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- Ciencia Celeste es la sabiduría del Maestro Jesús, es su filosofía, nos la da ahora, para que comprendamos, los duros momentos que vive la humanidad y tomemos posiciones justas, acertadas.-
El cambio se inicia de forma individual, estudiando, analizando, practicando como los primeros cristianos; consiguiendo pureza, disciplina, que nos irán llevando al desarrollo de más virtudes y así podremos unirnos como pueblo, para construir en inteligencia, sabiduría, decisión, logrando abandonar el sistema capitalista.-
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Bahréin ejecuta a dos jóvenes activistas en un nuevo golpe a la mayoría chií
FRANCISCO CARRIÓN
Sábado, 27 julio 2019
Las movilizaciones de las últimas horas no han impedido la ejecución de Ali Al Arab y Ahmed al Malali tras un macrojuicio jalonado por denuncias de torturas y falta de garantías
Ali al Arab y Ahmed al Malali, ejecutados este sábado. E. M.
De nada han servido las súplicas de clemencia ni la movilización de las últimas horas. Bahréin ha ejecutado a primera hora de este sábado a tres hombres, entre ellos los activistas chiíes Ali al Arab y Ahmed al Malali, de 25 y 24 años, condenados a pena capital tras un macrojuicio jalonado por denuncias de torturas y falta de garantías.
"Ali Arab fue electrocutado, le arrancaron las uñas de los pies y le hicieron firmar una confesión mientras permanecía con los ojos vendados. A Ahmed al Malali le dispararon dos veces durante el arresto y tardaron 23 días en retirarles las balas", recuerda con dolor Maryam al Jawaja, hija de un activista de derechos humanos bahreiní que cumple una salvaje cadena perpetua, en conversación con EL MUNDO.
Ambos inauguraron su pesadilla el 9 de febrero de 2017 en dos episodios separados sin que pesara orden de detención contra ellos. Nada más perder su libertad, a Al Arab le ordenaron que besara las botas de un oficial y, tras negarse, recibió una golpiza. Horas después, ingresó en silla de ruedas en la clínica de prisión. Al Malali, en cambio, permaneció incomunicado durante un mes antes de rubricar la confesión.
Sometidos a vejaciones, fueron condenados inicialmente a finales de enero de 2018 junto a otras 58 personas por una retahíla de cargos entre los que figuraban "formar y pertenecer a grupo terrorista" y asesinar a un guardia de prisiones durante un supuesto intento de huida de la cárcel. La identidad del tercer ajusticiado no ha trascendido pero no está relacionado con el caso de los dos veinteañeros.
"BRUTALMENTE TORTURADOS"
"Estas ejecuciones marcan uno de los días más oscuros de Bahréin. Ali y Ahmed fueron brutalmente torturados y forzados a firmar confesiones falsas. Su muerte fue ratificada por el dictador Hamad", señala a este diario Sayed Ahmed Alwadaei, director del Instituto Bahréin para Derechos y Democracia.
Al Arab y Al Malali pertenecen a la maltratada mayoría chiíque a principios de 2011, al calor de la Primavera Árabe que recorrió el norte de África y Oriente Próximo, lideró las protestas contra el despotismo de los Al Jalifa, una familia real suní que gobierna con puño de hierro a una población de 1,5 millones de almas.
El clamor de sus súbditos fue brutalmente aplastado por la intervención armada de los países miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, inquietos por el efecto del levantamiento en sus propias minorías chiíes y entre denuncias de las interferencias de Irán, rechazadas por Teherán. Desde entonces, Bahréin ha perseguido cualquier atisbo de disidencia.
Las redadas y ataques a la oposición, que ha exigido reformas políticas y el fin de la discriminación a la comunidad chií, no han conocido tregua alguna. Alcanzaron incluso a quienes hicieron campaña por el boicot de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado diciembre, con la oposición completamente ausente.
La represión política, unida a la promulgación de legislación cada vez más autoritaria, ha suscitado escaso eco en la comunidad internacional. Bahrein es sede de la Quinta Flota de EEUU, desde la que Washington vigila el tráfico marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz, en plena escalada de la tensión con Irán, y alberga también una base británica. El pasado noviembre el Senado estadounidense votó en contra de bloquear un acuerdo de venta de armas con Bahrein por valor de 300 millones de dólares.
El martirio de Al Arab y Al Malali había concitado desde hace meses las denuncias de organizaciones de derechos humanos. El pasado mayo cinco expertos de la ONU instaron a Bahréin a detener las ejecuciones tras mostrar "sus serias dudas" sobre las condenas y la falta de garantías del juicio. Para entonces, los dos jóvenes habían apurado todas las vías posibles para suspender el desenlace final. El tribunal de casación rechazó el recurso y las ejecuciones dependían del plácet definitivo del monarca.
CORREDOR DE LA MUERTE
Su campaña se redobló este viernes después de que las familias recibieran sendas llamadas del centro penitenciario para que acudieran a visitar a los jóvenes, un trámite que el código penal estipula como previo a la ejecución. "Al Malali le dijo a su familia en su última visita que él jamás había herido a nadie", subraya Al Jawaja. Según la organización británica Reprieve, actualmente hay 23 personas en el corredor de la muerte. Seis de ellas han agotado todos los recursos y su riesgo de ejecución es inminente.
La castigada oposición bahreiní, que mantiene su activismo desde el extranjero, denuncia que ni siquiera la fecha elegida ha sido repentina. "Parece que el Gobierno bahreiní planeó esto meticulosamente, situando ahora las ejecuciones para hacerlas coincidir con el receso legislativo con EEUU, la Unión Europa y Reino Unido y evitar así cualquier escrutinio internacional. Estos crímenes sólo ocurrieron con el apoyo incondicional de Washington y Londres", censura Alwadaei.
Los niños migrantes y su detención en condiciones inhumanas son un negocio lucrativo en Estados Unidos. Pero además, enriquecen a exfuncionarios que pasaron por el gobierno de Donald Trump. Seis menores murieron mientras estaban retenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. La última víctima fue una nena salvadoreña de 10 años que falleció en un hospital de Omaha, Nebraska, en septiembre de 2018. En este registro no se incluyen a casos como el de Angie Valeria Martínez Avalos, que se ahogó con su padre cuando intentaban cruzar el río Grande, en la frontera con México. Quienes sobreviven de a miles en forma penosa están alojados en centros privados como el de Homestead, Florida. Las instalaciones son regenteadas por la empresa Caliburn, cuya junta directiva es integrada por John F. Kelly, exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional del actual presidente. Es tal el descaro con que operan este tipo de compañías, que aquella reconoció como una oportunidad de crecimiento ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la política de inmigración de EE.UU.
Caliburn es una especie de ave carroñera de las guerras o grandes tragedias humanitarias. Opera en Afganistán, Irak y a través de su filial Comprehensive Health Services (CHS) lo hace fronteras adentro de Estados Unidos. Se financia además con créditos del Bank of América que decidió retirarle su apoyo después de enviar emisarios a visitar Homestead, informó el Nuevo Herald de Miami en junio. Su negocio top es la administración de centros de detención de menores migrantes, donde viven separados de sus padres. La investigadora de Human Rights Watch, Clara Long, denunció que hay niños retenidos cuyos padres viven legalmente en EE.UU. Se ha llegado a ese contrasentido. CBS News publicó que CHS recibió unos 222 millones de dólares solo para operar entre el 7 de julio del 2018 y el 20 de abril de este año. De esa suma se deduce que en 270 días, Caliburn y su subsidiaria cobraron unos 800.000 dólares cada 24 horas, que volcaron a su faena de alojar en condiciones penosas a menores que ingresan sin papeles a Estados Unidos. En el marco de redadas que profundizó por estas horas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas -ICE por su sigla en inglés-, siguen conociéndose datos sobre la situación de los menores detenidos en centros como el de Homestead. Hasta ahí se ha derivado a una buena parte de los niños y adolescentes después de que se cerrara un campo para alojarlos en Tornillo, Texas. La obscenidad de las cifras de financiamiento que tiene este costado de la política migratoria de Trump se resume en un dato: su gobierno lleva gastados al menos 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos para el programa de “Niños extranjeros no acompañados” (UAC).
Caliburn International Corp, que amplió la capacidad de albergar menores en Homestead –es el centro más grande en su tipo de EE.UU-, había planificado cotizar acciones en la bolsa por 100 millones de dólares. Desistió en marzo pasado, acaso por las críticas y protestas que hubo contra sus instalaciones. Ese mismo mes abrió sus puertas a la prensa para que recorriera el predio situado en el estado de Florida. Un vocero de la empresa dijo que desde marzo del 2018 habían pasado por ahí 6.000 niños y que se habían “liberado” –ese fue el verbo que utilizó- a 4.450 con quienes los acogen, que en su mayoría son sus padres o familiares en Estados Unidos. Todo lo que se vio por las cámaras de Telemundo parecía prolijo y en su sitio, como una escenografía planificada y montada para la ocasión. Pero el rentable centro de Homestead –sobre el que pesa un masivo pedido de cierre de la sociedad civil y la oposición demócrata- no es el único sitio al que van a parar los niños migrantes. El lugar de detención temporal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Clint, Texas, es un golpe demoledor a la sensibilidad de cualquier ser biennacido. No parece el caso de Mark Morgan, su director interino, nombrado por el propio Trump. En enero de este año, le dijo al presentador de Fox News, Tucker Carlson: “Me acerqué a estos individuos a los que se llama ‘menores’ de 17 años de edad o menos, y los he mirado. Los miré a los ojos y me dije: ‘Estos son los que pronto serán miembros de la pandilla MS-13”. La contracara de esas declaraciones es el testimonio que brindó Warren Binford, profesora de derecho de la Universidad de Willamette, quien pudo ver las condiciones en que se encontraban los niños en Clint: “Estaban enfermos. Estaban tosiendo. Les goteaba la nariz. Estaban muy sucios. Inmediatamente comenzaron a describir el nivel de hambre que estaban sufriendo”. El equipo integrado por la docente y abogada comprobó que “nadie cuidaba a estos niños directamente, que estaban encerrados en estas celdas las 24 horas del día. En muchas de esas celdas solo hay baños abiertos. No hay jabón, no hay forma de lavarse las manos. Y muchos de ellos se ven obligados a dormir directamente sobre el piso debido a la escasez de camas y colchonetas y espacio para dormir”. Esta es la declamada política de seguridad nacional que tuvo a su frente John F. Kelly, el integrante de Caliburn. Antes había sido jefe del Comando Sur de EE.UU –entre 2012 y 2016-, hasta que Trump lo designó primero como secretario de Seguridad Nacional y después como jefe de Gabinete de la Casa Blanca. Cuatro meses más tarde de retirarse del gobierno se había sumado a la multinacional que lucra con los menores migrantes.
https://diario-octubre.com/2019/07/20/la-industria-carcelaria-en-estados-unidos-cuantos-mas-internados-mas-beneficios/
Calmada la fiebre, vuelvo sobre algo de lo que fui uno de los primeros en hablar: la rebelión de los “chalecos amarillos” en Francia. He mantenido silencio porque mucha gente comenzó a hablar de ellos al poco tiempo, pero de nuevo vuelve el olvido. Así que lo retomo yo de la mano de mi muy querida amiga Danielle, que ya sabéis es la persona que me tiene al tanto de lo que pasa en su país.
Esta semana ha tenido lugar su 37 movilización, 37 semanas, nueve meses consecutivos y no se rinden.El poder en todas sus variantes les minimiza, los medios de propaganda ya no se ocupan de ellos, pero ahí siguen y el poder les tiene cada vez más miedo. Si no fuese así no se entenderían las dos medidas que se han puesto en marcha recientemente: la detención preventiva, como suena, de las figuras más destacadas de los “chalecos amarillos” ante la celebración del denominado Día Nacional (14 de julio, conmemorando la toma de La Bastilla en 1789) y la publicación de un documento titulado “La Estrategia de Inteligencia Nacional” en el que se habla abiertamente del peligro de que los “chalecos amarillos” se conviertan en un “movimiento subversivo” que realice acciones de “violencia insurreccional”.
Mientras todos los payasos del circo, bien sea Unidas Podemos en el Estado español o La Francia Insumisa en la propia Francia, siguen bailando al son de la melodía del sistema este mismo sistema da cada vez pasos más firmes hacia el fascismo. Porque el documento no tiene desperdicio.
Ha sido elaborado por la Coordinación Nacional de Inteligencia y Lucha contra el Terrorismo y toda su estructura y contenido se asienta sobre un mismo eje: la “violencia insurgente”. Es una importante variación respecto al documento anterior, de 2014, en el que se hacía hincapié en cuestiones como el terrorismo, el espionaje o la interferencia económica. Ahora no, ahora la prioridad es otra porque la rebelión la tiene en casa. Y la están protagonizando los “chalecos amarillos” prácticamente en solitario, sin el apoyo de la pretendida “izquierda” y sin los sindicatos. La CGT continúa ejerciendo la táctica del avestruz, sacando alguna vez la cabeza y escondiéndola las demás de las veces.
La CNILT (CNRLT en francés) depende directamente de la presidencia de la república francesa, así que este no es un documento más. Es el más importante y el que implica por dónde van las cosas en Francia.
De ahí que ni más ni menos que 175 personas, consideradas dirigentes más o menos significativos de los “chalecos amarillos” fuesen detenidas preventivamente para “asegurar” los actos del 14 de julio con cargos como “organizar una protesta no autorizada”. Porque se había prohibido “cualquier reunión de personas con chalecos amarillos” y se había decretado una zona de exclusión en torno al Arco del Triunfo, de los Campos Elíseos, del mueso del Louvre, de la Torre Eiffel, etc. Es decir, de todo el centro emblemático de París. Otra muestra más de los “valores democráticos” de los que alardea Occidente, otra muestra más de lo que vale el “derecho de reunión y de manifestación” y demás zarandajas habituales. Estas 175 personas fueron detenidas preventivamente por sus convicciones políticas, sin que le importarse una mierda al sistema “democrático” eso de la “presunción de inocencia”. Pero no solo se quedó la cosa ahí, sino que a la acusación de “organizar una protesta no autorizada” se añadió otra: “rebelión”. Estuvieron detenidas dos días, pero los cargos continúan.
El poder no quiere rebeldes, quiere ovejas, quiere sumisión. Y eso es lo que está ofreciendo toda la gente de Unidas Podemos y de La Francia Insumisa. Esta es la “izquierda”. Porque es la consecuencia de las leyes que se han ido aprobando con el apoyo de toda esta gente. En el Estado español, con la excusa del “terrorismo” se ha dado pábulo a todo tipo de violaciones como ha recogido una y otra vez la propia ONU. En Francia, es consecuencia de los poderes “extraordinarios” que se otorgaron a la policía con el estado de emergencia adoptado por el Partido Socialista en 2015 con la excusa de atentados como el realizado contra la revista Charlie Hebdo y que contó con el apoyo de La Francia Insumisa. Porque esos poderes se mantienen, y ahora la represión se ejerce, basándose en ellos, contra los “chalecos amarillos”. La oligarquía está demostrando que no va a tolerar ninguna expresión combativa. Lo único que tolera es a la gente modosita y que no hace ningún daño. Mientras se protege a los fascistas, en el Estado español en Francia y en toda Europa, se considera amenaza la simple movilización.
Porque el documento que menciono dice que “las reivindicaciones tradicionales” (es decir, contra los despidos, por la mejora salarial, por un mejor nivel de vida, contra la guerra, etc.) “son empleadas por las fuerzas subversivas cuyo propósito es la destrucción de la democracia”. Y se dice que al calor de movimientos como los “chalecos amarillos” están surgiendo movimientos subversivos “lo que supone un factor de crisis que es aún más preocupante porque están dirigidos directamente a debilitar o incluso arruinar los cimientos de nuestra democracia y las instituciones republicanas por la violencia insurreccional". En este contexto, habla de las “acciones violentas contra personas y propiedades” de los “chalecos amarillos”.
Y ¿cuál es la propuesta? Pues “la anticipación, el análisis y el monitoreo de los movimientos sociales y las crisis sociales por parte de los servicios de inteligencia”, que tienen que “conocer la vida local y mantener un vínculo con los actores sociales (representantes elegidos, relevos asociativos, medios de comunicación...)” (sic). Es decir, infiltrarse en ellos. No es nuevo, por supuesto, lo nuevo es que se escriba y se publique. Es decir, se pretende intimidar, introducir la desconfianza, que todos miremos a quien tenemos a nuestro lado pensando que es un informante.
La Unión Europea va claramente hacia el fascismo, por el momento “blando”. No son solo regímenes autoritarios, son pre-fascistas. No preocupan las desigualdades sociales, el hecho de que los millonarios crezcan, porque eso no destruye el sistema ni la democracia. Lo que destruye el sistema y la democracia es que se luche contra ello. Si no se tiene en cuenta algo tan sencillo es que no se tiene en cuenta nada de nada. Y todo lo demás son tonterías. Incluyendo los “gobiernos de coalición” que darán una pasada “progre” a este tipo de comportamientos. Porque, por el momento, y como me recuerda mi amiga Danielle, La Francia Insumisa no ha dicho ni una sola palabra sobre este documento. Y ya ha pasado una semana de su publicación. Luego quien calla, otorga.
Ciencia Celeste es la sabiduría del Maestro Jesús, es su filosofía, nos la da ahora, para que comprendamos, los duros momentos que vive la humanidad y tomemos posiciones justas, acertadas.-
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Agentes israelíes arrestaron a más de 900 palestinos en Jerusalén durante la primera mitad de 2019. | Foto: Reuters
Publicado 21 julio 2019
El total de palestinos detenidos por agentes israelíes durante los primeros seis meses del año en todos los territorios ocupados asciende a dos mil 600.
Más de 900 palestinos, entre ellos varios menores de edad, fueron arrestadospor fuerzas israelíes en la ciudad de Jerusalén durante el primer semestre de 2019, informó el Centro de Estudios de los Prisioneros Palestinos (PPCS, por sus siglas en inglés).
Esta cifra representa un aumento considerable, de acuerdo con un informe del PPCS presentado ayer sábado.
El vocero del PPCS, Riad al-Ashqar, indicó que en febrero pasado ocurrió la mayor cantidad de arrestos.
En ese mes los palestinos lograron entrar, por primera vez en 16 años, en el área de Bab Al-Rahma (La puerta dorada), que se encuentra detrás de una puerta ubicada en el este del recinto de la Mezquita Al-Aqsa.
El portavoz del PPCS detalló que de los detenidos, 300 son menores de edad, y de ellos 17 tienen 12 años de edad.
El total de arrestados durante el periodo enero-junio pasado en todos los territorios palestinos ocupados ascendió a dos mil 600, de ellos 43 son mujeres.
Esta situación, señala Al-Ashqar, muestra la “brutal represión” israelí contra los palestinos en los lugares sagrados y que defienden la mezquita Al-Aqsa.
Según datos del PPCS, en las cárceles israelíes hay más de siete mil prisioneros palestinos.
Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país
Publicado 18 julio 2019
El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la “viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil.
Una de las promesas de campaña del hoy presidente de Colombia, Iván Duque, fue que bajo ninguna circunstancia iba a permitir la explotación petrolera vía fracking. Es claro que todos los políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de Estado para tomar sus propias decisiones.
Iván Duque tiene la presidencia hipotecada.
En efecto, el entonces candidato llegó afirmar que en Colombia existe la “superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos, por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking” [1]. Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país. El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la “viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil. Veamos por qué:
En primera instancia, multitudinarias marchas en por lo menos 70 municipios del país, se llevaron a cabo en contra de la decisión del gobierno de dar vía libre a esta técnica de explotación. La Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque que cumpla su palabra de prohibir el fracking [3].
Sumado a la toma de conciencia política, la implementación del fracking tiene además una traba de un orden jurídico. En efecto, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que no existen elementos que prueben su utilización segura. En una reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o permitir su uso controlado. Este grupo que es diferente a la Comisión de expertos convocada por el gobierno,
Desde esta perspectiva, la comisión de la Universidad Nacionaltendrá un importante papel para defender al país de la fracturación hidráulica, pues si el Consejo de Estado emite un fallo de fondo sobre su decisión, es posible que el fracking quede prohibido definitivamente. Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará. De hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente [4]. Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de abastecimiento energético en Colombia [5]. Según esta visión, si el gobierno cede ante la presión de los grupos ambientalistas, en unos años el país podría tener una crisis energética considerable y necesitaría importar petróleo y gas, algo impensado para un territorio con grandes reservas de hidrocarburos.
Siguiendo esta misma línea, la ministra asegura que los ingresos vía recaudo tributario estarían en el orden de los 230 billones de pesos, además de 90 billones en regalías, en total 320 billones, lo que representa un 35% del PIB en Colombia [6]. Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La Guajira, Antioquia y Santander. En caso de demostrar que el fracking puede llevarse a cabo de “manera responsable”, se estaría dando un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tampoco puede aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica. De acuerdo con los defensores del fracking, la técnica ha evolucionado de manera permanente por lo que los primeros daños causados en el ambiente han sido controlados y corregidos, entonces por este motivo, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta forma de explotación ha sido aceptada.
En contraste con la postura del gobierno y los economistas de ultraderecha, los cuestionamientos a la fracturación hidráulica se concentran en tres aspectos.
Por una parte, los niveles de sismicidad que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron denunciados por Iván Duque- candidato. En este orden de ideas, se ha logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con sismos de diferentes grados.
La segunda dimensión tiene que ver con el uso y disposición final de la industria,
pues para generar la fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie, contienen altos índices de contaminación. Además, existe el riesgo permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos (otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato).
Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica.
No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto con gas [7], sino además por las emisiones que contaminan el aire.
Aaún más tomando en cuenta que el fracturamiento se desarrolla en zonas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos [8] (nuevamente una de las hipócritas preocupaciones de Iván Duque-candidato). Por si fuera poco, la Contraloría General de la Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones ambientales de la utilización del fracking en el país. Sin embargo, en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no se opone si se hace de manera responsable[9].De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de explotación de hidrocarburos. Pero debe tomarse en cuenta que los socios del presidente harán hasta lo imposible por lograr la aceptación de la técnica.
Por esa razón, la batalla contra el fracking en Colombia será larga y complicada pues diversos sectores harán presión para que se logre la aceptación definitiva de esta técnica que pone en riesgo la salud humana y la calidad del medio ambiente.
Otro de los elementos que debe considerarse, es el aumento de la brecha social que se ha generado históricamente en los municipios petroleros. En efecto, la gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que profundiza los niveles de desigualdad. De esa manera, de acuerdo con Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de expertos, “el gobierno debe dar garantías de protección al ambiente y ofrecerles a los municipios acueductos y agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros proyectos” [10].
Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo mismo, a los socios del presidente Iván Duque.
Es importante entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los recursos naturales.
Por ese motivo, estos meses son determinantes para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la explotación minera. Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país, pues en busca del “equilibrio en la balanza de pagos” y otro tipo de conceptos falaces, miles de personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales, culturales y económicas. Con todo, la batalla por el fracking no ha terminado y las manifestaciones continuarán hasta que el presidente traiga a su memoria aquellas frases que pronunció en su campaña, cuando no le debía la presidencia a nadie.
Tuvo gran éxito la operación de relaciones públicas del Gobierno japonés durante el G20 la semana pasada.
Entre los discursos sobre aranceles, comercio, riesgo de una nueva recesión y anuncios sobre los Juegos Olímpicos del año entrante en Tokio, nadie se volvió a acordar de la catástrofe de Fukushima. La radioactividad es invisible, pero las mentiras que pretenden cubrirla saltan a la vista. Fukushima es el peor desastre industrial en la historia de la humanidad. En los días siguientes al terremoto del 11 de marzo de 2011 se produjo la fusión de los núcleos en tres de sus seis reactores nucleares. En los tres casos, la masa de combustible fundido atravesó la vasija de acero con sus seis pulgadas de espesor, quemó y reaccionó químicamente con el contenedor de concreto y ahora se encuentra en contacto con el agua del subsuelo. No se ha podido hacer nada para aislar y remover esas masas de material nuclear fundido y controlar la contaminación. Algunos de los isótopos radioactivos afectarán partes de la prefectura de Fukushima por 250 mil años. Lo único que separará ese material tóxico de cualquier persona que camine por esos parajes será una sombría capa de mentiras. Gobiernos, intereses corporativos privados y públicos tienen un rasgo en común. Estas estructuras jerárquicas comparten una fuerte propensión a mentir cuando se sienten amenazadas. Es importante examinar el enredo de engaños que sigue cocinándose en los reactores nucleares que sufrieron fusión en Fukushima. En esta sarta de embustes se encuentran involucrados el Gobierno de Japón y el primer ministro Shinzo Abe, la empresa Tepco (operadora de Fukushima), la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 2020. Después de las explosiones de hidrógeno en tres reactores de Fukushima, los núcleos se fundieron y precipitaron una crisis que se mantiene a la fecha. Desde el principio el Gobierno nipón prohibió el uso de los términos fusión del reactor en sus comunicados al público y demostró estar más interesado en proteger los intereses de los gigantes corporativos Hitachi y Toshiba que la salud de más de 160 mil refugiados nucleares. Hoy sabemos que el material de los tres núcleos fundidos en Fukushima ha permanecido en contacto con agua del subsuelo durante los últimos ocho años y gran cantidad de agua altamente contaminada ha ido a parar al océano Pacífico. En uno de los actos más perversos de que se tenga memoria, el Gobierno japonés, en connivencia con la AIEA, simplemente incrementó el nivel de radiación permitido para el público más de 20 veces de los niveles existentes antes de la catástrofe. Al amparo de esta nueva norma técnica, el Gobierno pudo afirmar que la zona estaba bajo control. Así pudo también evitar el costo de descontaminar una gran superficie de tierra y bosques, así como de zonas residenciales y comerciales. Después de algunos trabajos superficiales de descontaminación, muchos residentes que inicialmente tuvieron que ser evacuados hoy están siendo autorizados a dejar sus albergues y regresar a su residencia original, que supuestamente ha sido descontaminada. Pero la contaminación nuclear fue tan intensa y cubrió una zona tan grande que los vientos han vuelto a llevar polvo y nieve radioactivos a esos poblados. Es un grave caso de contaminación dinámica. En 2013 el primer ministro Shinzo Abe declaró frente al Comité Olímpico Internacional que Fukushima estaba bajo control y no había ningún riesgo. Tokio obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos en 2020, y varios juegos de beisbol y futbol se llevarán a cabo en terrenos de la ciudad de Fukushima. La misma ruta de la antorcha olímpica pasará por territorio contaminado. Observadores independientes ( www.Fairewinds.org ) han encontrado muestras de material altamente radioactivo en localidades en las que atletas y espectadores estarán expuestos a niveles de radioactividad comparables a los soportados por trabajadores de una planta atómica. El análisis de Koide Hiroaki, ingeniero nuclear de la Universidad de Kioto ( www.apjjf.org ), es devastador. El desastre de Fukushima no ha sido controlado a la fecha y exponer a residentes y visitantes a los niveles de radioactividad que todavía prevalecen en la zona es un acto criminal. Los Juegos Olímpicos de Tokio se llevarán a cabo en un terreno de emergencia nuclear. Epílogo. Después del terremoto de 2011, Japón pudo embarcarse en una ambiciosa transición hacia las energías renovables. En lugar de eso prefirió colmar la brecha que dejó el cierre de plantas nucleares después de Fukushima con millonarias importaciones de carbón. Hoy, Japón es la única economía desarrollada que continúa construyendo plantas de carbón (17 en total). En el plano internacional, sigue financiando proyectos que utilizan carbón con unos 15 mil millones de dólares. No alcanzará su meta de reducir las emisiones de gases invernadero en 80 por ciento para el año 2050. De todos modos, era demasiado poco y demasiado tarde.
Twitter: @anadaloficial
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2019/07/03/opinion/018a1eco
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. El caso de hoy nos ilustra hasta dónde el ser humano está dispuesto a ir cuando tiene dinero, y luego, el dinero y el poder, se convierte en círculo vicioso de algo peor.
Me refiero a la sinfonía que ameniza y garantiza incluso el mismo poder, me refiero a grandes fiestas con un ejército de mujeres esclavizadas ya para ser transportadas y servir de diversión pero sobre todo de moneda de cambio, cierre de negocios y generosidad de los poderosos para seguir dentro y proteger el círculo de poder.
Quien no conozca a Jeffrey Epstein ni a Donald Trump no es nadie, se afirmaba por ahí a finales de los noventa para referirse que si uno no tiene esas conexiones, uno no existe en la cúpula del poder.
El problema es que Epstein es uno de los acusados con más casos de abuso y tráfico sexual en la historia de Estados Unidos, y que todo indica que su fortuna la consiguió a base de conexiones de altos mandatarios que desembocaban en fiestas y mercancía sexual, sobre todo de niñas, de menores de edad.
El caso que hoy enfrenta Estados Unidos con Epstein exhibe la cloaca que hay detrás del poder. Al investigar para hacer el programa de Detrás de la Razón, me sorprende que no solo los nombre de Trump o Bill Clinton aparezcan relacionados con este sujeto que se dedicó a hacer un ejército de mujeres para tener un imperio de niñas, ni que haya comprado una isla del amor en el Caribe para realizar ahí sus actos de placer, no, me sorprende aún más que este señor Epstein esté ligado al sionismo, a la defensa del régimen de Israel.
El punto es que toda esta oscuridad esté relacionada de alguna forma con el régimen de Israel. El criminal sexual Epstein, porque fue declarado así por la justicia estadounidense, dirigía Wexter Foundation, una fundación dedicada a cultivar el liderazgo judío israelí que ha financiado figuras del régimen y militares israelíes.
En 2004, su firma pagó 2,3 millones de dólares a Ehud Barak, entonces primer ministro de Israel por una investigación que nunca ha salido a la luz. No solo eso, el súper abogado que Epstein usó para burlar la justicia en 2008 (acusado de un sin número de crímenes que le hubieran dado cárcel de por vida) es Alan Dershowitz, defensor de grandes casos criminales y defensor curiosamente del sionismo israelí, a tal grado que acusa a los palestinos de genocidio, y no se avergüenza del exterminio que los israelíes han hecho sobre la Franja de Gaza.
Este abogado además acusó a Irán de construir dos bombas atómicas, defendió al grupo terrorista Muyahidín Jalq (MKO) para que Estados Unidos los sacara de la lista negra, y le prometió al expresidente estadounidense Barack Obama, que su acuerdo nuclear con Teherán sería destruido.
El otro super abogado de Epstein defiende los crímenes de guerra de los que sea acusa a Blackwater en Irak, la firma de mercenarios estadounidenses más peligrosos del planeta. Y ya no le sigo. Solo con ver todo esto, y al ver que el mismo periódico Wall Street asegura que la mega fortuna que tiene Jeffrey Epstein la consiguió de manera opaca.
Es necesario preguntar: ¿Podemos pensar que el dinero de Wall Street y de todas las inversiones en el mundo y en la mayoría de Gobiernos puede estar sucio no solo con la venta de armas, la generación de guerras e insurgencias, sino de venta sexual de menores?
En Detrás de la Razón, nosotros preguntamos, los analistas contestan y usted en su casa concluye. Y si la realidad hace lo que quiere, entonces nosotros volveremos a preguntar. Lo importante es detectar las aristas que no nos dicen.
El análisis, las preguntas y respuestas a las diez treinta de la noche, desde los estudios de Teherán; Londres, siete y Madrid, ocho de la noche; México, Colombia y Chicago a la una de la tarde.
Por: Roberto de la Madrid.
Una manifestación en contra de la detención del clérigo nigeriano Ibrahim al-Zakzaky, en Abuya, capital de Nigeria, 10 de julio de 2019.
Publicada: jueves, 11 de julio de 2019
Un nuevo informe revela que Arabia Saudí desempeña un papel importante en la detención y la tortura del líder musulmán nigeriano el sheij Ibrahim al-Zakzaky.
Según un artículo publicado este jueves en la agencia de noticias persa Mehr, citando a distintos activistas e informes de grupos pro derechos humanos, los gobernantes de Al Saud han aumentado las presiones al Gobierno nigeriano para acabar con la vida del prominente clérigo chií en la cárcel.
De acuerdo con este informe, el sheij Al-Zakzaky y todas sus acciones han sido monitoreadas desde hace años por el servicio de inteligencia saudí, y los planes de su detención y tortura también han sido organizados desde Riad.
El reporte revela asimismo que el régimen saudí, en plena cooperación con los gobernantes nigerianos, ha lanzado recientemente una gran campaña para eliminar a los grupos chiíes que apoyan a Al-Zakzaky, especialmente, los del Movimiento Islámico de Nigeria (IMN, por sus siglas en inglés).
Por su parte, uno de los activistas ha indicado a Mehr que los Gobiernos de Nigeria, Estados Unidos y Arabia Saudí habían acordado anteriormente hacer todas las medidas necesarias para evitar la liberación del clérigo chií, detenido desde hace más de tres años.
Al-Zakzaky y su esposa fueron detenidos en diciembre de 2015, tras una violenta redada policial en su residencia, en la ciudad norteña de Zaria, en el estado de Kadun. Durante la brutal represión, apoyada por fuerzas saudíes, tres de sus hijos perdieron la vida, su esposa sufrió heridas graves y más de 300 de sus seguidores fueron asesinados.
El pasado domingo, el hijo de Al-Zakzaky advirtió sobre el deterioro de la salud de su padre, explicando que los médicos han encontrado altos niveles de plomo y cadmio en su sangre, por lo que resulta necesario que el clérigo de 66 años reciba atención médica urgente.
Las marchas, no obstante, se tornaron violentas después de que los agentes antidisturbios del país africano dispararan munición real contra los indignados manifestantes, dejando decenas de heridos entre ellos.
La campaña por las presidenciales comienza entre matanzas
Abubakar Shekau, un jefe militar que no pretende ser líder religioso
El líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, en una imagen de archivo sin fechar (Propias)
FÉLIX FLORES
El próximo 20 de enero, cinco países,Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Benin, tienen que ponerse de acuerdo sobre una respuesta común a la amenaza de Boko Haram, que ya ha dejado de ser un problema puramente local. Mientras las fuerzas de seguridad nigerianas se ven impotentes para ir más allá de las prácticas simplemente represivas de los primeros años de actividad del grupo yihadista, es el ejército de Camerún el que le está haciendo frente. El pasado 22 de diciembre desmanteló un campo de entrenamiento en territorio camerunés, cerca de la frontera nigeriana, en el que aparentemente se entrenaba a niños de entre siete y doce años.
Así, el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, ha amenazado personalmente al presidente de Camerún, Paul Biya. En un vídeo de 17 minutos difundido el 5 de enero, Shekau le decía: “Paul Biya, si no pones fin a tu plan maléfico, tendrás derecho a la misma suerte que Nigeria (…) Tus soldados no pueden nada contra nosotros”.
De otro lado, y según Radio France International, en Chad se teme un intento de penetración de Boko Haram por el sudeste del país, limítrofe con la región del norte nigeriano en la que se desenvuelven los yihadistas. Las fronteras africanas son particularmente porosas –por no decir imposibles de controlar- ante movimientos guerrilleros. En el caso de la organización yihadista el peligro es serio: el territorio en torno al lago Chad, que marca la frontera en este punto, está habitado por una mayoría musulmana.
No se sabe mucho del jefe de Boko Haram. Pero es evidente que no se trata de un líder religioso como su fundador, Mohamed Yusuf, sino de un cabecilla militar. Shekau, a pesar de su oratoria, no pretende ser el emir que no es. En un vídeo difundido el pasado agosto, declaró como estado islámico el territorio bajo su contro
. Cazan con armas de sus abuelos, con machetes, con rifles caseros, con amuletos protectores. Armas pobres para abatir a una presa que ha extendido el terror por la ribera del lago Chad: el grupo islamista Boko Haram, uno de los más violentos y peligrosos en la actualidad. Aisha Bakari los encabeza, y no niega su miedo, pero considera un deber poner al servicio de la lucha contra la organización terrorista los conocimientos de la sabana africana que les transmitieron sus antepasados.
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¿Cuáles son los motivos ocultos del apoyo saudí a los extremistas?
En las últimas décadas, Arabia Saudí ha sido el principal patrocinador de los grupos extremistas en Oriente Medio. Riad se vale del wahabismo y de los grupos radicales como instrumento para aumentar su influencia en la región.
En este artículo pretendemos estudiar el porqué del apoyo saudí a los grupos extremistas y las consecuencias que podría conllevar este respaldo incondicional para la propia monarquía árabe.
Un repaso a la biografía de los líderes de grupos radicales pone de relieve que la mayoría tienen nacionalidad saudí, han sido entrenados en las escuelas wahabíes o reciben apoyo logístico y financiero de Riad.
La primera radica en la confrontación con el poderío de la República Islámica de Irán en Oriente Medio. La victoria de la Revolución Islámica iraní, en 1979, constituyó la base de la rivalidad entre Teherán y Riad por el liderazgo de la región y el mundo musulmán. Los saudíes se autoproclaman líderes del mundo suní y se esfuerzan por luchar contra el Irán chií e impedir su creciente influencia. Esta rivalidad se intensificó a partir de 2003, con el derrocamiento del régimen de Saddam Husein en Irak y que resultó en la formación de un gobierno chií. Por otra parte, la buena relación entre Irán, Siria y los movimientos de resistencia en El Líbano, Hezbolá, HAMAS y la Yihad Islámica, en Palestina, motivó el fortalecimiento del eje de la resistencia en la región. Por esta razón, Riad apoyó a los partidos y grupos suníes en Irak, además del grupo 14 de Marzo en El Líbano, secundó a los grupos salafíes y extremistas en la región, especialmente en Irak y Siria, y se esforzó por debilitar a los aliados de Teherán y frenar su influencia en la región.
Otro motivo para el apoyo saudí a los extremistas radica en las discrepancias que mantiene con el movimiento de los Hermanos Musulmanes. De hecho, estos dos presentan dos pensamientos diferentes islámicos al mundo árabe y se consideran rivales ideológicos importantes entre los países musulmanes. Esta rivalidad comenzó con el surgimiento del movimiento de los Hermanos Musulmanes en Egipto. Si bien ambos cuentan con tendencias suníes, Riad lo considera una amenaza para su existencia.
En este contexto, hay que señalar que la monarquía saudí obtiene su legitimidad de los valores religiosos y dice que nadie debe criticar y cuestionar su gobierno, mientras tanto, los Hermanos Musulmanes se oponen a un poder absoluto y autorizan las críticas al poder gobernante. Por estos motivos, las autoridades saudíes se han esforzado por apoyar a los grupos salafíes en Egipto y Siria que se oponen a este movimiento. Además recurrió a otras medidas para debilitar a los Hermanos Musulmanes, entre las cuales se pueden mencionar: el apoyo saudí al partido salafí de Al Nour contra los Hermanos Musulmanes en las elecciones de 2012 de Egipto, su respaldo al golpe militar contra el expresidente Mohamad Morsi, las inmensas ayudas financieras al Gobierno de Abdel Fatah Al Sisi, y la inclusión de este movimiento en la lista de organizaciones terroristas en marzo de 2014.
Cabe recordar que más allá de las fronteras egipcias, es decir, en Siria, la monarquía saudí también ejerce su campaña contra los Hermanos Musulmanes. En estos territorios, al contrario de Catar y Turquía, que apoyan a los grupos armados liberales afiliados a los Hermanos Musulmanes, Riad brinda apoyo a los grupos con ideología salafí-takfirí, tales como Yeish al-Islam, Ahrar al-Sham, y otros.
Consecuencias de la estrategia saudí
Cabe recordar que apoyar a los grupos salafíes y takfiríes en Siria e Irak no solo es una amenaza para otros países de la región, sino que también constituye un verdadero peligro para la seguridad nacional saudí. De hecho, Arabia Saudí, por diferentes motivos, como su posición estratégica, la ubicación de dos lugares sagrados como Meca y Medina y sus inmensos recursos petroleros, se considera un lugar perfecto para los salafíes, con el fin de establecer su tan deseado califato islámico. Razón por la cual, en los últimos dos años, la monarquía saudí se ha visto obligada a combatir a tales grupos dentro de sus propios territorios para, de esta forma, poder mantener su poderío.
Para concluir, es importante señalar que la experiencia que ha tenido la región de Oriente Medio con grupos como Daesh y Al Qaeda, nos lleva a la conclusión de que el apoyo a tales movimientos terroristas es como un cuchillo de doble filo, que puede constituir una amenaza para la seguridad de sus propios patrocinadores, tal como hemos evidenciado en las cadenas de ataques y explosiones en Europa y dentro del mismo territorio de Arabia Saudí. Por lo tanto, Riad debe buscar otra alternativa para satisfacer sus intereses, de lo contrario, se verá sumergida en una crisis institucional dentro de sus propias fronteras.
