TeleSUR, Resumen Latinoamericano, 21 de enero de 2026.
En un contexto marcado por las recientes agresiones imperiales y las pretensiones estadounidenses, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta directa de crudo.
Según detalló la mandataria el pasado martes 20 de enero, estos recursos cubrirán el ingreso de los trabajadores venezolanos a través de la estabilización de la economía. “Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la banca nacional y del Banco Central, para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”, informó.
Previamente, durante la presentación de la Memoria y Cuenta 2025 ante la Asamblea Nacional, la funcionaria anunció la creación de dos fondos soberanos destinados a fortalecer la protección social y la infraestructura nacional, como parte de una estrategia integral de desarrollo económico y social.
“Cualquier divisa que ingrese, irá a dos fondos. Instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de dos fondos soberanos”, declaró en aquel momento Delcy Rodríguez.
Reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos
A su vez, a través del impulso de una reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Gobierno Bolivariano busca consolidar un modelo de producción acelerada que no solo proteja la inversión frente a agresiones externas y blinde los hidrocarburos del país suramericano, sino que garantice la redistribución directa de la riqueza en áreas como la salud, la educación y la estabilidad cambiaria.
Una de las propuestas para esta reforma, entregada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al Parlamento venezolano durante el mensaje anual de la nación, es la incorporación de los Contratos de Participación Productiva (CPP), acuerdos petroleros entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y empresas privadas/extranjeras para aumentar la producción de crudo.
Este mecanismo, que ya demostró su eficacia bajo la Ley Antibloqueo, permitió en 2025 alcanzar una producción de 1.2 millones de barriles diarios y atraer inversiones cercanas a los 900 millones de dólares, según detalló Rodríguez recientemente.
La nueva normativa facilitará la explotación de “campos verdes”, es decir, aquellos que se encuentran sin explotar, por lo que requieren de una inversión mucho más grande. De esta manera, la normativa impulsada por el Ejecutivo tiene por objetivo ofrecer un marco de seguridad jurídica y rentabilidad para socios internacionales, sin ceder la soberanía sobre el recurso. “El petróleo debajo de la tierra no sirve; hay que convertirlo en escuelas y hospitales”, enfatizó el pasado martes 20 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
El parlamentario explicó que el país cuenta con un modelo que ha demostrado ser exitoso para elevar la producción de crudo. Recordó que cuando Venezuela no era un país bloqueado, era posible atraer inversiones extranjeras y establecer alianzas con empresas nacionales para la explotación de “campos maduros”, refiriéndose a aquellos yacimientos que ya tienen una inversión previa para su operatividad.
“Pero es imprescindible buscar las condiciones óptimas para conseguir inversionistas para los llamados campos verdes, es decir, aquellos que se encuentran sin explotar, por lo que requieren de una inversión mucho más grande. Para ello, es necesario asegurar que esa inversión extranjera sea protegida y rentable, por eso se probó con el mecanismo de los CPP (Contratos de Participación Productiva), clave en el aumento de la producción petrolera”, enfatizó.
Transparencia
Además, según explicó Rodríguez, se encuentra en proceso de creación una plataforma tecnológica de vanguardia para el manejo de los fondos, la cual garantizará una auditoría en tiempo real para asegurar la trasparencia y el uso eficiente de cada divisa que ingrese al país.
Según detalló el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se trata de la puesta en funcionamiento de portales web oficiales que publicarán en detalle todos los ingresos económicos del Estado venezolano por venta de petróleo y minerales, así como el destino preciso de esos recursos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca que “la gente vea, sepa y pueda interpelar” el manejo de la renta nacional. “Para que se sepa todo lo que ha ingresado (…) y en qué se ha gastado cada centavo”, afirmó Jorge Rodríguez durante una reunión de la Comisión Consultiva parlamentaria.
Además, para acompañar la reforma en la plenaria de la Asamblea Nacional, donde se presentarán 29 leyes de la Agenda Legislativa, se discutirá el proyecto de Ley Orgánica para la Aceleración y Optimización de Trámites, también basado en el modelo antibloqueo, buscando eliminar la burocracia que frena el desarrollo industrial.
“Estamos obligados a colaborar en el mantenimiento de la paz de la República y en la construcción de una economía fuerte”, puntualizó Jorge Rodríguez en sus redes sociales
Una respuesta a las pretensiones externas
Frente a las amenazas de actores internacionales que han manifestado su intención de apropiarse del petróleo venezolano, el Gobierno ratificó que la riqueza energética le pertenece exclusivamente al pueblo.
La reforma legal actúa como un escudo ante el bloqueo, permitiendo que Venezuela mantenga su ciclo de 19 trimestres de crecimiento sostenido y un incremento del 8.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La discusión para reformar la Ley de Hidrocarburos iniciará formalmente el próximo jueves 22 de enero en la plenaria de la AN, marcando el comienzo de una nueva etapa de independencia económica y bienestar social para todas y todos los venezolanos.
Todo el territorio venezolano “está para garantizar la felicidad de nuestro pueblo, y nosotros para cuidar nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra independencia”, reafirmó Delcy Rodríguez, durante una jornada de atención social desde la Base de Misiones Socialistas Hugo Salas, en la parroquia La Vega de Caracas, capital venezolana.
“Construimos la Venezuela de bien, la Venezuela del futuro, la Venezuela de paz y la Venezuela de inclusión”, enfatizó.
La ofensiva legislativa ocurre tras la agresión militar perpetrada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, que resultó en el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. Durante esa agresión en Caracas, y varias zonas de los estados Aragua, Miranda y La Guaira, fueron asesinadas más de 80 personas, entre civiles y militares, y más de 112 resultaron heridas.
El Ejecutivo venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que la Administración de Donald Trump utiliza la narrativa de lucha contra el narcotráfico como una excusa para justificar el interés por los recursos energéticos de Venezuela, cuyas riquezas, pese a la invasión y al ilegal secuestro de los líderes bolivarianos, siguen manejadas por el Gobierno venezolano.
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