TeleSurtv. Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2026
La Central Obrera Boliviana (COB) activó un protocolo de emergencia en rechazo a las recientes políticas adoptadas por el gobierno de Rodrigo Paz.
La Central Obrera Boliviana (COB), la principal organización sindical del país, declaró el miércoles 25 de febrero el estado de emergencia en rechazo a una serie de medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz en las últimas semanas, consideradas contrarias a los intereses de la clase trabajadora y responsables de la disminución en la calidad de vida del pueblo boliviano.
La organización sindical enumeró en al menos seis medidas promovidas o ya implementadas por el Gobierno nacional que considera inaceptables. Entre estas se encuentran la modificación de la Ley General del Trabajo y el intento de despojo de tierras mediante la reforma de la Ley 157.
Asimismo, la COB rechaza un proyecto de ley que busca sancionar con hasta 12 años de cárcel el uso del bloqueo de caminos como medida de protesta social, exigiendo el archivo inmediato y definitivo de este proyecto de ley «antibloqueos». La organización advirtió con iniciar acciones de presión si no se anulan estas decisiones que afectan la soberanía y los derechos laborales.
Otra demanda crucial de la COB es la actuación transparente del Ministerio Público, conforme a la Ley 260, en el caso de las «narcomaletas» y en los nuevos hechos de narcotráfico descubiertos en el aeropuerto de Viru Viru. El denominado caso «maletas» se refiere a un cargamento de 32 maletines extraídos en un vuelo privado desde Estados Unidos a Santa Cruz hace más de dos meses por una exdiputada de ultraderecha; equipajes que, hasta la fecha, han desaparecido y cuyo contenido exacto aún se desconoce.
En rueda de prensa, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, precisó que una preocupación significativa para la COB es el «exagerado endeudamiento externo» del país. Actualmente, Bolivia registra una deuda de 14.131 millones de dólares y según Argollo, el país está siendo «hipotecado» bajo condiciones desconocidas para la población, y se proyecta alcanzar los 15.600 millones de dólares, mientras que al finalizar la gestión de Gobierno de Rodrigo Paz, la deuda podría rondar los 30.000 millones de dólares.
La dirigencia sindical también denunció la vulneración de la Constitución Política del Estado tras el decreto que subordina la Vicepresidencia al Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo. Argollo señaló que un funcionario electo democráticamente no puede depender de un cargo designado «a dedo».
Finalmente, la COB exigió responsabilidades por el daño a miles de vehículos debido a la mala calidad de la gasolina y el aumento del combustible en casi un 90 por ciento, al tiempo que manifestó la condena del organismo ante el hecho de que el Ejecutivo gobierne por decreto sin respetar las funciones de la Asamblea Legislativa.
Esta nueva ola de indignación se suma a las movilizaciones que, desde el año 2025, los trabajadores han protagonizado en las calles para rechazar la agenda neoliberal del Ejecutivo. Más de 60 sindicatos nacionales y organizaciones campesinas manifestaron su firme rechazo a las primeras decisiones económicas del presidente Rodrigo Paz, denunciando que sus decretos benefician exclusivamente a sectores privilegiados mientras golpean a las mayorías populares.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, afirmó que la clase trabajadora está cansada de políticas que ignoran las necesidades del pueblo, exigiendo que el Estado legisle en favor de las grandes mayorías.
Por su parte, organizaciones vecinales y sindicales alertaron sobre la falta de medidas para contener el incremento en las tarifas de agua y electricidad, así como el alza en el precio del pan tras la eliminación de subvenciones estatales, decisiones que contrastan con la eliminación de impuestos a las grandes fortunas.
Denuncias de campesinos
Desde el sector agrario, el vicepresidente de la Confederación Única de Campesinos, Vicente Choque, denunció el abandono gubernamental tras la pérdida de más de 3.000 hectáreas de cultivos en el Chapare debido a las lluvias.
Choque señaló que, mientras el Gobierno asiste de inmediato al sector empresarial, los campesinos no han recibido fertilizantes ni ayuda para recuperar la producción. Según el dirigente, el discurso oficial que califica al país como «un cadáver» busca justificar la privatización de empresas estatales y la entrega de recursos naturales al sector privado.
Feliciano Vegamonte, líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, sostuvo que el retorno al libre mercado promovido por Paz representa un grave perjuicio económico para los pequeños productores y el sector manufacturero. La dirigencia sindical advierte que la ruta de la privatización y la desatención social profundizará el conflicto con las bases que, desde hace meses, exigen una gestión soberana y justa.
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