La Mula. Resumen Latinoamericano 7 de diciembre de 2025.
El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL – Reporteros, aseguró que la inhabilitación por diez años de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, forma parte de una estrategia para consolidar el control político sobre el Ministerio Público. En entrevista con Pedro Salinas en el programa Después De Todo (DDT) de #LaMulaStream, sostuvo que “la mafia completa”, y no solo el fujimorismo, “buscó cerrar todos los frentes para tener un control total del Estado en los meses decisivos de campaña” rumbo a las Elecciones 2026.
Gorriti afirmó que esta ofensiva responde a “una costra mafiosa que gobierna al Perú”, integrada por sectores de ultraderecha, aliados del alcalde Rafael López Aliaga y la llamada “sacha izquierda”. “Lo que ha sucedido ahora es que finalmente toda la ofensiva… se apresuró”, señaló. Según explicó, tras capturar varias instituciones, “les faltaba la Fiscalía de la Nación” para desactivar investigaciones por corrupción y convertirlas en “otra manifestación desinformadora”.
El periodista cuestionó que el Congreso haya utilizado como sustento una imputación que “Delia Espinoza no era autora en absoluto”, lo que calificó como muestra de apresuramiento y arbitrariedad. Sobre la votación que permitió revertir el rechazo inicial a la sanción, sostuvo que reveló “quiénes y cómo integran esa coalición mafiosa”.
Consultado por el silencio de los exfiscales Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, Gorriti citó una tradición recogida por Ricardo Palma para describir su actitud: “Por miedo, por miedo y por miedo”. Afirmó que existe la capacidad de “fregar la vida de diversas maneras” a quienes están próximos a jubilarse o dependen institucionalmente de quienes hoy ocupan posiciones de poder.
“Ese silencio les va a resonar en la conciencia mucho tiempo”, añadió.
El caso Espinoza ha generado rechazo ciudadano tras la reconsideración inmediata que permitió al Congreso reunir 71 votos y aprobar su inhabilitación. La magistrada anunció acciones legales para revertir la medida, que calificó como un “acto de represalia”. El voto congresal también abrió un proceso penal en su contra por abuso de autoridad y prevaricato, entre otros cargos.
La decisión legislativa se enmarca en crecientes tensiones entre el Congreso, el Ministerio Público y los casos de alta corrupción. Para Gorriti, el objetivo final es asegurar la captura de instituciones clave antes de las elecciones del próximo año. “Conquistar el Ministerio Público para la mafia” —sostuvo— implicaría “hacer imposible y castigar” todas las investigaciones avanzadas.
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