Guadi Calvo*, Resumen Latinoamericano, 27 de diciembre de 2024.
Los tratados de paz entre los diferentes gobiernos de Colombia, y las insurgencias
marxistas, que operaron por décadas en el país, como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el
Movimiento 19 de abril (M-19), del que formó parte el actual presidente de la república
Gustavo Petro, a partir de 2016, con sus más y sus menos, han funcionado.
Una de sus consecuencias inmediatas de estos acuerdos ha sido que, producto de la
desmovilización y las jubilaciones de militares en torno a los cuarenta años, miles de
hombres formados para combatir a las antiguas guerrillas y los carteles del narcotráfico
hayan quedado en la calle con muy bajas pensiones.
Por lo que, para muchos, entre manejar un Uber y seguir ejerciendo su oficio,
empleándose como mercenario en donde pueden ganar 2.600 dólares los soldados y
3.400 los sargentos, cinco o seis veces su jubilación. Una tendencia que viene
profundizándose desde 2010, con el inicio de la Primavera Árabe, cuando, muchos
militares jubilados e incluso activos, pidieron la baja del ejército colombiano para
integrarse al ejército de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para formar unidades y
batallones del ejército a los que también se sumaron desde América Latina: panameños,
chilenos y salvadoreños.
Es por esto que muchos de estos combatientes, en su mayoría exmiembros de las
fuerzas armadas de Colombia, han marchado fuera de su país, a conchabarse en alguno
de los múltiples frentes de guerra que se abren de manera constante alrededor del
mundo.
Refiriéndonos en particular a los efectivos colombianos, se sabe que muchos de ellos se
encuentran combatiendo en Ucrania, del bando de la OTAN, respondiendo a su perfil de
ultraderecha, como también lo hicieron a partir del 2015 en Yemen, en este caso
pagados por Arabia Saudita. (Ver: Yemen: Cumbias en el desierto.)
Desde hace algunas semanas, medios colombianos están denunciando que muchos de
sus compatriotas se han incorporado a la guerra civil de Sudán, que, desde abril del año
pasado, está demoliendo el país africano.
Los latinoamericanos, en un número de trescientos, tras un largo raid por Libia, llegaron
a Sudán para combatir junto al grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo
Rápido (FAR), una organización autónoma, liderada por Mohamed “Hemetti” Dagalo,
que se ha negado a someterse a las órdenes del general Abdel Fattah al-Burhan,
comandante de las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS).
El veinte de noviembre, un convoy compuesto por unas quince camionetas, proveniente
de la ciudad libia de Bengasi, sobre el Mediterráneo, ingresó a Sudán después de un
periplo de ocho días en los que recorrieron más de mil quinientos kilómetros de
desierto, atravesando zonas plagadas por innumerables milicias, que ya no se sabe para
quién juegan en el confuso contexto libio. Fue atacada, apenas ingresó a Sudán, por la
Fuerza Conjunta de Movimientos Armados de Darfur, una milicia de autodefensa aliada
a las FAS. Sin conocerse fehacientemente cuántos han muerto y cuántos resultaron
prisioneros.
Lo que sí se conoció es que, tras los combates, quedaron desperdigados en el desierto
una importante cantidad de cédulas y pasaportes colombianos. Entre ellos, un pasaporte
colombiano a nombre de Christian Lombana Moncayo, su tarjeta de transporte y cédula
de ciudadanía, además de una carta en español de caligrafía infantil donde dice amar a
su padre y “le pide a Dios” que le pueda dar “la dicha de seguir compartiendo”.
Este incidente dejó al descubierto la operatoria entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
y una firma de seguridad privada colombiana llamada A4SI (Academy for Security
Instruction).
El A4SI fue fundado en 2017 por Omar Antonio Rodríguez Bedoya, un ex coronel del
Ejército Nacional de Colombia (EJC). Actualmente, esta empresa está dirigida por
Álvaro Quijano, otro ex coronel del mismo cuerpo, dado de baja en 2007, quien estuvo
detenido hasta 2010, por sus vínculos con el Cartel del Norte del Valle, el cual fue
desactivado en 2008. Además, de ser un ferviente opositor del presidente Gustavo Petro.
Los mercenarios colombianos son derivados a Sudán a través de la principal empresa de
seguridad privada de los emiratos, Global Security Service Group.
Una segunda constatación de la presencia de mercenarios colombianos en Sudán, que
combate junto a los paramilitares, se produjo a partir de un informe de ejército regular
sudanés, en el que daba cuenta de la muerte de: “veintidós mercenarios de nacionalidad
colombiana, entre las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)”, tras un ataque con
drones en Darfur, en el occidente del país y una de las regiones más devastadas por el
conflicto. (Ver: Sudán, el eterno eco de Darfur.)
Según algunos de los mercenarios detenidos en Sudán, habrían sido engañados por
quienes los contrataron, ya que el acuerdo era el de prestar servicios de seguridad a
infraestructuras petroleras de los Emiratos Árabes y no participar de un conflicto
armado.
Lo que recuerda las declaraciones de los sicarios, también provenientes de Colombia,
que, en 2021, afirmaron haber sido engañados para cometer el asesinato del entonces
presidente haitiano Jovenel Moïse, hecho que precipitó al país caribeño al actual estado
de anarquía terminal que está viviendo. (Ver: Haití: Los Tonton Macoutes están de
vuelta.)
En el terreno.
Se ha conocido que actualmente los efectivos colombianos se encuentran componiendo
dos unidades de aproximadamente ciento cincuenta hombres cada una. Al menos una de
ellas se encuentra apostada a una media hora de el-Fasher, la capital de la provincia de
Darfur del Norte, con cerca de dos millones de habitantes, bajo el control del FAS y
algunas milicias de autodefensa darfuríes, que se encuentra asediada desde el mes de
octubre por las FAR. (Ver: Sudán, donde siempre es posible que todo sea peor).
En uno de los ataques a el-Fasher murieron otros tres colombianos, al tiempo que cinco
quedaron heridos, en la jerga de los exmilitares colombianos: “tenemos tres durmiendo
y cinco con sueño”. Entre los muertos figura el cabo retirado Diego Edison Hernández.
Hasta ahora ninguno de los muertos o heridos latinoamericanos ha sido repatriado y es
muy dudoso que ese traslado finalmente se realice.
Si bien el plan original era juntar entre mil quinientos y mil ochocientos mercenarios
colombianos en Sudán, estas denuncias, sumadas al pedido del presidente Petro acerca
de la necesidad de que se debe prohibir el “mercenarismo”, el pedido a la Cancillería
para que encuentre medios para poder sacar a sus exmilitares de África y la denuncia de
los propios mercenarios, de que no se les han depositado en las cuentas que los mismos
empleadores les abrieron en el North International Bank, un banco de Antigua y
Barbuda, como se sabe, un país catalogado como paraíso fiscal, es muy difícil que más
colombianos quieran viajar a Sudán.
Una fuente ha revelado que un contingente de ciento sesenta colombianos ha quedado
varado en Bengasi, y que ya de ese grupo, unos cuarenta están reclamando volver, pero
no se les estaría permitiendo.
En reiteradas oportunidades, los Emiratos Árabes Unidos han sido acusados por las FAS
de estar proporcionando a las FAR, vía Libia, Chad y Sudán del Sur, armas, logística y
vehículos, por lo que, más allá de las pruebas existentes, es muy creíble que Dubái
también haya comenzado a aportar hombres al conflicto sudanés. Además de que
ninguna organización privada, por poderosa que sea, consigue poder transportar
hombres armados por vía terrestre hasta Sudán atravesando Libia, un país en constante
guerra desde 2011, donde también los EAU tienen mucha injerencia, habiendo aportado
armas y logísticas al general Khalifa Hafther en su guerra contra Trípoli, habiendo
quedado como Señor del este libio, que alcanza la frontera con Sudán, donde parece que
los colombianos están buscando rumba.
*Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en
África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook:
https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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