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jueves, 10 de octubre de 2024

No al golpe de Estado": Convocan a marchar en Colombia en defensa de Petro


Publicado:
El mandatario colombiano ha denunciado en reiteradas
ocasiones que la oposición pretende destituirlo.
.
"No al golpe de Estado": Convocan a marchar en Colombia en defensa de Petro

Las distintas fuerzas políticas que respaldan al

 Gobierno de Gustavo Petro en Colombia han 

convocado a la población del país a

 marchar en forma multitudinaria para defender la 

Presidencia del líder del Pacto Histórico, ante las 

pretensiones de la derecha colombiana que planea

 dar un "golpe de Estado" al mandatario.

"Si la derecha en Colombia quiere dar un golpe de

 Estado al gobierno del cambio, entonces mañana 

11 de octubre diremos 'marcho contra el golpe'. 

En las calles nos vemos! ¡No pasarán! Ciertos

 sectores están asustados y desesperados. ¡Vamos

 Colombia! No al golpe de Estado", expresó la 

senadora del partido Comunes, Sandra Ramírez, 

a través de X.

Por su parte, la líder indígena wayú Karmen Ramírez 

Boscán, congresista de la Cámara de Representantes,

 señaló que hay que respaldar el llamado del presidente

 Petro a movilizarse para defender la democracia y

 el triunfo de las fuerzas revolucionarias.

"Este triunfo nos ha costado mucho y no permitiremos

 que unos cuantos burócratas sin competencia nos 

arrebaten el derecho ganado democrática y limpiamente

 en las urnas, violando el Derecho Internacional. No

 al golpe de Estado", dijo.

De igual forma, la senadora del Pacto Histórico, María

 José Pizarro, dijo: "Este viernes desde las calles de 

Colombia decimos 'No al golpe de Estado'".

"Nos encontramos en la Plaza de Bolívar a partir de

 las 10:30 de la mañana para manifestarnos en unidad

 por la defensa de la democracia y en respaldo al

 presidente Gustavo Petro y el gobierno del pueblo",

 agregó Pizarro.

Investigación el CNE

La convocatoria sucede luego que a inicios de semana

 el Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado en

 su mayoría por magistrados de oposición, abriera

una investigación y acusara a Petro junto a tres 

miembros de su campaña electoral, por presuntamente

 sobrepasar el tope de recursos permitidos para los

 comicios presidenciales de 2022.

Por ello, además del mandatario, el ente comicial

acordó investigar a su entonces jefe de campaña,

 Ricardo Roa Barragán; a la tesorera de campaña,

 María Lucy Soto Caro; al auditor Juan Carlos Lemus 

Gómez, y a los partidos Colombia Humana y Unión

 Patriótica.

Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y

 Álvaro Hernán Prada, ambos vinculados con partidos

 de la oposición, consignaron en mayo pasado una

 ponencia en la que se refieren presuntas violaciones 

a los topes electorales superiores a los 5.355 millones

 de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares).

Los señalamientos se basarían en fondos no declarado

s, que abarcan desde donaciones y el pago a testigos

 electorales, hasta el desembolso de traslados aéreos y

 el alquiler de espacios usados para actos proselitistas.

La postura de Petro

Sin embargo, Petro ha insistido que el CNE ha incluido

en su causa actos previos al inicio de la campaña,

 una factura errada que fue posteriormente enmendada

 y ha realizado un cálculo tendencioso de horas de vuelo

, que no se corresponde con la metodología establecida

para esos casos.

"Solo después y ante la presión de alguna prensa de

 ultraderecha, y por decisión política de esos grupos,

 comenzaron otro proceso investigativo con una

 ponencia centrada en buscar sobretopes donde no

 los había con un propósito: […] dar el golpe de Estado", afirmó en un post publicado el pasado 17 de septiembre. 

En esos mismos días, Petro 

denunció abiertamente que desde 

el CNE se pretendía desaforarlo, porque esa entidad del 

Estado carece de competencias constitucionales para

 investigarlo. "Permitir el desafuero constitucional

 es iniciar un golpe de Estado", dijo entonces.

A estos señalamientos agregó que sus adversarios 

políticos, en contubernio con "la mafia" 

–el narcotráfico–, tramaban expulsarlo del poder en 

un lapso de tres meses por medio de un magnicidio

 o de una destitución irregular. 

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