Reino Unido criminaliza la solidaridad: Roger Waters podría ser condenado a 14 años de prisión por apoyar a Palestine Action
La maquinaria legal del Estado británico se activa para silenciar la protesta: la Ley de Terrorismo 2000 se convierte en un arma contra quienes denuncian el genocidio en Palestina.
En el Reino Unido de 2025, mostrar solidaridad con quienes luchan contra el genocidio puede costar 14 años de cárcel. El Estado ha declarado la guerra a la disidencia política, y la figura más reciente en enfrentar esta ofensiva es Roger Waters, bajista y fundador de Pink Floyd, quien ha sido puesto bajo investigación por declarar públicamente su apoyo a Palestine Action, organización proscrita por el gobierno británico el pasado 5 de julio.
¿Su “crimen”? Haber sostenido un cartel con el mensaje: “Yo, Roger Waters, apoyo a Palestine Action. Levántate, es ahora”, acompañado de una dura crítica al Parlamento británico, al que señaló como “corrupto por agentes de una potencia extranjera genocida”. Las autoridades estudian si procesarlo por “incitación al apoyo” de un grupo prohibido.
La etiqueta de «terrorista» impuesta a Palestine Action no responde a hechos de violencia armada ni ataques contra civiles. El grupo llevó a cabo una protesta directa contra la industria de la guerra: accedieron a una base de la RAF y pintaron de rojo dos aviones, simbolizando la sangre derramada en Gaza por las armas vendidas por el Reino Unido a Israel. Nadie resultó herido, no hubo daños estructurales. Pero el gesto bastó para que el Parlamento y la Cámara de los Lores aplicaran la Ley de Terrorismo 2000 como una mordaza a la protesta política.
Desde entonces, más de 200 personas han sido detenidas en todo el país. No por colocar bombas, sino por llevar pancartas, vestir camisetas o pronunciar frases de apoyo a Palestina. Las redadas han alcanzado a ancianas en Cardiff, estudiantes en Manchester, trabajadores en Londres. La represión se ha convertido en rutina.
El caso de Waters visibiliza lo que está en juego: no es solo una persecución personal, es un aviso para toda la sociedad. Expresar apoyo a quienes desafían la complicidad británica con crímenes de guerra se ha convertido en un acto de resistencia con precio judicial. Mientras se censura a artistas, se acalla a los manifestantes y se vigila cada consigna, la libertad de expresión queda secuestrada por los intereses de la industria armamentística y la diplomacia de guerra.
Pero la respuesta no se ha hecho esperar. Abogados, académicos, periodistas y activistas denuncian la deriva autoritaria. Juristas han presentado un recurso ante los tribunales para revertir la proscripción de Palestine Action, argumentando que “confundir protesta con terrorismo es abrir la puerta a un estado policial”. A la par, crece la convocatoria a actos públicos de desobediencia civil: cientos de personas preparan una campaña masiva para declarar su apoyo a Palestine Action, desafiando abiertamente la ley.
“La historia nos juzgará no solo por lo que hicimos, sino por lo que callamos”, dijo un portavoz del grupo desde la clandestinidad. “Si encarcelan a Waters, si nos encarcelan a todos, será por negarnos a aceptar que el crimen y la complicidad se vistan de legalidad”.
Hoy en el Reino Unido, denunciar un genocidio es considerado un acto terrorista. Pero cada intento de silenciar la solidaridad solo fortalece la resistencia. Porque, como dice el propio Waters: “Levántate. Es ahora.”
https://kaosenlared.net/reino-unido-criminaliza-la-solidaridad-roger-waters-podria-ser-condenado-a-14-anos-de-prision-por-apoyar-a-palestine-action/
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