía de la ciudad. Pero prima primero la vida y el respeto a los fallecidos».
Desprestigio por las pruebas y militarización del rescate
Los voluntarios denunciaron no solo el ahogamiento de señales de vida por el ruido de las máquinas de carga, sino también la actitud despectiva de altos mandos militares y oficiales, quienes llegaron a tildar los registros de audio capturados por equipos de alta sensibilidad como «creaciones con inteligencia artificial», para desestimar el trabajo popular y justificar el ingreso de la maquinaria pesada.
Gabriela Castaño, estudiante de Derecho y topo rescatista con experiencia desde el desastre de La Guaira, enfatiza el nivel de desorganización y la pugna por el reconocimiento mediático entre los mandos oficiales:
«Hay un desorden entre todas las entidades que están supuestamente rescatando por sus previos protocolos… Un problema de egos ni los hijuemadres con todos los grupos, porque todo el mundo quiere coger el mando y no hacen empalmes correctos. A los rescatistas que nos hemos metido, que sabemos las ubicaciones de la estructura, no nos paran bolas, sino que nos sacan y nos tratan mal… Una vida no se rescata con protocolos de papel, una vida se rescata metiéndose y accionando».
Ciencia al servicio del pueblo frente a la sordera estatal
La articulación comunitaria suplió con innovación y esfuerzo propio la ineficacia institucional. Profesionales de la producción audiovisual y del sonido pusieron sus equipos de grabación de alta gama al servicio de la búsqueda de personas atrapadas bajo placas de hormigón. Un sonidista voluntario relata el dolor de detectar vida y no recibir la intervención oportuna de los organismos de socorro oficiales:
«Hice una convocatoria de sonidistas con micrófonos potentes de cine profesional para identificar personas. El martes, a las 4:38 p.m., identifiqué la voz de un joven comerciante amigo debajo del asfalto… Les mostramos los puntos de calor, los perros hicieron bulla, la mujer hasta ayer (13 de agosto) a las 4 de la tarde pedía ayuda. Teníamos la evidencia de audio. ¿Qué tienen que hacer? Entrar, hacer el hueco y extraerla. ¡La están dejando morir porque no escuchan!».
Luis Alejandro Muñoz, uno de los líderes del equipo de Topos en la zona de desastre de Pereira, sostiene con contundencia la denuncia sobre la tragedia provocada por la apresurada entrada de la maquinaria amarilla:
«Nosotros no tenemos ayuda de nadie. Todo lo que usted ve ha sido conseguido por la ciudadanía: plantas eléctricas, carpas, agua. Nosotros fuimos los que localizamos las vidas y las vidas nos las mataron. Tenían cuatro vidas detectadas y nos las mataron».
Cierre
El terremoto del 10 de agosto en el Eje Cafetero no solo resquebrajó edificaciones; desnudó, sobre todo, las prioridades de un Estado que subordina la vida humana a los intereses del capital y al espectáculo político. La actuación de la Alcaldía de Pereira evidencia una lógica gubernamental en la que la limpieza de escombros busca garantizar la rápida circulación del comercio, y sacrifica la rigurosidad rescatista y la dignidad de las víctimas.
Frente al autoritarismo, la militarización y la disputa de egos burocráticos que obstaculizaron las labores de socorro, emerge con nitidez la potencia de la autogestión y el poder popular. Los topos comunitarios, los sonidistas independientes, las brigadas médicas voluntarias y las ollas populares demostraron que la capacidad organizativa de las comunidades supera con creces la parálisis y la negligencia estatal.
Para Colombia Informa, este reportaje reafirma que la verdadera gestión del riesgo y la reconstrucción del territorio no vendrá de las élites locales ni de los despliegues publicitarios, sino del fortalecimiento de la solidaridad entre iguales, la defensa de la vida en todas sus formas y la consolidación del poder popular en el campo y las ciudades.
Fuente: Colombia Informa
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