Con ollas vacías, este martes centenares de personas de movimientos sociales y activistas se reunieron frente a un uno de los almacenes donde el gobierno guarda parte de las 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante el gobierno de Alberto Fernández. Reclamaron que se haga entrega de los bolsones negados a los comedores sociales, mientras los niveles de pobreza aumentan a más del 50 %.
El gobierno argentino dejó de entregar alimentos a los comedores sociales en diciembre, cuando asumió la presidencia Javier Milei. Entre los manifestantes congregados ante el depósito de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, se encontraba el abogado que llevó al gobierno ante los tribunales para exigir la entrega inmediata de los alimentos. Denunció que la comida se pudre mientras muchas personas pasan hambre.
El gobierno de Milei, hace caso omiso. Hace días manifestó que “si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”. Argentina sufre una inflación cercana al 300 % y la economía se estanca ante las duras medidas de austeridad del gobierno.
Más tarde, el martes, el tribunal que supervisa el caso aceptó la apelación del gobierno en contra de la orden de distribuir los alimentos. Con esta decisión, será la Cámara Federal porteña la que tendrá la última palabra en esta disputa. De acuerdo a las organizaciones, hay unos 45 mil comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse la provisión que recibían del Estado.
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