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Bahréin ejecuta a dos jóvenes activistas en un nuevo golpe a la mayoría chií
Sábado, 27 julio 2019
Las movilizaciones de las últimas horas no han impedido la ejecución de Ali Al Arab y Ahmed al Malali tras un macrojuicio jalonado por denuncias de torturas y falta de garantías
De nada han servido las súplicas de clemencia ni la movilización de las últimas horas. Bahréin ha ejecutado a primera hora de este sábado a tres hombres, entre ellos los activistas chiíes Ali al Arab y Ahmed al Malali, de 25 y 24 años, condenados a pena capital tras un macrojuicio jalonado por denuncias de torturas y falta de garantías.
"Ali Arab fue electrocutado, le arrancaron las uñas de los pies y le hicieron firmar una confesión mientras permanecía con los ojos vendados. A Ahmed al Malali le dispararon dos veces durante el arresto y tardaron 23 días en retirarles las balas", recuerda con dolor Maryam al Jawaja, hija de un activista de derechos humanos bahreiní que cumple una salvaje cadena perpetua, en conversación con EL MUNDO.
Ambos inauguraron su pesadilla el 9 de febrero de 2017 en dos episodios separados sin que pesara orden de detención contra ellos. Nada más perder su libertad, a Al Arab le ordenaron que besara las botas de un oficial y, tras negarse, recibió una golpiza. Horas después, ingresó en silla de ruedas en la clínica de prisión. Al Malali, en cambio, permaneció incomunicado durante un mes antes de rubricar la confesión.
Sometidos a vejaciones, fueron condenados inicialmente a finales de enero de 2018 junto a otras 58 personas por una retahíla de cargos entre los que figuraban "formar y pertenecer a grupo terrorista" y asesinar a un guardia de prisiones durante un supuesto intento de huida de la cárcel. La identidad del tercer ajusticiado no ha trascendido pero no está relacionado con el caso de los dos veinteañeros.
"BRUTALMENTE TORTURADOS"
"Estas ejecuciones marcan uno de los días más oscuros de Bahréin. Ali y Ahmed fueron brutalmente torturados y forzados a firmar confesiones falsas. Su muerte fue ratificada por el dictador Hamad", señala a este diario Sayed Ahmed Alwadaei, director del Instituto Bahréin para Derechos y Democracia.
Al Arab y Al Malali pertenecen a la maltratada mayoría chiíque a principios de 2011, al calor de la Primavera Árabe que recorrió el norte de África y Oriente Próximo, lideró las protestas contra el despotismo de los Al Jalifa, una familia real suní que gobierna con puño de hierro a una población de 1,5 millones de almas.
El clamor de sus súbditos fue brutalmente aplastado por la intervención armada de los países miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, inquietos por el efecto del levantamiento en sus propias minorías chiíes y entre denuncias de las interferencias de Irán, rechazadas por Teherán. Desde entonces, Bahréin ha perseguido cualquier atisbo de disidencia.
Las redadas y ataques a la oposición, que ha exigido reformas políticas y el fin de la discriminación a la comunidad chií, no han conocido tregua alguna. Alcanzaron incluso a quienes hicieron campaña por el boicot de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado diciembre, con la oposición completamente ausente.
La represión política, unida a la promulgación de legislación cada vez más autoritaria, ha suscitado escaso eco en la comunidad internacional. Bahrein es sede de la Quinta Flota de EEUU, desde la que Washington vigila el tráfico marítimo por el estratégico estrecho de Ormuz, en plena escalada de la tensión con Irán, y alberga también una base británica. El pasado noviembre el Senado estadounidense votó en contra de bloquear un acuerdo de venta de armas con Bahrein por valor de 300 millones de dólares.
El martirio de Al Arab y Al Malali había concitado desde hace meses las denuncias de organizaciones de derechos humanos. El pasado mayo cinco expertos de la ONU instaron a Bahréin a detener las ejecuciones tras mostrar "sus serias dudas" sobre las condenas y la falta de garantías del juicio. Para entonces, los dos jóvenes habían apurado todas las vías posibles para suspender el desenlace final. El tribunal de casación rechazó el recurso y las ejecuciones dependían del plácet definitivo del monarca.
CORREDOR DE LA MUERTE
Su campaña se redobló este viernes después de que las familias recibieran sendas llamadas del centro penitenciario para que acudieran a visitar a los jóvenes, un trámite que el código penal estipula como previo a la ejecución. "Al Malali le dijo a su familia en su última visita que él jamás había herido a nadie", subraya Al Jawaja. Según la organización británica Reprieve, actualmente hay 23 personas en el corredor de la muerte. Seis de ellas han agotado todos los recursos y su riesgo de ejecución es inminente.
La castigada oposición bahreiní, que mantiene su activismo desde el extranjero, denuncia que ni siquiera la fecha elegida ha sido repentina. "Parece que el Gobierno bahreiní planeó esto meticulosamente, situando ahora las ejecuciones para hacerlas coincidir con el receso legislativo con EEUU, la Unión Europa y Reino Unido y evitar así cualquier escrutinio internacional. Estos crímenes sólo ocurrieron con el apoyo incondicional de Washington y Londres", censura Alwadaei.
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