TeleSurtv. Resumen Latinoamericano, 26 de febrero de 2026
La organización detalló que en agosto de 2025, durante un proceso de justicia indígena en Cotopaxi, salió a la luz la existencia de una red de inteligencia policial en Ecuador para seguir a organizaciones sociales, incluido el Frente.
En Ecuador, el Frente Nacional Antiminero denunció la existencia de una persecución sistemática contra defensores de la naturaleza y dirigentes comunitarios que se oponen a proyectos extractivos, en un contexto que combina procesos judiciales, bloqueos de cuentas y acciones de inteligencia en varias provincias del país.
La organización aseveró que desde 2025 se ha intensificado la criminalización de activistas, especialmente en Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, donde más de 200 campesinos han sido procesados en el marco de conflictos mineros activos.
La organización aseveró que desde 2025 se ha intensificado la criminalización de activistas, especialmente en Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, donde más de 200 campesinos han sido procesados en el marco de conflictos mineros activos.
El colectivo denunció que desde julio del año pasado se ha construido un discurso oficial y empresarial destinado a asociar a sus miembros con el crimen organizado, la minería ilegal y supuestas irregularidades financieras, en el contexto del conflicto armado interno declarado por el Gobierno.
Asimismo, señaló que esa narrativa fue promovida tanto por la Administración del presidente Daniel Noboa como por abogados vinculados a corporaciones mineras internacionales.
Actualmente, más de 60 personas enfrentan causas penales por su participación en acciones de defensa del agua y los territorios, indicó el Frente, que anunció además una campaña para visibilizar estos casos y respaldar a quienes atraviesan procesos judiciales.
La organización detalló que en agosto de 2025, durante un proceso de justicia indígena en Cotopaxi, salió a la luz la existencia de una red de inteligencia policial dedicada al seguimiento de organizaciones sociales, entre ellas el propio Frente.
También informó que el 18 de septiembre pasado, 71 personas —incluidos líderes sociales, ecologistas, académicos y defensores de derechos humanos— fueron sometidos a procesos judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito, entre los cuales figuraban 16 miembros del Frente.
Al mismo tiempo, varias cuentas bancarias personales fueron congeladas sin autorización judicial ni explicación administrativa, y posteriormente se añadieron cargos relacionados por presunto financiamiento de terrorismo.
A pesar de que algunos tribunales ordenaron reabrir ciertas cuentas, seis miembros del Frente siguen sin acceso a ellas debido a su bloqueo permanente, lo que constituye un severo estrangulamiento económico.
La denuncia del Frente coincide con el debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, norma que la organización demanda sea archivada por favorecer a empresas multinacionales.
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