19 October, 2012
“Organizaciones latinoamericanas y comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes, que vivimos cada día la
contaminación y la explotación de nuestros territorios por parte de
megaproyectos en mano de empresas nacionales y transnacionales
observamos que Naciones Unidas pretende encubrir y normalizar conductas
violatorias empresariales que atentan contra los derechos humanos de los
pueblos”…
COMUNICADO PUBLICO
Naciones Unidas: ¿Quién quiere pasar por la puerta giratoria?
Organizaciones latinoamericanas y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que vivimos cada día la contaminación y la explotación de nuestros territorios por parte de megaproyectos en mano de empresas nacionales y transnacionales observamos que Naciones Unidas pretende encubrir y normalizar conductas violatorias empresariales que atentan contra los derechos humanos de los pueblos.
Ese órgano fomenta la adopción y promoción de mecanismos voluntarios con respecto al cumplimiento de derechos inalienables de la humanidad, en vez de impulsar un marco regulatorio real y obligatorio. Al mismo tiempo, promueve la contratación de reconocidos portavoces de empresas transnacionales extractivistas para cargos de decisión política en la ONU; y sus expertos salen de cargos relacionados con empresas y derechos humanos para asesorar a corporaciones transnacionales sobre los mecanismos voluntarios.
Las empresas transnacionales ostentan poder económico y político, en muchas ocasiones superiores a los países en donde desarrollan sus actividades, lo que las convierte en actores con enorme capacidad de imponer sus intereses por encima de los derechos de las personas y de los pueblos que viven bajo la esfera de su influencia. Dejarlas al margen de las regulaciones sobre derechos humanos, socava la legitimidad de las estructuras que se pretendan democráticas.
Por ello, las empresas deben ser sancionadas por su participación en violaciones a los derechos humanos, y no gozar de la aplicación de estándares voluntarios, impulsados por ellas mismas, como el Pacto Global de la ONU o Principios Rectores elaborados por John Ruggie.[1] Ese marco desregulatorio, sostiene explícitamente que de los principios expuestos “no se deriva ninguna nueva obligación jurídica”. Entre tanto, las corporaciones transnacionales encuentran o promocionan legislaciones nacionales favorables que se ajusten a sus intereses y la “lex mercatoria”[2] mientras las comunidades se enfrentan con la imposibilidad de acceder a la justicia y de recibir garantías mínimas de protección..-
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