La Asociación de Desarrollo Social y Económico advierte que el convenio entre Estados Unidos y El Salvador facilita la extracción de minerales críticos y tierras raras, amenazando directamente la salud pública, el suministro de agua y el equilibrio ecológico local.
Pra los habitantes de Santa Marta, la red de intereses empresariales y estatales no solo busca la exportación de recursos hacia el país norteamericano, sino que también amenaza con provocar desalojos masivos y agravar la crisis hídrica. Foto: EFE
Organizaciones antimineras y la comunidad de Santa Marta, en el departamento salvadoreño de Cabañas, denunciaron que la reciente firma de un acuerdo comercial entre el Gobierno de Nayib Bukele y la Administración de Donald Trump acelera la amenaza de la minería metálica en el país.
Según la Asociación de Desarrollo Social y Económico (ADES), este convenio busca facilitar la extracción de tierras raras y minerales críticos, lo que representa un peligro para la salud pública, el acceso al agua y la estabilidad de los ecosistemas locales.
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Ante esta situación, los activistas exigen la derogación de la Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024, calificándola como una medida necesaria para la «salvación nacional». La comunidad advierte que el Ejecutivo salvadoreño podría estar habilitando la exploración minera para alinearse con los intereses estratégicos de Estados Unidos y desplazar la influencia de otros actores geopolíticos como China.
«Políticamente lo único que le convendría al Gobierno de Nayib Bukele sería habilitar la posibilidad de exploración minera. Esto abriría espacio para que empresas que ya tienen representantes en el país puedan operar con el aval del Gobierno de Estados Unidos», afirmaron representantes de la comunidad.
Los representantes de ADES señalaron que ya se reporta el ingreso de maquinaria al territorio para la búsqueda de minerales como el torio, usado comúnmente como combustible en plantas de fusión nuclear.
Además, denunciaron que existe información sobre el entrenamiento de personal militar en el extranjero para operar estos equipos, lo que sugiere una estrategia de militarización para resguardar los intereses de las empresas extractivas bajo figuras de asociación público-privado.
El avance de estos proyectos se trataría de un consorcio de capital hondureño, vinculado a grupos económicos con influencia política que, en el marco de acuerdos con Estados Unidos, podría facilitar el envío de minerales extraídos hacia ese país como parte de reservas estratégicas.
Para los habitantes, esta red de intereses empresariales y estatales no solo busca la exportación de recursos hacia el país norteamericano, sino que también amenaza con provocar desalojos masivos y agravar la crisis hídrica, debido a la posible contaminación por arsénico en las fuentes de agua subterránea.
Finalmente, las organizaciones expresaron su preocupación por el uso de operativos policiales y militares permanentes para silenciar la resistencia comunitaria, como se ha observado recientemente en San Francisco Angulo, San Vicente.
Los ambientalistas temen que terrenos destinados a rellenos sanitarios sean utilizados para el depósito de desechos mineros, incrementando el riesgo de desplazamientos forzados. Ante este panorama, hacen un llamado a todos los sectores de la sociedad a cerrar filas contra la minería antes de que los daños ambientales y sociales sean irreversibles para las futuras generaciones.
Autor: teleSUR: ig - JB
Fuente: Agencias
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