El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) llega a la Corte Constitucional en medio de críticas por su carácter asimétrico y por los amplios compromisos asumidos por Quito frente a beneficios limitados de Washington.
Conclusión de las negociaciones entre Estados Unidos y la República del Ecuador para un Acuerdo de Comercio Recíproco. Foto: @DanielNoboaOk
19 de marzo de 2026 Hora: 20:02
El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 13 de marzo entra esta semana en su primera prueba institucional, cuando el Gobierno lo envíe a la Corte Constitucional para que determine el procedimiento previo a su entrada en vigencia. En esta fase, el alto tribunal deberá establecer si el acuerdo requiere aprobación legislativa, consulta popular u otro trámite, de acuerdo con la Constitución ecuatoriana.
Paralelamente, se ha intensificado el debate público sobre el alcance del tratado y sus impactos en la política comercial, la soberanía regulatoria y los sectores productivos nacionales. Mientras el Ejecutivo lo presenta como una respuesta frente a la presión arancelaria de Washington y una vía para aliviar sobretasas, diversas voces señalan que el ART consolida una relación desigual entre ambos países.
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Debate sobre la asimetría del acuerdo
Varios economistas y analistas destacan que el ART no se configura como un tratado comercial clásico, en el cual ambas partes abren sus mercados bajo condiciones similares. Según estos especialistas, Estados Unidos mantiene un acceso limitado y selectivo para los productos ecuatorianos, mientras Ecuador se compromete a desmontar barreras, flexibilizar controles y facilitar la entrada de bienes, servicios e inversiones estadounidenses.
El analista económico Alberto Acosta Burneo califica el ART como “un acuerdo muy asimétrico” y afirma que “es un animal único, porque no tiene nada que ver con los acuerdos comerciales tradicionales, en donde ambas partes ceden, abren o dan algo”. A su juicio, “no es un Tratado de Libre Comercio (TLC) estándar, porque ahí lo normal es que ambos países abran sus mercados. En este caso, Ecuador abre su mercado y Estados Unidos lo cierra”.
Acosta Burneo añade que el mercado estadounidense estaría más cerrado que antes de abril de 2025, mientras el mercado ecuatoriano se abre y adopta compromisos alineados con objetivos de Estados Unidos.
Obligaciones de Ecuador y beneficios para Estados Unidos
De acuerdo con este enfoque crítico, Ecuador debe aceptar normas técnicas de Estados Unidos, eliminar barreras sanitarias, facilitar inversión y aceptar certificaciones extranjeras, mientras la parte estadounidense obtiene acceso más fácil al mercado ecuatoriano, expansión de sus exportaciones agrícolas, entrada a sectores estratégicos y reducción de controles.
Desde esta perspectiva, el ART no sería una victoria comercial para Ecuador, sino una negociación condicionada por las sobretasas impuestas por la administración de Donald Trump, que habrían funcionado como factor de presión. Washington presenta el acuerdo como parte de su estrategia para enfrentar lo que considera “prácticas comerciales injustas”, eliminar barreras que afectan a sus exportadores, ampliar el acceso al mercado ecuatoriano y fortalecer a sus empresas y trabajadores.
En términos políticos, analistas sostienen que el tratado fue diseñado desde la lógica de los intereses estadounidenses y que Ecuador concede beneficios amplios, mientras los beneficios recibidos serían parciales y, en ciertos casos, temporales.
Aranceles, cuotas agrícolas y efectos sobre el agro
Uno de los puntos más sensibles del texto está en el compromiso de Ecuador de reducir o eliminar aranceles para múltiples productos de Estados Unidos, con trato preferencial para una parte importante de su sector agropecuario. El ART incorpora cuotas de importación libres de arancel para productos agrícolas estadounidenses como maíz, lácteos, carne de cerdo y aves de corral, además de contingentes para maíz, sorgo, etanol, pollo, cerdo, lácteos y aceite de soya, con cupos específicos y beneficios arancelarios para exportadores de ese país.
Mientras, para el economista Santiago Machado, esta estructura afecta directamente a la agricultura familiar campesina, que sostiene gran parte de la producción de alimentos en Ecuador. Su advertencia apunta a que el ingreso de productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos podría desplazar la producción nacional, presionar los precios a la baja y profundizar la dependencia alimentaria, en tensión con el principio de soberanía alimentaria recogido en el artículo 281 de la Constitución. De este modo, el eje arancelario del acuerdo se ubica en el centro del debate sobre seguridad alimentaria y sustentabilidad del agro ecuatoriano.
Reformas en licencias, certificaciones y sector industrial
Sin embargo, las críticas no se limitan al sector agrícola. El ART contempla que Ecuador reforme su sistema de licencias de importación para productos agrícolas estadounidenses, establezca renovaciones automáticas, garantice períodos de vigencia amplios y evite exigencias que dificulten el ingreso de estas mercancías. Adicionalmente, el país deberá reconocer como suficientes varias certificaciones sanitarias y de control emitidas por autoridades estadounidenses para alimentos y productos agropecuarios, reduciendo verificaciones adicionales.
En el ámbito industrial, Ecuador se compromete a eliminar restricciones para bienes remanufacturados de Estados Unidos, aceptar estándares técnicos estadounidenses para vehículos y autopartes, y reconocer aprobaciones de la FDA para dispositivos médicos y medicamentos, reduciendo controles adicionales de registro o inspección. De acuerdo con los expertos que observan el proceso, Estados Unidos gana un acceso regulatorio reforzado al mercado ecuatoriano, ya que no solo incrementa sus posibilidades de venta, sino que impulsa que Ecuador adapte parte de su marco normativo para facilitar el ingreso de sus productos.
Acceso de productos ecuatorianos y limitaciones
Mientras se abren estas facilidades para el comercio estadounidense, los beneficios para la exportación ecuatoriana se perciben como más restringidos. El diseño del ART prevé que Estados Unidos otorgue tratamiento arancelario preferencial a ciertos bienes ecuatorianos, pero bajo condiciones limitadas y sujetas a su legislación interna, según explica el experto en comercio internacional Santiago Jaramillo.
En la práctica, indica, el acceso favorecería sobre todo a productos primarios o con bajo valor agregado, dejando fuera varios bienes de importancia para la oferta exportable ecuatoriana. Uno de los ejemplos citados es el camarón, que no fue incorporado en esta primera etapa, aunque el Gobierno ecuatoriano sostiene que intentará incluirlo en futuras negociaciones. Este esquema alimenta la percepción de que la apertura lograda por Ecuador en el mercado estadounidense no es equivalente a la magnitud de las concesiones internas que el país asume en el marco del ART.
Inversión, sectores estratégicos y cláusulas sensibles
Otra crítica central se concentra en el lenguaje del acuerdo en materia de obligaciones y compromisos estratégicos. En temas de inversión, el ART establece que Ecuador “permitirá y facilitará” inversión estadounidense en minerales críticos, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, en condiciones no menos favorables que las otorgadas a terceros países. En cambio, Estados Unidos se limita a comprometerse a “considerar” apoyo financiero a proyectos en Ecuador, por medio de sus instituciones y siempre que estos resulten elegibles.
Para especialistas, esta diferencia entre obligaciones concretas de Ecuador y compromisos abiertos o discrecionales de Estados Unidos refleja una falta de reciprocidad material. Además, el acuerdo incluye una cláusula que obliga a Ecuador a adoptar medidas de efecto similar cuando Washington imponga aranceles, cuotas, prohibiciones u otras restricciones por motivos económicos o de seguridad nacional, lo que podría alinear parte de la política comercial ecuatoriana con decisiones externas frente a terceros países.
Otro punto controvertido es la disposición según la cual Ecuador deberá cooperar con Estados Unidos para promover el cumplimiento de sanciones y controles de exportación estadounidenses, lo que, según analistas, vincula al país a una política exterior que no diseña ni dirige.
Migración, institucionalidad interna y contratación pública
El ART también abarca aspectos de política migratoria e institucionalidad interna ajenos a un acuerdo comercial estándar. En el Anexo III, Ecuador asume el compromiso de exigir visas de tránsito para haitianos, cubanos y otras nacionalidades consideradas de alto riesgo de migración irregular hacia Estados Unidos, lo que refleja la inclusión de objetivos migratorios en el texto. En la misma sección, se dispone que el país transfiera la autoridad de su agencia espacial del ámbito militar al civil, con miras a permitir un mayor involucramiento estadounidense en ese campo.
En contratación pública, el acuerdo obliga a Ecuador a realizar licitaciones abiertas para proyectos energéticos, incluida la concesión del campo Sacha, así como para futura generación eléctrica y actividades de extracción y procesamiento de minerales críticos.
Distintas interpretaciones señalan que esta cláusula limitaría adjudicaciones directas a empresas estatales extranjeras, particularmente chinas, y ampliaría el espacio para compañías privadas estadounidenses. Además, se incorporan compromisos en propiedad intelectual, impuestos digitales, transferencia de datos y eliminación de barreras regulatorias, entre ellos la prohibición de imponer impuestos digitales discriminatorios contra empresas estadounidenses y la obligación de facilitar el flujo transfronterizo de datos para negocios.
Un debate abierto ante la Corte Constitucional
La lectura general de varios especialistas es que el ART no se basa en una apertura equilibrada, sino en una lógica de cesiones profundas de Ecuador frente a concesiones limitadas de Estados Unidos. A partir de esta semana, el paso del acuerdo por la Corte Constitucional será un momento determinante, no solo para verificar la compatibilidad del texto con la Carta Magna, sino también para encauzar un debate político y técnico más amplio.
En ese escenario, estarán en juego temas como el grado de autonomía de la política comercial ecuatoriana, el impacto en la agricultura familiar campesina, la regulación de sectores estratégicos y la relación entre beneficios arancelarios parciales y compromisos estructurales. La discusión sobre el ART se proyecta, así, más allá de lo comercial, hacia el tipo de vínculo que Ecuador busca consolidar con su principal socio y hacia el modelo de desarrollo que se persigue en el largo plazo.
Autor: teleSUR-asm - JB
Fuente: Agencias
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