Actualizado:
16/04/2014 13:26 GM
Luego
de más de cuatro décadas de acción militarizada en la Nuestra América
por el gobierno estadounidense, bajo el pretexto del enfrentamiento al
tráfico ilegal de drogas, Washington persiste en utilizarla guerra
contra las drogas como estrategia imperial.
La cruzada antidroga fue declarada en 1971 por Richard Nixon y desarrollada por Ronald Reagan para Latinoamérica y el Caribe, en la década de 1980. Durante la Administración de Barack Obama (2013-2017), se han producido cambios importantes que inciden en la forma de encarar y percibir la lucha contra este flagelo.
Sin embargo, los matices en la forma de desarrollar la guerra contra las drogas no conllevan necesariamente a una reforma integral de las políticas antinarcóticos, que han estado marcadas por la continua militarización. Por el contrario, estas reformas se orientan a encubrir la impunidad y la violencia generada por las fuerzas militares, policiales y privadas, que actúan en los países más afectados de América Latina y el Caribe.
Siguiendo la historia de guerrerista contra las drogas se perciben dos lecturas básicas, la del manifiesto fracaso en la reducción del narcotráfico y la penetración político, militar y diplomática en la región, gracias su mantenimiento. Pero esta guerra ha presentado algunas modificaciones en los últimos años, fundamentalmente en la forma en que se proyectan el binomio del
Pentágono y el Departamento de Estado, y sus más fieles agencias:
- la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (Droga Enforcement Administration, DEA)
y- la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID).
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA vienen consolidando sus nexos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID) desde finales de la década del 80. En ello se ha acrecentado la participación de las Unidades de Investigación Confidencial (SIU), que son “(…) son grupos ultra secretos de agentes élite, casi siempre policiales, de la región que son equipados, entrenados y sometidos a escrutinio por parte de agentes de la DEA. Sus integrantes deben pasar por indagaciones de antecedentes, y someterse periódicamente al polígrafo y a pruebas por consumo de drogas. (…) Las SIU tienen acceso a las bases de datos de inteligencia de la DEA.”(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
A ello se le suman, en franca alianza con sus embajadas en la región, las acciones desplegadas desde la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Comando Sur o Meridional (USSOUTHCOM), en especial del uso que tienen en el segundo mandato de Obama, las Fuerzas Especiales Inter-Agencias Conjuntas Sur (JIATF-S), un componente del Comando Sur que opera desde Key West, Florida y los medios no tripulados (drones).
En esta trasformación de la militarización en la guerra contra las drogas también se emplean los Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior (FAST) por la DEA. “FAST es un programa táctico de ofensiva que despliega escuadrones de aproximadamente 10 agentes de la DEA con entrenamiento militar en todo el mundo. Los FAST han sido destacados al menos en 15 oportunidades en América Latina, y han estado presentes en cinco países: Haití, Honduras, República Dominicana, Guatemala y Belice.”(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
El despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales sobre diversos países reflejan un cambio de forma, mas no de contenido en cuanto a los propósitos geoestratégicos de Washington. Por ello continúa la visión intransigente, respecto a un reforma integral de las políticas antidrogas, que tomen en cuenta las características de los países de la región, los verdaderos niveles y tipos de consumo tanto en Latinoamérica y el Caribe como en Estados Unidos, y que profundicen el tratamiento al consumo de narcóticos y psicotrópicos como un problema de salud.
El debate por una mayor tolerancia al consumo de la marihuana gana espacios al interior de Estados Unidos, cómo lo reflejan su legalización en Washington y Colorado. Evidentemente el tráfico las armas de fuego, la guerra contra carteles y la diseminación de la violencia y la criminalidad en la región, valoriza la necesidad de reformas hacia una mayor tolerancia, ante el obstinado enfoque unidireccional con que tradicionalmente se ha orientado la política antidroga estadounidense.
A nivel internacional, logra consenso la necesidad de reformas importantes en las políticas antidrogas. En la Reunión especial de alto nivel en Viena, celebrada el pasado26 de junio de 2013, se platearon pautas hacia la necesaria Revisión sobre Drogas de la ONU en 2016. Al respecto apuntó Yury Fedotov, El Director Ejecutivo de Organización de acciones Unidas contra la droga y el Crimen (UNODC) puntualizó:
Las políticas de mayor tolerancia son defendidas por varios gobiernos Centroamérica, Suramérica y el Caribe han entrado al debate sobre la despenalización y legalización o no del cannabis (marihuana), esta última subregión a través de la CARICOM. Se parte de la lógica de legalizar los aspectos menos nocivos en los países más afectados, atendiendo a las particularidades de cada país, sus culturas y situaciones político-institucionales.
La situación caribeña resultará de gran atención en los próximos años por la reactivación de esa zona como ruta de trasiego de drogas, lo que ha manipulado a su favor Washington para incrementar la militarización del área, con el empleo de Drones y Fuerzas de Operaciones Especiales en tal empeño. Para esos propósitos y otros menos declarados, fue también reactivada la IV Flota en el verano de 2008 (1 de julio).
En el despliegue estadounidense sobre las costas del Caribe y el Golfo de México se ha resaltado la Operación Martillo desde enero de 2012. Ello se “justifica” con el creciente trasiego de drogas por la zona. “Los Estados Unidos estimaban que, en 2012, más del 80 por ciento del flujo principal de cocaína traficada hacia este país, transitaba inicialmente a través del corredor de América Central”, señala el Informe de Estrategia para el Control Internacional de Estupefacientes del Departamento de Estado para 2013”.(Departamento de Estado, 2013)
Esta cifra es superior según del jefe del Comando Sur, general John Kelly, quien considera que “un volumen estimado de 92-94 por ciento de la cocaína destinada a los EE.UU. aún fluye a través de América Central, de hecho, en 2012, según el Comando Sur, mediante la Operación Martillo interceptó152 toneladas de cocaína.(Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian, & Withers, 2013)
Para profundizar el cuidado de Centroamérica y el Caribe, el Comando Sur ha desplegado dos iniciativas subregionales: la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI) y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).La CARSI cuenta con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Estupefacientes y Fiscalización (INL) del Departamento de Estado, del FBI y respalda las Unidades Transnacionales Anti-Pandillas (equipos TAG), las cuales son unidades policiales en El Salvador, Guatemala y Honduras (Triángulo Norte),que comparten información sobre las actividades de los grupos de narcotraficantes.
Llama la atención en medio de los recortes presupuesto militar, se incrementen las partidas de dinero en asistencia en seguridad para las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Iniciativas de Seguridad para Centroamérica, el Caribe y Perú. En el caso peruano, viene a consolidar el posicionamiento geoestratégico en la subregión andina, llegando a establecer en ese país 9 bases militares.
El gigante suramericano, Brasil, se haya rodeado por 25 bases militares estadounidenses (23 en tierra), con posiciones estratégicas respecto a PRESAL y a la Amazonía. Por otra parte, la vulnerabilidad de la frontera entre Paraguay y Brasil, y los intereses estadounidenses sobre la Tripe Frontera, aumentan las amenazas para los proyectos integracionistas de la región.
El incremento de la presencia de Fuerzas de Operaciones Especiales, junto a las acciones del personal de inteligencia y los llamados contratistas, le otorga una menor trasparencia e impunidad la proyección exterior de seguridad de Washington en la región. Entretanto, Colombia se involucra en el entrenamiento de militares y policía en el exterior auspiciado por agencias estadounidenses, que aumentan su influencia sobre los efectivos de seguridad de varios países latinoamericanos y caribeños.
Análisis de las tendencias de la guerra contra las drogas de EE.UU. en América Latina y el Caribe
El tráfico ilícito de drogas es un problema de dimensión global. El impacto de este flagelo sobre la humanidad tiene consecuencias incalculables sobre la calidad de vida de la sociedad, la estabilidad política, la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la convivencia democrática, por lo cual se ven seriamente afectados los países de la región.
Para una valoración más integral de la situación actual de Latinoamérica se deben considerarse las tendencias de la producción y consumo de las drogas ilegales, contrastándolas con las políticas que asume el gobierno de Estados Unidos para su enfrentamiento en la región. Los problemas de corrupción, vulnerabilidad institucional y una violencia generalizada por la guerra entre los carteles y de estos con las fuerzas antidrogas, genera un clima de violencia y criminalidad que perjudica a todos los sectores de la sociedad.
Estas circunstancias denotan un difícil panorama de inestabilidad en los países más afectados, lo que limita su capacidad para proyectar líneas políticas coherentes de manera unilateral, por lo que hace insoslayable la búsqueda de consensos a nivel regional y la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. El mayor reto en esta dirección, radica en cómo ajustar esa colaboración para que no se comprometa la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los países que más sufren por este flagelo. A estas complejidades se suman las contradicciones y carencias entre las políticas desarrolladas por el gobierno de EE.UU. para contrarrestar el flagelo de las drogas con las normativas internas de los Estados latinoamericanos.
En la actualidad EE.UU., se mantiene como el principal mercado de
drogas y el primer productor de armas a nivel global.
Además, es el
líder indiscutible de las fallidas estrategias que delinean y definen
las políticas antidrogas en todas las regiones del mundo.???
Este problema básico impide la promoción de políticas antidrogas coherentes con cada país y región, donde se incite la inclusión ciudadana en los programas sociales y políticos. Ello tiene como trasfondo el mantenimiento de una visión unidireccional que prepondera tanto la seguridad para las fronteras y los intereses estadounidenses, que termina por ser ineficientes tanto para la región de América Latina y el Caribe como en el propio territorio estadounidense.
No obstante, los mayores afectados con la sostenida militarización de la guerra contra las drogas siguen siendo los países de la región, que con el curso de los años no sólo amplían sus vínculos en el mercado de estupefacientes estadounidense sino que generalizan las rutas y el consumo de drogas ilegales por toda la región; con efectos devastadores para la seguridad ciudadana, la criminalidad, los derechos humanos, la corrupción y la estabilidad política de los países más afectados.
Valorando esas realidades, se reducen los grandes despliegues militares, siendo sustituidas por un mayor uso las Fuerzas de Operaciones Especiales (huella ligera) y la llamada “guerra de cuarta generación.”Para ello se emplea un mayor uso de las tecnología de la informática y las telecomunicaciones (TICs), de los medios no tripulados (drones) para labores de monitoreo y enfrentamiento a los a los flujos ilícitos trasnacionales.
En este contexto, varios países latinoamericanos aumentan las presiones tanto a nivel gubernamental como por parte de la sociedad civil para lograr, de forma paulatina, la despenalización y legalización del consumo de algunas drogas, particularmente la marihuana y algunos estupefacientes de origen sintético y semi-sintético.
En la medida que siga creciendo la demanda de drogas ilegales (DI) en los países se hace más difícil contener la oferta. Entretanto, las multimillonarias ganancias del trasiego ilegal de drogas, continúan incrementado la corrupción, el blanqueo de capitales y el fomento de paraísos fiscales y centros offshore; favoreciendo los fondos de los bancos y empresas transnacionales que participan o se benefician, de alguna manera, en las diferentes fases de este negocio.
A pesar de que los delitos de blanqueo de capitales, corrupción, trasiego de armas de fuego y precursores químicos, forman parte esencial de la cadena criminal que apoya y reproduce el negocio de las drogas, estos resultan menos atacados que la esfera de la producción de estupefacientes. Ello tiene una razón eminentemente geoestratégica, puesto que su enfrentamiento supone la ubicación de facilidades militares en zonas de alto interés geopolítico y geo-económico para la élite del poder de EE.UU.
Ello explica la continua penetración político-diplomática y de seguridad en regiones claves de la región, entre las que resaltan la Amazonía y la Triple Frontera, sin olvidar la importancia para su seguridad nacional de México, y en un segundo orden, los países más afectados de Centroamérica y del área caribeña.
La militarización de la región se ha intentado justificar durante las últimas décadas por que una de las drogas ilegales (DI) consideradas más perjudiciales, la cocaína, registra sus mayores producciones en países de Latinoamérica, lo que ha servido de pretexto para profundizar el pilar militarista de las políticas antidrogas, a pesar de su manifiesto fracaso.
El dinamismo de la producción de drogas sintéticas, la variedad de sus tipos y formas de comercialización, desmonta las vías tradicionales de control e interdicción. Para que se tenga una idea, “(…) sólo en Europa se registraron en 2011 un total de 49 nuevos tipos de drogas sintéticas, lo que representa un récord en los últimos años, ya que en promedio cada semana llega al mercado una nueva droga. (…) entre 2010 y 2012, aumentó hasta 690 el número de páginas web que ofrecen sustancias estupefacientes producida en laboratorios, las así llamadas "drogas de diseño", bajo nombres como "Legal Highs" o "Herbal Highs".(Notimex, 2013)
A pesar de estos cambios, Washington prosigue con la llamada política de mano dura contra las drogas, hacia Latinoamérica “justificándose” por la necesidad de interdicción de cocaína cuando los estudios internacionales más avanzados revelan transformaciones en el consumo, que priorizan las sustancias sintéticas. La rigidez de esta política puede explicarse por los intereses colaterales que encierra para la conformación de la política exterior y de seguridad de Washington en la región.
Analizando la evolución y las tendencias de la guerra contra las drogas en la conformación de la política exterior y de seguridad de EE.UU. puede puntualizarse una mayor importancia de las políticas antidrogas estadounidense en las dinámicas político-diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, donde crecen las implicaciones del capital trasnacional estadounidense en el blanqueo de capitales.
La necesidad de profundizar más la atención a la salud pública en el problema de los drogas continúa ocupando un segundo plano. Sin embargo, “(…) aunque las drogas sean lícitas. Comercializadas abiertamente, incluso a través de internet (…) pueden ser mucho más peligrosas que las drogas tradicionales. Los nombres por los que son conocidas en las calles, como "especias" ("spice"), "miau-miau" y "sales de baño" inducen al error a los jóvenes que creen que se trata de diversión de bajo riesgo.”(ONUDC, 2013)
Las fallidas consecuencias de la guerra contra las drogas de EE.UU. merecen la inclusión de múltiples temas no militares, que permitan reconocer otras aristas del enfrentamiento a los flujos ilícitos trasnacionales, orientadas hacia factores político-diplomáticos y socio-culturales. Estos tienen una estrecha relación con las políticas públicas, los proyectos de inclusión ciudadana, reducción de las brechas socioeconómicas y de los índices de violencia y criminalidad que hoy afectan a la región. Ello no se resume a los temas estrictamente militares, sino que tienen un abanico de impactos hacia la seguridad ciudadana, la economía, el medio ambiente y la sociedad en general, que ameritan mayores esfuerzos
.
Nuestra América ante la guerra contra las drogas de Washington
El tráfico ilícito de drogas a nivel internacional genera dividendos que superan los 320 000 millones de dólares anuales. Se estima que el trasiego de cocaína mueve anualmente montos de 85 mil millones de dólares.(ONUDC, 2012)
“Al año, el crimen organizado mundial mueve unos 870 mil millones de dólares. De esa cantidad, el narcotráfico maneja 320 mil millones de U$; 32 mil millones se movilizan por “trata de personas”; siete mil millones en torno al tráfico ilegal de migrantes; casi 80 mil millones por negocios delictivos relacionados con la madera y especies animales; 140 mil millones por juego de apuestas ilegales.”(Rambaldi, 2012)
Esta situación acrecienta su impacto para la paz y la seguridad internacionales. La interconexión del crimen organizado trasnacional dificulta su enfrentamiento, dado el amplio abanico de oportunidades que se abren, ante las vulnerabilidades en la seguridad y la asistencia social que presentan los Estados-nacionales.
Los derroteros del crimen transnacional, recrudecen los problemas socioeconómicos y políticos que padece Latinoamérica, con un gran impacto sobre los procesos electorales, los proyectos de gobierno y la proyección exterior de los líderes de la región. Bajo esas circunstancias, el Consejo Sudamericano de Defensa, resulta una opción para el enfrentamiento, al menos de forma más autónoma, contra flagelo de las drogas. Esta Institución, creada como respuesta de la región, bajo la impronta del ex presidente brasileño Lula Da Silva, en el marco de la UNASUR, resulta un intento por dar respuesta, a los problemas más urgentes que atentan contra la paz y a seguridad latinoamericana.
Fortalecer los enfoques desde el sur al enfrentamiento antidroga es una necesidad existencial, ante las proyecciones del Comando Sur y el perfeccionamiento de las facilidades militares del hegemón en la región; la cual combinan con un paquete de cooperación en materia de asesoría jurídica, policial y “apoyo institucional”, que acentúan sus intereses sobre la región.
En este juego de poderes, vale la pena considerar qué papel desempeña Brasil como líder regional. La difícil situación sociopolítica de México, llamado a concentrar todas sus fuerzas en frenar el auge de los cárteles y la sangrienta guerra contra las drogas que tantos crímenes y víctimas cobra día a día, le impide una proyección más influyente hacia la Latinoamérica. Esa situación, consolida Brasil como actor principal, por lo que necesita fortalecer los esquemas de integración, para impulsar iniciativas que impidan la consolidación hegemónica de Estados Unidos en la región.
Entretanto, Obama afina su política exterior y de seguridad para el hemisferio en su segundo mandato, bajo la impronta de John Forbes Kerry como Secretario de Estado, que expone como paradigma de las relaciones con Latinoamérica al gobierno colombiano.
Desde esa perspectiva, el gobierno de EE.UU. ha recrudecido la guerra antidroga, con la autorizaron de la utilización de aviones no tripulados (Drones), para su utilización en la persecución de narcotraficantes e inmigrantes, en aras de aumentar la seguridad en la fronteras de EE.UU. con México y aquellas que le interesan allende a sus tierras y mares.
Conclusiones:
El tráfico ilícito de drogas mantiene un creciente impacto en la sociedad contra la seguridad ciudadana, los derechos humanos, el Estado de derecho, la gobernabilidad y la convivencia democrática de los países con una mayor incidencia del crimen organizado transnacional. La responsabilidad compartida de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe no se asume con seriedad por dicha potencia.
Lo que se manifiesta como tendencia en la proyección exterior y de seguridad de EE.UU. es la utilización de la lucha antidroga como justificación para el re-fortalecimiento de su dominio político y militar. La consolidación de su poderío militar en Latinoamérica a través de la guerra antidroga perfecciona su posicionamiento geoestratégico, desde el orden militar y de inteligencia, lo que supone una modernización tecnológica y de métodos a implementar que les asegura una hegemonía en este aspecto.
Estados Unidos se consolida como líder entre las potencias centrales en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, logrando incluir en sus estrategias a otros gobiernos imperiales tildados como “grupo de amigos”, haciéndose de un mayor control sobre Latinoamérica.
Los Estados Unidos y la OTAN practican una política incoherente en el enfrentamiento al TID, con estrategias desiguales en la erradicación de cultivos agrícolas que sirven de materia prima para las drogas ilegales (DI), que responden a sus intereses geoeconómicos y geopolíticos en cada región.
Las campañas mediáticas validan su imagen para controlar los recursos naturales, ubicar sus fuerzas militares y de inteligencia, deslegitimar los procesos de izquierda y/o reformistas en América Latina, en un intento de impedir sus alianzas. La estabilidad que cobre la región de forma autónoma es negada por el imperio norteño, reconociendo sólo aquellos programas que se adecuan a sus intereses.
Las medidas extremas y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico vulneran la soberanía de los países y varios principios del Derecho Internacional Público. Bajo el manto del multilateralismo aplica una retórica cuando en realidad sostiene una política bilateral con cada país, sin afectar la lucha contra el TID y protegiendo sus intereses geopolíticos y geoeconómicos.
Se estrechan los vínculos entre la producción y tráfico ilícito de estupefacientes con empresas legales en delitos conexos como la trata y el tráfico de personas, el lavado de dinero, el trasiego de armas de fuego y precursores químicos, utilizados para el procesamiento de drogas.
La diversificación del mercado de las drogas y los altos niveles de producción y consumo, siguen prevaleciendo en los Estados Unidos -con una tendencia al aumento del consumo de drogas sintéticas y semi-sintéticas demuestra la unilateralidad, la ineficacia y los fines esencialmente geopolíticos y geoeconómicos de las estrategias impulsadas por los gobiernos de ese país contra el mal llamado narcotráfico, evidenciándose la ineficacia de sus programas.
La militarización de la lucha contra la producción y el tráfico de las drogas -en particular de las de origen natural que se producen en los países Latinoamérica- inciden en el aumento de la violencia y de la inseguridad ciudadana, aspectos que son aprovechados por las clases dominantes para criminalizar las protesta sociales y reprimirlas.
En los países latinoamericanos y caribeños con mayores índices de producción y exportación, se produce un giro en las agendas políticas, que priorizan la seguridad ciudadana sobre otras demandas sociopolíticas.
Finalmente pude asegurase que el Estados Unidos impulsa estrategias “multilaterales” contra el “narcotráfico” y otros delitos conexos, como pretexto para el re-fortalecimiento de su dominación político-militar, particularmente en América latina y el Caribe.
http://www.hispantv.com/detail/2014/04/16/267712/la-guerra-antidrogas-de-eeuu-en-la-madre-amrica-una-estrategia-imperial
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