Por Markel de Bilbao Catediano /Naiz /Resumen Latinoamericano, 16 de abril de 2026.
El endurecimiento del sistema penal impulsado por Nayib Bukele da otro paso más: El Salvador permitirá condenar a cadena perpetua a menores desde los 12 años, una medida que organizaciones internacionales califican de violatoria de los derechos humanos y contraria a la rehabilitación infantil.
El Salvador ha promulgado una nueva ley que permitirá a las autoridades condenar a menores de tan solo 12 años a cadena perpetua. El cambio forma parte de un conjunto de políticas destinadas, según el gobierno de Nayib Bukele, a erradicar la violencia de las pandillas. Aun así, el alcance de dicha norma no es sino un reflejo de la ilimitada potestad que el Ejecutivo parece detentar a la hora de aplicar políticas represivas sobre la población.
Las penas de cadena perpetua para menores se aprobaron en marzo como parte de una enmienda constitucional impulsada por el presidente y apoyada por una Asamblea Legislativa controlada de forma abrumadora por el partido Nuevas Ideas de Bukele. «Veremos quién apoya esta enmienda y quién se atreve a argumentar que la Constitución debe seguir prohibiendo que los asesinos y violadores permanezcan en prisión», escribió Bukele el pasado 17 de marzo.
Destinada a penar las conductas del homicidio, las violaciones y la pertenencia a bandas criminales, la medida ya ha hecho saltar las alarmas de UNICEF, quien advirtió de que el encarcelamiento podría tener graves consecuencias a largo plazo para el desarrollo de los niños y adolescentes, y añadió que era poco probable que tales medidas redujeran la delincuencia en general.
En un comunicado publicado junto con el Comité de los Derechos del Niño, un órgano de supervisión de la ONU, ambas organizaciones aseguraron que la ley «constituye una contradicción de las normas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño», y añadieron además que convenciones como esa priorizan la «rehabilitación e integración» de los menores.
La adopción de la medida se circunscribe en la ya internacionalizada lucha de Bukele contra el crimen en el país. Patrocinado en todo momento por la Casa Blanca, el presidente de El Salvador declaró en marzo de 2022 el estado de emergencia, previsto para 30 días pero prolongado hasta este momento. Desde entonces, más de 90.000 personas han sido encarceladas y las garantías constitucionales han quedado en suspenso. Organizaciones como Human Rights Watch calculan que casi el 1,9% de la población se encuentra entre rejas, una de las tasas más altas del mundo.
Ante esta nueva medida, la pregunta que Tom Stevenson planteaba en la edición de marzo de ‘Le Monde Diplomatique’ toma un especial cariz: «¿Qué clase de sociedad puede construirse en un país en el que tantos jóvenes se pudren en las cárceles?». El periodista ofrecía alguna pista de por dónde podían ir los tiros al señalar que «la respuesta de Bukele parece ser convertir El Salvador en un centro de detención extraterritorial para EE.UU., una Alcatraz nacional».
No hay comentarios:
Publicar un comentario