La militarización del Mundial de Brasil se confunde con las obras
terminadas a último momento y un país dividido por los costos y
presuntos beneficios que arrojará el torneo.
Esta semana se conoció que
el gobierno envió a un grupo de policías a entrenarse en tácticas
antiterroristas en Estados Unidos.
Los mandó a la empresa Academi, la ex Blackwater que operó durante la
invasión y ocupación de Irak, acusada de crímenes de guerra. La
multinacional emplea mercenarios para todo servicio. Su presidente es
Billie Joe McCombs, un multimillonario que fue dueño de San Antonio
Spurs, donde juega Emanuel Ginóbili y otras franquicias de la NBA y el
fútbol americano. “Fuimos enviados porque somos la tropa especializada
que será empleada durante una amenaza de ataque terrorista en San
Pablo”, le dijo al diario Folha el teniente Ricardo Bu-ssotti Nogueira,
jefe del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la policía
militarizada en aquella ciudad. En su página web Academi, que tiene tres
sedes y campos de entrenamiento en EE.UU., muestra un mapa a escala
planetaria
. Sobre él están marcados los territorios donde presta
servicios. Una buena parte de Sudamérica está señalada. No en vano la
convocó el gobierno de Dilma Rousseff.
La noticia publicada en Folha de S. Pablo les erizó la piel a los
opositores al Mundial. Muchos se reúnen por estos días para coordinar
acciones de repudio a la organización de la Copa. Son quienes ya
marcharon por las calles de varias ciudades del país pidiendo
hospitales, escuelas y seguridad con el estándar FIFA que se aplica a
los estadios. En portugués: el padrâo FIFA.
Un grupo de veintidós efectivos policiales realizaron el
entrenamiento de tres semanas en Moyock, estado de Carolina del Norte.
Academi tiene allí una de sus sedes. Las otras están en San Diego y
Salem. Los uniformados pudieron ser enviados gracias a un programa de
colaboración entre Brasil y Estados Unidos. Y fueron entrenados por
especialistas surgidos de una cantera temible: navy seals, rangers,
marines, fuerzas especiales canadienses y equipos SWAT.
La empresa de McCombs, a quien se le atribuye una fortuna que supera
los mil millones de dólares, está muy preocupada porque se la mencione
como la continuadora de Blackwater. Tampoco quiere que le recuerden a su
anterior dueño: Erik Prince. No la ayudan demasiado a despegarse sus
antecedentes y los integrantes de su staff: John Ashcroft, el ex fiscal
general de EE.UU. durante el primer gobierno de George W. Bush, el
almirante retirado Bobby Inman, y otro ex de la Casa Blanca, el abogado
Jack Quinn. En su página oficial se lee: “Academi es una empresa
totalmente independiente de la ex Blackwater”.
La compañía instruyó al teniente Bussotti Nogueira y su grupo en
Obstrucción Marítima de Terrorismo, un curso dictado por especialistas
de la fuerza especial de la marina –los navy seals– y de miembros de la
guardia costera de Estados Unidos, que financió el entrenamiento, según
Folha de S. Pablo. El gobierno de Barack Obama lleva invertidos 2,2
millones de dólares en la formación de policías brasileños.
Según explicó la Secretaría Extraordinaria de Seguridad de Grandes
Eventos (Sesge) brasileña, que depende del ministro de Justicia Eduardo
Cardozo, el objetivo del entrenamiento fue “la seguridad portuaria con
foco en cómo los terroristas operan en un ambiente marino, y cómo
reconocer amenazas y mitigarlas cuando sea necesario”.
Los efectivos enviados al campo de Moyock son apenas un puñado entre
los 170 mil agentes policiales, militares y privados que se encargarán
de la seguridad durante el Mundial. Como quedó comprobado en Sudáfrica
2010 cuando se azuzaba el fantasma de Bin Laden y un posible atentado
durante el torneo que nunca se produjo, es más factible que se confirmen
las hipótesis de conflicto interno. A saber, ataques de bandas narcos
como el Comando Vermelho de Río de Janeiro o de la delincuencia común.
Pero el gobierno no montará el mayor operativo de seguridad en la
historia de los mundiales –y cuyo costo estimado es
de 870 millones de
dólares–, solo por eventuales ataques externos o internos.
También le
preocupa que se repitan las protestas del año pasado durante la disputa
de la Copa de las Confederaciones. En ellas se movilizaron distintas
expresiones de la sociedad brasileña: miles de jóvenes que se
autoconvocaron por las redes sociales, opositores a Dilma de las clases
acomodadas, vecinos de barriadas humildes que lindan con los estadios y
cuyas casas fueron demolidas –el periodista Juca Kfouri calcula que 8350
familias fueron afectadas solo en Río–, ladrones que aprovecharon para
hacer su agosto y hasta un puñado de policías que se plegó a las marchas
con una sentada en San Pablo.
Entre el 1º y 3 de mayo se organizará en Belo Horizonte –donde
quedará concentrada la Selección argentina– una gran reunión de la
Ancop, la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa. Son
espacios colectivos de ciudadanos que están en contra del Mundial y que
vienen militando en diferentes sedes del torneo desde el año pasado.
Denuncian que “este megaevento está siendo usado para que diversas
empresas e instituciones –o sea, una minoría privilegiada– puedan lucrar
y explotar el erario y los bienes públicos. Somos una movilización
popular que organiza acciones de respuestas rápidas, críticas y
propositivas que queremos conseguir que nuestras ciudades y sus
poblaciones como un todo, puedan disfrutar de las inversiones
realizadas”.
Las manifestaciones contra la Copa de la FIFA, la organizadora que es
tan cuestionada como el gobierno por estos grupos, llevaron el
conflicto hasta Pará, al norte de Brasil, en la frontera con Surinam.
Allí la presidenta inauguró el viernes pasado el complejo portuario
Miritituba-Barcarena que conectará la Amazonia con el Atlántico para
exportar soja. A Dilma le gritaron: “No habrá Copa” y “Renuncio a la
Copa, quiero más dinero para la salud y la educación”. Otro grupo salió
en su defensa, pero ella se vio obligada a interrumpir su discurso por
un momento.
El Mundial viene muy recalentado
. Su organización demandó del Estado
brasileño el 85 por ciento de lo que se invirtió, mientras que el sector
privado colocó el 15 por ciento restante concentrado en los aeropuertos
y estadios. Las críticas que escuchó Rousseff en Pará no se detendrán.
Quizá una de las más duras llegó desde el ambiente del fútbol. En junio
de 2013
Romario, campeón mundial en 1994 y hoy diputado del Partido
Socialista, comentó:
“El verdadero presidente del país hoy se llama
FIFA. Llegó aquí y montó un Estado dentro de nuestro Estado”. Cuando
comience a rodar la pelota se verá si escalan las protestas de quienes
se oponen al Mundial o si el fútbol impone su propia música para
silenciarlas. Como sucedió casi siempre.
Addendo
Batalla en las calles de Copacabana
Vecinos de la favela Pavao Pavaocinho, al grito de “¡Policía
asesina!” y “¡Justicia, justicia!”, ocuparon la avenida Nossa Senhora de
Copacabana, horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva
Pereira, ocurrido en la noche del lunes.| DARÍO PIGNOTTI/Página12
Del morro y al asfalto. En Río de Janeiro decir “soy del morro”
significa que uno es parte de los casi dos millones de personas
hacinadas en alguna de las 700 favelas de calles irracionales que
desembocan en el “asfalto”, nombre dado a las avenidas que unen, o
trazan, una frontera entre las comunidades humildes y el resto de la
ciudad.
Esos dos mundos socialmente distantes se cruzaron el martes cuando
vecinos de la favela Pavao Pavaocinho, al grito de “¡Policía asesina!” y
“¡Justicia, justicia!” ocuparon la avenida Nossa Senhora de Copacabana,
horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva Pereira ocurrido
en la noche del lunes.
La rabia de los cientos de manifestantes llegados desde lo alto del
Morro Cantagalo (donde hay una vista panorámica de la playa) sacudió la
rutina del barrio Copacabana, sobrevolado por helicópteros en apoyo del
Batallón de Choque de la Policía Militarizada, mientras en los hoteles
ubicados frente al mar se aconsejaba a los turistas, muchos extranjeros,
que evitaran alejarse demasiado.
Durante algunas horas saltó a la vista la guerra invisible librada
diariamente por las fuerzas de (in)seguridad contra los pobres, agravada
paulatinamente desde 2008 cuando comenzaron a implantarse las Unidades
de Pacificación Policial (UPP), cuya finalidad era erradicar el
narcotráfico y garantizar el orden durante la Copa del Mundo que dará
inicio dentro de 46 días y las olimpíadas de 2016.
Hasta ahora “no se logró que la población (de las favelas) vea a las
UPP como algo suyo, que vean que las UPP están para protegerla…
(la gente
las ve) como fuerza externa de invasión”, observó Ignacio Cano,
investigador del Centro de Análisis de la Violencia de la Universidad
Estadual de Río de Janeiro.
El cuerpo de Douglas Rafael da Silva, bailarín de 26 años que
integraba el elenco del popular programa Esquenta (calentate) de la TV
Globo, fue encontrado el martes pasado dentro de una guardería infantil
en el morro Cantagalo, de la favela Pavao Pavaocinho, donde había ido a
visitar a su hija de 4 años.
Inicialmente la policía deslindó toda responsabilidad en el
fallecimiento de Da Silva Pereira atribuyéndolo al golpe que habría
recibido cuando cayó de lo alto de un muro, versión desmentida por una
foto publicada en un diario carioca y diseminada en Internet, en la que
se ve su cuerpo ensangrentado con un orificio de bala.
La imagen rudimentaria registrada por el celular que pertenecería a
un vecino desmontó la mentira policial obligando al comisario a cargo de
la investigación a reconocer que la víctima fue asesinada y admitir que
los responsables podrían ser agentes de la Unidad de la Policía
Pacificadora (UPP) establecida en la barriada.
La manifestación ocurrida en plena avenida Nossa Senhora de
Copacabana el martes y la ostensiva represión policial que dejó un joven
muerto (al parecer por una bala de fusil) fue presenciada por miles de
residentes de ese barrio de clase media y decenas de miles de
internautas que visitan los sitios creados para rebatir la
desinformación metódica del grupo Globo.
“No voy a dejar que la muerte de mi hijo caiga en el olvido,
agradezco mucho a los vecinos de la comunidad (Pavao Pavaocinho), si no
fuera por ellos mi hijo hubiera ido a una bolsa de residuos” para
hacerlo desaparecer como ocurrió con el albañil Amarildo de Souza en la
favela Rocinha, advirtió la madre de Douglas, María de Fátima da Silva,
furibunda, mirando de frente a las cámaras.
Si el asesinato del bailarín ocurrido el lunes pasado permitió una
momentánea visibilidad de la guerra urbana, el comienzo de este aparente
levante en las favelas, donde se percibe una mayor presencia de grupos
organizados, comenzó a despuntar en 2013.
En julio del año pasado, incluso durante la visita del papa Francisco
a Brasil, se realizaron nutridas movilizaciones, de las que
participaron no sólo vecinos de las barriadas pobres sino también
militantes universitarios, en repudio por el secuestro, tortura y
desaparición del albañil Amarildo de Souza, ocurrido en la UPP de la
favela Rocinha, próxima a las playas del sur de Río a la barriada Pavao
Pavaocinho.
La enfermera María Fátima da Silva parece ser el emergente de esa
multitud de cariocas
hartos de vivir bajo el yugo de las UPP, que luego
de erradicar (provisoriamente) la tiranía de los narcos transformaron a
las comunidades pobres en zonas de excepción donde impera un Estado de
Derecho de baja intensidad.
Posiblemente sea cierto que en la protesta por la muerte de Douglas
Rafael hubiera miembros del grupo Comando Vermelho, que controla el
narcotráfico en la zona, pero ese dato parcial no autoriza la versión
dada a coro por la policía y el grupo Globo, de que el crimen organizado
dirige a los manifestantes como títeres.
Durante el velatorio de su hijo, la señora Da Silva anunció que hará
lo posible para denunciar el caso en el exterior y obtener el concurso
de peritos imparciales para contrastar el laudo de los expertos de la
policía, para lo cual recibió el apoyo de Amnistía Internacional.
“
Lamentablemente el índice de homicidios de jóvenes en las favelas es
alarmante, la policía brasileña está entre las que más mata en el mundo
según datos de la ONU”, señaló esa organización humanitaria.
“Amnistía Internacional Brasil pide no sólo que las muertes sean
investigadas, esclarecidas y hallados sus responsables, sino que además
se reconozca la necesidad urgente de cambios en las estructuras
policiales que incluya el control externo de sus actividades”. De ese
modo, el comunicado de Amnistía toca en un punto crucial: la
impostergable supresión de la Justicia militar para juzgar delitos
cometidos por la policía, un lastre institucional heredado de la
dictadura que garantiza impunidad a los crímenes cometidos por los
agentes.
Visto: http://www.surysur.net/2014/04/un-mundial-entre-marines-y-protestas/
27 abril 2014 hora 18.00
