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El 26 de septiembre pasado un contingente
de jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado por la policía
municipal de Iguala. 43 aspirantes a maestros desaparecieron sin que
hasta ahora haya indicios de su paradero, sólo fosas clandestinas con
restos humanos, que se presumen pueden ser de ellos.
RONALDO SCHEMIDT via Getty Images
Ahora se sabe que la policía actuó en complicidad con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La descomposición social de este municipio es tan atroz que el alcalde
José Luis Abarca, se encuentra prófugo de la justicia, pues ejercía la
autoridad y a su vez operaba a favor de dicho cartel.
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El grado de corrupción que impera en Guerrero
convirtió a Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda (ambos en
la foto) en 'señores feudales' al amparo del poder público y de
criminales. Se enriquecieron sin pudor y cometieron crímenes previos al ordenamiento del ataque a los estudiantes.
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A pesar de que había indicios de las actividades
criminales y el abuso de poder del alcalde de Iguala, ni el Gobierno
Estatal, ni el Federal, ni su partido, el PRD, hicieron algo para
frenarlo. Sólo ahora que hay casi medio centenar de estudiantes
desaparecidos es que lo condenan y toman distancia de él.
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Dos de los hermanos de la esposa de Abarca fueron
abatidos antes de los hechos de Iguala, por sus actividades dentro del
grupo criminal Guerreros Unidos. Un tercero fue detenido posteriormente a
las desapariciones.
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"Sabíamos que había vínculos totalmente oscuros",
dijo el gobernador del estado Ángel Aguirre a la periodista Carmen
Aristegui. “El señor estaba señalado de posibles vínculos con la
delincuencia organizada", asegura ahora el vituperado mandatario a quien
gran parte de la población le exige su renuncia.
Las autoridades no han atinado a esclarecer el
móvil del ataque a los estudiantes. Están los testimonios de
sobrevivientes que narran cómo fueron baleados sin advertencia o
resistencia. "Íbamos en los camiones, nos bajamos a dialogar con la
policía cuando de pronto comenzaron a disparar".
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Este lunes hubo fuertes protestas en Chilpancingo, la capital del estado, exigiendo la renuncia de Aguirre. Manifestantes quemaron el Palacio de Gobierno. La tensión escala mientras pasan los días y los muchachos siguen desaparecidos.
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El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ha limitado a condenar los hechos, manifestando su indignación, como si fuera un ciudadano más y no el jefe ejecutivo de un estado cada vez más infiltrado y rebasado por el crimen.
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“Es una barbarie, genera indignación y el
presidente es el primero en ser solidario con las voces que con justa
razón reclaman una investigación a fondo y dar con los responsables”,
dijo Peña Nieto el 9 de octubre, aunque la ONG Human Right Watch lo
acusó de dar una respuesta tardía al problema.
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En varias ciudades de México y del extranjero se
han realizado movilizaciones para exigir la aparición de los estudiantes
y para manifestar el hartazgo ante el yugo de los criminales, que han
impuesto su ley con la complacencia de las autoridades.
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La Unión Europea, la ONU, el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, organizaciones en pro derechos humanos y
varios gobiernos han instado al estado mexicano a resolver este crimen
con prontitud y transparencia.
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Autoridades investigan 6 fosas clandestinas con
una veintena de cuerpos. Se presumen que pueden ser de los estudiantes
desaparecidos. El gobernador Aguirre pone en tela de juicio esta
versión.
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Estudiantes de la UNAM y del Politécnico, las dos
escuelas de nivel superior más importantes del país, han emplazado a un
paro de labores en solidaridad con las víctimas y los padres de familia
de Ayotzinapa.
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Este martes se dio a conocer que fuerzas federales abatieron a uno de los líderes del cartel Guerreros Unidos,
Benjamín Mondragón Pereda. Este grupo criminal tiene su principal
fuente de ingresos en la extorsión a los pobladores de Iguala y el
trasiego de drogas a la ciudad de Chicago.
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Un poblador resumió a La Información la debacle
del estado en materia de seguridad, al triunfo del crimen sobre el ánimo
de los ciudadanos: “Antes, el estado de Guerrero era bonito y pacífico.
En los últimos nueve años ha cambiado y ya nadie se atreve a cruzar las carreteras porque hay enfrentamientos y secuestros... A partir de las ocho de la noche las calles están desiertas”.
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