YA NO SE HACE EL BIEN PÚBLICO CON ANÁLISIS, ACUERDOS Y ESTUDIOS DE ESTRATEGIAS,
AHORA
LA LEY , LA JUSTICIA, LO CORRECTO A HACER, SE ENSEÑAN CON HOMBRES ADIESTRADOS PARA ATACAR A SUS HERMANOS.-
Critican la actuación policial en Chile contra los pobladores de Aysén
Carabineros reprimieron violentamente a niños y mujeres. (Foto: Efe)
El senador chileno de la organización política
Renovación Nacional (RN) por Aysén (extremo sur), Antonio Horvath,
criticó este viernes la actuación de las Fuerzas Especiales de
Carabineros en esa región contra los pobladores que protestan desde hace
un mes en la zona por una mejor calidad de vida.
"Fuerzas Especiales no tiene nada que hacer en la región de Aysén, porque estos temas se resuelven con acción policial normal; sirven para detener vándalos, delincuentes, encapuchados, y nunca a manifestantes pacíficos que hacen ollas comunes y fogatas", dijo Horvath al medio local Cooperativa.
La corresponsal de teleSUR en Chile, Beatríz Michell, reportó que el jueves se registraron niños heridos producto de la intervención policial.
Los enfrentamientos por parte de la Policía chilena contra los manifestantes de la sureña región de Aysén, se prolongaron el jueves por más de 15 horas.
El juez Juan Patricio Silva Pedreros, que actuó en calidad de juez de familia, determinó "la prohibición absoluta a carabineros del uso de elementos de disuasión, (bombas lacrimógenas y balines), en contra de las personas de los referidos menores y de sus respectivos domicilios".
"Se ha dado a conocer que las personas están asustadas por la situación de anoche", dijo, al tiempo que agregó que la Iglesia Católica llamó a terminar con la violencia y abogó por el diálogo que permita el cumplimiento de las demandas de los ayseninos.
En vista de las agresiones sufridas por el pueblo de Aysén, "todas las personas piden que se vayan los carabineros", dijo el funcionario chileno.
El senador defendió a los dirigentes locales, señalando que estos nunca han llamado a la violencia y reiteró que contrario al accionar de los cuerpos de seguridad, han encabezado sus protestas con civismo.
"Los dirigentes del Movimiento por Aysén jamás han convocado a este enfrentamiento, al contrario, esa es una resistencia de la propia población de Aysén", aseguró.
"En un enfrentamiento con Fuerzas Especiales que está atacando a la población, no es fácil llegar al diálogo", declaró el dirigente de Renovación Nacional.
Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera, no desiste de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y anunció que la norma será aplicada a aquellas personas que han cometido supuestos delitos contra el estado de derecho.
La Ley de Seguridad del Estado, que acarrea un agravamiento de las penas, tipifica entre otros delitos los cometidos contra el orden público mediante "desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública".
La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero también en circunstancias excepcionales por gobiernos democráticos, considera entre los delitos contra el orden público la "destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos".
Ésta es la segunda ocasión en que el Gobierno de Sebastián Piñera emplea esta ley. En enero pasado recurrió a ella en el marco del conflicto desatado por la subida del precio del gas en la región austral de Punta Arenas.
FUENTE,AQUÍ
"Fuerzas Especiales no tiene nada que hacer en la región de Aysén, porque estos temas se resuelven con acción policial normal; sirven para detener vándalos, delincuentes, encapuchados, y nunca a manifestantes pacíficos que hacen ollas comunes y fogatas", dijo Horvath al medio local Cooperativa.
La corresponsal de teleSUR en Chile, Beatríz Michell, reportó que el jueves se registraron niños heridos producto de la intervención policial.
Los enfrentamientos por parte de la Policía chilena contra los manifestantes de la sureña región de Aysén, se prolongaron el jueves por más de 15 horas.
El juez Juan Patricio Silva Pedreros, que actuó en calidad de juez de familia, determinó "la prohibición absoluta a carabineros del uso de elementos de disuasión, (bombas lacrimógenas y balines), en contra de las personas de los referidos menores y de sus respectivos domicilios".
"Se ha dado a conocer que las personas están asustadas por la situación de anoche", dijo, al tiempo que agregó que la Iglesia Católica llamó a terminar con la violencia y abogó por el diálogo que permita el cumplimiento de las demandas de los ayseninos.
En vista de las agresiones sufridas por el pueblo de Aysén, "todas las personas piden que se vayan los carabineros", dijo el funcionario chileno.
El senador defendió a los dirigentes locales, señalando que estos nunca han llamado a la violencia y reiteró que contrario al accionar de los cuerpos de seguridad, han encabezado sus protestas con civismo.
"Los dirigentes del Movimiento por Aysén jamás han convocado a este enfrentamiento, al contrario, esa es una resistencia de la propia población de Aysén", aseguró.
"En un enfrentamiento con Fuerzas Especiales que está atacando a la población, no es fácil llegar al diálogo", declaró el dirigente de Renovación Nacional.
Por su parte, el Gobierno de Sebastián Piñera, no desiste de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y anunció que la norma será aplicada a aquellas personas que han cometido supuestos delitos contra el estado de derecho.
La Ley de Seguridad del Estado, que acarrea un agravamiento de las penas, tipifica entre otros delitos los cometidos contra el orden público mediante "desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública".
La norma, invocada en numerosas ocasiones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero también en circunstancias excepcionales por gobiernos democráticos, considera entre los delitos contra el orden público la "destrucción, inutilización, paralización, interrupción o daño de elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos".
Ésta es la segunda ocasión en que el Gobierno de Sebastián Piñera emplea esta ley. En enero pasado recurrió a ella en el marco del conflicto desatado por la subida del precio del gas en la región austral de Punta Arenas.
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