Un año bajo ataque: las violaciones israelíes contra las comunidades beduinas palestinas
En un escenario caracterizado por una escalada sistemática de violencia organizada, los territorios palestinos ocupados presenciaron durante el año 2025 una ola sin precedentes de violaciones israelíes que ya no se limitan a incidentes aislados o a medidas de seguridad transitorias, sino que reflejan una política integral dirigida contra la propia existencia palestina, y de manera particular contra las comunidades beduinas y los grupos marginados. Estos sectores, que ya viven en los márgenes de la protección legal y económica, se encontraron en confrontación directa con una cadena continua de prácticas coercitivas que afectaron los aspectos más precisos de su vida cotidiana, desde la vivienda y los medios de subsistencia hasta la libertad de movimiento y la seguridad personal.
Durante el año 2025, la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y las Aldeas Objetivo documentó miles de violaciones perpetradas por las milicias de colonos y el ejército israelí, las cuales revelaron un patrón recurrente de desplazamiento forzado, demolición de viviendas, confiscación de tierras y ataques contra la propiedad, además de un acoso sistemático contra pastores, agricultores y estudiantes. Estos hechos no constituyeron sucesos aislados, sino que se produjeron en el marco de una escalada organizada destinada a vaciar amplias zonas de población palestina y a reconfigurar por la fuerza la geografía y la demografía palestinas, en clara violación del derecho internacional humanitario y de los principios fundamentales de los derechos humanos.
La Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y las Aldeas Objetivo es la única organización en Palestina que trabaja en el seguimiento de las cuestiones beduinas y en la defensa de sus derechos, así como en la denuncia de las políticas israelíes que atacan su existencia y su resiliencia en las zonas C.
Marco geográfico y humano
Las violaciones israelíes documentadas durante 2025 se concentraron en áreas específicas de Cisjordania, zonas cuyo ataque no puede separarse de su ubicación geográfica ni de su importancia estratégica dentro de los planes coloniales israelíes. Las comunidades beduinas y las sociedades rurales marginadas, que se extienden desde el Valle del Jordán palestino, pasando por el este de Nablus y Ramala y los alrededores de Jerusalén Oriental, hasta el sur de la gobernación de Hebrón, se transformaron en espacios abiertos para la experimentación de políticas de control, presión y desarraigo gradual.
Estas áreas, que en su mayoría se encuentran dentro de lo que se conoce como zonas (C), viven en un estado permanente de ausencia de protección legal, ya que están sometidas a un control israelí total y privadas de los más básicos requisitos de planificación y construcción, lo que expone constantemente a sus habitantes a órdenes de demolición y confiscación. En este contexto, el ataque no parece aleatorio, sino dirigido a comunidades específicas que constituyen una continuidad geográfica que obstaculiza la expansión de los asentamientos o limita su interconexión.
En el plano humano, los grupos afectados por estas violaciones se cuentan entre los más vulnerables: familias beduinas que dependen del pastoreo y la agricultura para su subsistencia; agricultores que enfrentan restricciones diarias sobre sus tierras; mujeres que cargan con el peso del desplazamiento reiterado y la pérdida de estabilidad; y niños obligados a crecer en un entorno dominado por el miedo y la privación. Asimismo, estudiantes, activistas y personas solidarias no quedaron al margen del círculo de ataque, en un intento evidente de quebrar cualquier forma de resiliencia o protección comunitaria.
Magnitud de las violaciones durante el año 2025
Los datos incluidos en el informe de la Organización Al-Baidar revelan un panorama sombrío respecto a la magnitud de las violaciones israelíes cometidas contra las comunidades beduinas y marginadas durante 2025, ya que el número de violaciones documentadas alcanzó aproximadamente 5.890 en un solo año. Esta cifra, más allá de ser un recuento técnico, refleja un ritmo de escalada sin precedentes y señala la consolidación de un patrón de violaciones diarias que se han convertido en parte de una realidad de vida impuesta por la fuerza.
El análisis de estos datos muestra que las violaciones no se distribuyeron de manera uniforme, sino que se concentraron en regiones específicas y en períodos de tiempo que registraron un aumento de la actividad colonizadora, lo que refuerza la hipótesis de la interrelación entre las políticas de asentamientos y la intensificación de los ataques. Las cifras también revelan una clara superposición entre las distintas formas de violación, ya que las operaciones de demolición suelen ir acompañadas de incursiones, agresiones y confiscaciones de bienes, en una escena que refleja la integración de las herramientas empleadas para afianzar el control y empujar a la población hacia el desplazamiento forzado.
Estos indicadores señalan que el año 2025 no fue un año ordinario en el historial de violaciones, sino que representó una fase avanzada de presión sistemática, en la que se utilizan de manera paralela la fuerza militar, los procedimientos administrativos y la violencia de los colonos dentro de un mismo engranaje operativo.
Principales patrones de las violaciones israelíes
Primero: desplazamiento forzado y demolición de viviendas
El desplazamiento forzado constituye la piedra angular de la política israelí de ataque contra las comunidades beduinas. El proceso suele comenzar con órdenes de demolición bajo el pretexto de la “construcción sin licencia”, en el marco de un sistema de planificación al que resulta imposible que los palestinos se ajusten. A estas órdenes les siguen demoliciones efectivas que afectan viviendas, tiendas de campaña, establos e instalaciones agrícolas, lo que provoca el desalojo de familias enteras y las priva de los más elementales factores de estabilidad.
El impacto de las demoliciones no se limita a la pérdida de la vivienda, sino que se extiende a la creación de un estado permanente de incertidumbre y temor que empuja a la población a considerar el desplazamiento como la única opción para evitar la repetición de la tragedia.
Segundo: ataques contra la propiedad y los medios de subsistencia
Junto a las demoliciones, los ataques contra la propiedad se consolidaron como una herramienta central para golpear los medios de vida. Los informes documentaron la quema de vehículos, la destrucción de viviendas, el arranque de árboles frutales y la confiscación de equipos agrícolas. Estos ataques, gran parte de los cuales son perpetrados por colonos bajo la protección de las fuerzas de ocupación, buscan empobrecer a la población y secar sus fuentes de sustento, en un claro intento de forzarla a abandonar sus tierras.
Tercero: ataques contra la riqueza ganadera
Las comunidades beduinas dependen fundamentalmente de la cría de ganado, lo que las convirtió en un objetivo directo de las políticas de restricción. Las violaciones incluyeron el robo y la matanza de animales, la prohibición del pastoreo, el cierre de pastizales naturales y la imposición de severas restricciones a la movilidad de los pastores. Estas medidas provocaron graves pérdidas económicas y condujeron al socavamiento del propio modo de vida beduino.
Cuarto: control de los recursos naturales y la infraestructura
El control israelí también se manifestó en la apropiación de manantiales de agua, la prohibición del acceso palestino a ellos y el cierre de caminos agrícolas y pastoriles. Estas prácticas indican un intento sistemático de redistribuir los recursos naturales en beneficio de la expansión de los asentamientos, a costa de la población originaria.
Quinto: violaciones contra niños y estudiantes
Los niños no quedaron al margen del ataque, ya que se documentaron casos de intimidación y persecución de estudiantes durante su camino a las escuelas, lo que creó un entorno educativo inseguro y contribuyó al aumento de las tasas de deserción escolar. Este patrón de violaciones constituye una agresión directa contra el derecho a la educación y un intento de quebrar la continuidad de la vida normal de las generaciones emergentes.
Sexto: represión y detenciones
Estas violaciones se vieron acompañadas de incursiones reiteradas y detenciones que afectaron a activistas y personas solidarias, en un esfuerzo por criminalizar la solidaridad y frenar cualquier intento de documentar o denunciar lo que ocurre sobre el terreno. Este patrón revela un empeño sistemático por silenciar las voces disidentes y socavar el trabajo de derechos humanos y la acción comunitaria.
Los impactos humanitarios, sociales y económicos
Las violaciones israelíes documentadas en el informe de la Organización Al-Baidar, dirigidas contra las comunidades beduinas y marginadas, no se limitaron a agresiones materiales directas, sino que extendieron sus efectos para golpear profundamente la estructura humanitaria, social y económica de las comunidades beduinas y los grupos marginados, transformando la vida cotidiana en una cadena continua de crisis complejas. Detrás de cada cifra registrada de violaciones se ocultan historias de pérdida, desplazamiento y quiebre de los modos de vida tradicionales que durante largos años constituyeron la base de una relativa estabilidad para estas comunidades.
Primero: los impactos humanitarios – vivir bajo una amenaza permanente
Según el informe de la Organización Al-Baidar, las miles de violaciones registradas en 2025 generaron una situación humanitaria asfixiante, caracterizada por la ausencia de seguridad y estabilidad. El desplazamiento forzado, la demolición de viviendas y las reiteradas órdenes de demolición no significan únicamente la pérdida del refugio, sino que imponen a las familias un modo de vida marcado por la ansiedad, la espera constante y el temor a un nuevo momento de desarraigo. La población vive bajo la amenaza permanente de perder todo lo que posee, lo que se refleja de manera directa en su salud psicológica, especialmente entre los niños y las personas de edad avanzada.
El informe señala asimismo que la repetición de incursiones diarias y las provocaciones constantes de grupos de colonos han creado un entorno hostil que priva a la población de su sentido de dignidad humana, ya que la vida pasa a gestionarse bajo el peso de la dominación y la fuerza, y no conforme al mínimo de derechos humanos. En este contexto, las tiendas de campaña y las viviendas temporales se transforman en símbolos frágiles de una existencia amenazada, y no en espacios seguros para la vida.
Segundo: los impactos sociales – desintegración del tejido comunitario y de la identidad
En el plano social, los datos de la Organización Al-Baidar revelan un proceso sistemático de desarticulación del tejido comunitario en las comunidades beduinas. El desplazamiento reiterado, ya sea efectivo o latente a través de órdenes de demolición, condujo a la fragmentación de las familias extensas y obligó a algunas de ellas a dispersarse en busca de refugio o de una fuente alternativa de ingresos. Esta desintegración no fue el resultado de una circunstancia coyuntural, sino de una política de presión constante destinada a desestabilizar la cohesión social y empujar a la población hacia el abandono de sus lugares de residencia.
El informe también señala la focalización sobre los grupos más vulnerables, encabezados por los niños y los estudiantes, mediante la intimidación y la persecución durante su trayecto hacia las escuelas, lo que contribuyó a la creación de un entorno educativo expulsivo y debilitó la continuidad del proceso educativo. Estas prácticas no solo amenazan el presente, sino que golpean el futuro de las generaciones venideras y afectan su capacidad de permanencia y resiliencia en su tierra.
Asimismo, se evidencian intentos de quebrar el espíritu de solidaridad comunitaria mediante la detención de personas solidarias y activistas, en un esfuerzo claro por aislar a las comunidades de su entorno de apoyo y criminalizar cualquier forma de protección popular o de acción en defensa de los derechos.
Tercero: los impactos económicos – el agotamiento de las fuentes de sustento y el empuje hacia la pobreza
Desde el punto de vista económico, el informe de la Organización Al-Baidar explica que las violaciones israelíes constituyeron un golpe directo a los medios de vida tradicionales de las comunidades beduinas, que dependen fundamentalmente del pastoreo y la agricultura. La confiscación de tierras, el cierre de pastizales, el control de los manantiales de agua y la prohibición de arar las tierras no fueron medidas aisladas, sino instrumentos eficaces para agotar las fuentes de sustento y empujar a la población hacia una dependencia forzada de la ayuda humanitaria.
Asimismo, la quema y destrucción de propiedades y vehículos, así como el robo y la matanza de ganado, provocaron pérdidas devastadoras para las familias, que en muchos casos perdieron su único capital. El informe indica que estas pérdidas no pueden compensarse fácilmente, debido a la limitación de alternativas económicas y a la ausencia de un apoyo compensatorio real, lo que coloca a las familias ante opciones extremas: continuar viviendo en condiciones de pobreza severa o desplazarse forzosamente en busca de una vida menos dura.
El análisis de los impactos humanitarios, sociales y económicos, basado en el informe de la Organización Al-Baidar, demuestra que las violaciones israelíes durante 2025 trascendieron la condición de agresiones aisladas para constituir un sistema integral de presión que apunta simultáneamente al ser humano, a la tierra y al modo de vida. Las comunidades beduinas no solo enfrentan el riesgo de perder sus viviendas, sino también el peligro de ser vaciadas de su contenido social y económico y de ver amenazada la continuidad de su presencia histórica en la tierra.
El marco jurídico internacional
Al someter las violaciones documentadas en el informe de la Organización Al-Baidar durante 2025 a los estándares jurídicos internacionales, se revela una profunda brecha entre lo que establece el derecho internacional humanitario y lo que se practica efectivamente sobre el terreno. Las prácticas israelíes contra las comunidades beduinas y los grupos marginados no pueden clasificarse como medidas de seguridad excepcionales, sino que se encuadran, conforme a las definiciones jurídicas internacionales, dentro de violaciones graves que afectan el núcleo de la protección de la población civil bajo ocupación.
El derecho internacional humanitario, y en particular el Cuarto Convenio de Ginebra, prohíbe explícitamente el desplazamiento forzado de la población civil y la destrucción de bienes privados, salvo en casos de necesidad militar imperiosa y directa. Sin embargo, lo documentado por la Organización Al-Baidar en cuanto a demoliciones sistemáticas, reiteradas órdenes de demolición y confiscación de tierras y propiedades pone de manifiesto la ausencia de cualquier justificación militar real, frente a la clara presencia de consideraciones políticas y colonizadoras.
Asimismo, el control sobre los recursos naturales, especialmente los manantiales de agua y los pastizales, constituye una violación directa de los derechos de la población protegida y una transgresión del principio que prohíbe la explotación de los recursos del territorio ocupado en beneficio de la potencia ocupante. Esta infracción se vuelve aún más evidente cuando dicho control se utiliza como herramienta de presión para obligar a la población a desplazarse, en abierta contradicción con la prohibición de los castigos colectivos.
En cuanto a las violaciones que afectaron a niños y estudiantes —intimidación, persecución y privación del acceso seguro a la educación—, estas se inscriben en el ámbito de la violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a proteger a la infancia en situaciones de conflicto armado y a garantizar su derecho a la educación y a la protección psicológica y física.
Ante la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, estas transgresiones se convierten en un patrón recurrente que se desarrolla en un entorno prácticamente inmune a la responsabilidad, lo que profundiza la cultura de la impunidad y vacía al derecho internacional de su contenido práctico sobre el terreno.
Conclusión
Con base en los datos de la Organización Al-Baidar y en el análisis del contexto de campo y jurídico, se evidencia que las violaciones israelíes durante el año 2025 no fueron aleatorias ni excepcionales, sino que se produjeron en el marco de una política sistemática orientada a reconfigurar la realidad demográfica y geográfica de Cisjordania, en detrimento de la presencia palestina, y de manera particular de las comunidades beduinas y los grupos marginados.
Los hechos muestran que la magnitud y la naturaleza de las violaciones —desde el desplazamiento forzado y la demolición de viviendas hasta los ataques contra los medios de subsistencia y los recursos naturales— indican el empleo de un entramado integrado de herramientas militares, administrativas y económicas, destinado a crear un entorno expulsivo para la población originaria y empujarla a marcharse bajo la presión de las condiciones impuestas, y no únicamente mediante la deportación directa.
Asimismo, resulta evidente que los grupos más vulnerables, en particular los niños, las mujeres, los pastores y los agricultores, fueron el objetivo principal de estas políticas, en un intento de quebrar la continuidad de la vida cotidiana y socavar los fundamentos de la resiliencia comunitaria. La persistencia de estas violaciones sin rendición de cuentas refleja un fracaso internacional en traducir los compromisos jurídicos en una protección efectiva sobre el terreno.
Finalmente, a la luz de lo expuesto, se pone de manifiesto la necesidad de proporcionar una protección internacional urgente a las comunidades beduinas y a los grupos marginados, incluida una presencia de monitoreo sobre el terreno que limite las violaciones y prevenga su escalada. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades jurídicas y éticas, sin limitarse a declaraciones de preocupación o condena, y para que trabaje en la exigencia a la potencia ocupante de respetar sus obligaciones conforme al derecho internacional.
Rasem Bisharat es Doctor en Estudios de Asia Occidental y Comisionado de Relaciones Exteriores de la Organización Al-Baidar para la Defensa de los Derechos de los Beduinos y las Aldeas Objetiv0
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