Transnacionales quieren hacer hidroeléctrica en Panamá

 

Alegato de la cacica Silvia Carrera: ¡Que cesen ya los 519 años de abuso, discriminación y exterminio en Panamá!

Indígenas ngöbe-buglé: “Están vendiendo nuestros ríos y tierras a diestra y siniestra”

(SENA-Fobomade y PL).- Los mega proyectos hidroeléctricos en Panamá tensionan al máximo las relaciones entre la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngöbe Buglé y el gobierno de Ricardo Martinelli que funge como abogado de las transnacionales.

 

El movimiento indígena liderado por la cacica Silvia Carrera exige a Martinelli que suspenda la construcción de la hidroeléctrica Barro Blanco y cancele otras tres mega obras planificadas en territorios indígenas, pero el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega descarta de plano esa posibilidad, mientras el presidente defiende a sangre y fuego su ley minera 415.
“La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) está vendiendo a diestra y siniestra nuestros recursos naturales y patrimonios familiares como son los ríos y la tierra. Durante la privatización del Sector Eléctrico en 1997, los empresarios que dominan y secuestran nuestra democracia, decidieron todo. Arreglaron un gran negocio para generar salvajemente grandes ganancias, amparados de legislaciones que garantizan que no haya una opción de resistencia y de decir NO. Para nosotros esto no es democracia, esto es MAS DE LO MISMO”, denunció el 2 de febrero de 2011 el Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (Mocamderco).
El Mocamderco se refería a la Resolución AN N° 3714-Elec del 29 de julio de 2010, la cual otorga a la empresa Los Estrechos una concesión para la construcción, instalación, operación y mantenimiento de una generadora hidroeléctrica denominada Central Hidroeléctrica Los Estrechos, financiada por el Banco Do Brasil
 Para nosotros, firmar contratos y concesiones que comprometen al Estado con proyectos hidroeléctricos, mineros o cualquier otro que genere impactos sociales, ambientales y culturales debe ser una decisión tomada en consenso, con orden, planificación y justificación. No estamos ni estaremos de acuerdo con que se siga tomando las decisiones a espaldas del pueblo que es el afectado, el que vive el sufrimiento y el que tiene que conformarse con las promesas de cartón y falsa propaganda de un futuro mejor”, se pronunciaron los indígenas.
“Queremos progresar pero sin la hidroeléctrica del empresario Eduardo Vallarino. Las hidroeléctricas y las minas ya han dado muestra de su impacto. El ejemplo de Bayano y Petaquilla nos enseña que con la naturaleza no se juega y con la vida humana tampoco. Ahora nadie quiere hacerse responsable por los daños”, argumentaron.
 La lucha contra la represa Chan-75
 En septiembre de 2009, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas advirtió que el proyecto hidroeléctrico Chan-75 tendría “impactos significativos para las comunidades indígenas en el área del proyecto”. Además, reveló que “ninguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente y con carácter previo a la decisión de aprobar el proyecto por parte del Estado, ni tuvieron la oportunidad de otorgar su consentimiento en relación con su reasentamiento”. (A/HRC/12/34/Add.5)
 Se movilizan contra la hidroeléctrica Tabasará

Sin embargo, investigadores y grupos ecologistas alertaron que la represa inundará casi 900 hectáreas y afectará a por lo menos 50 mil personas de 45 comunidades. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) oculta información respecto a la cantidad de gente perjudicada, deploró el ex defensor del Pueblo Ítalo Antinori.
Los indígenas afectados, que jamás fueron consultados por el Consorcio Tabasará, presentaron a la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el EIA, y el 31 de enero de 2012 reanudaron las movilizaciones y el bloqueo de la vía Interamericana en rechazo del proyecto hidroeléctrico.
El 5 de febrero cayó muerto Jerónimo Rodríguez Tugri durante la brutal represión policial en San Félix, Chiriquí. El fallecimiento del niño fue horrible y en extremo doloroso pues un artefacto le impactó en pleno rostro, le sacó todos los dientes y le desbarató gran parte de la cara, pero no lo mató de inmediato. La autopsia confirmó que fue golpeado con un objeto contundente. Ocho testigos revelaron que un policía le disparó, y el ministro de Seguridad José Raúl Mulino tuvo que admitir que se usaron armas de fuego en la represión.
parte  de  el * Texto de Luis Manuel Arce Isaac, corresponsal de Prensa Latina en Panamá.
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