Martes 8 de Enero de 2013, 10:47 am
El fiscal que lleva el caso
reconoció que ha basado las investigaciones solo en los testimonios de
los policías (Foto:ÚltimaHora)
El fiscal paraguayo Jalil Rachid, quien tiene a su
cargo la investigación del desalojo de junio pasado en Curuguaty,
admitió este martes que basó acusaciones a un grupo de campesinos solo
en declaraciones de policías.
Rachid, recusado sin éxito por la defensa debido a su relación personal con la familia del latifundista propietario del terreno donde murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo, sorprendió al informar que los campesinos no se presentaron a declarar por riesgo para sus vidas.
Reconoció que no habló ni siquiera con un campesino de los muchos testigos del enfrentamiento y se ajustó a la versión policial en la cual los campesinos supuestamente dispararon primero, mataron a los policías y dieron lugar a la dura respuesta de los agentes.
“No tenemos la declaración de los campesinos, de alguien que se haya acercado a declarar y haya dicho yo vi esto y pasó esto, nadie se acercó por temor a ser procesada también, porque si obviamente estuvo en el lugar y vio algo, formaba parte de ese grupo ocupante”, recalcó.
Rachid no se refirió al informe que presentó a la Fiscalía General de la República un grupo encabezado por un jurista español, el cual sí incluye, no sólo declaraciones de campesinos, sino fotos y filmaciones y señaló la participación de francotiradores desconocidos iniciando los hechos.
Esto lo demostraba el uso de armas automáticas usadas contra la policía y los campesinos y las cápsulas de los proyectiles de gran calibre recogidas en el lugar y presentadas a Rachid por el exdiputado Julio Colmán, en una ceremonia filmada.
Rachid desestimó esa prueba pues "no se quien las recogió ni donde" al igual que rechazó la investigación independiente, la cual señaló también, de acuerdo a los campesinos declarantes, muertes extrajudiciales y negativa de auxilio a los heridos civiles.
El próximo 14 de febrero se sabrá si los 14 campesinos imputados por la masacre de Curuguaty son llevados a juicio oral por el juez José Benitez.
En este juicio oral, se sabrá si los 14 campesinos serán acusados de realizar la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de personas sin tierra y seis policías luego de enfrentamientos.
Por dichos enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas y una huelga de hambre por parte de los acusados.
El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. "Los culpables no son los que hoy están presos", remarcó.
El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria de Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.
La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.
Fuente
Rachid, recusado sin éxito por la defensa debido a su relación personal con la familia del latifundista propietario del terreno donde murieron 11 campesinos y seis policías durante el desalojo, sorprendió al informar que los campesinos no se presentaron a declarar por riesgo para sus vidas.
Reconoció que no habló ni siquiera con un campesino de los muchos testigos del enfrentamiento y se ajustó a la versión policial en la cual los campesinos supuestamente dispararon primero, mataron a los policías y dieron lugar a la dura respuesta de los agentes.
“No tenemos la declaración de los campesinos, de alguien que se haya acercado a declarar y haya dicho yo vi esto y pasó esto, nadie se acercó por temor a ser procesada también, porque si obviamente estuvo en el lugar y vio algo, formaba parte de ese grupo ocupante”, recalcó.
Rachid no se refirió al informe que presentó a la Fiscalía General de la República un grupo encabezado por un jurista español, el cual sí incluye, no sólo declaraciones de campesinos, sino fotos y filmaciones y señaló la participación de francotiradores desconocidos iniciando los hechos.
Esto lo demostraba el uso de armas automáticas usadas contra la policía y los campesinos y las cápsulas de los proyectiles de gran calibre recogidas en el lugar y presentadas a Rachid por el exdiputado Julio Colmán, en una ceremonia filmada.
Rachid desestimó esa prueba pues "no se quien las recogió ni donde" al igual que rechazó la investigación independiente, la cual señaló también, de acuerdo a los campesinos declarantes, muertes extrajudiciales y negativa de auxilio a los heridos civiles.
El próximo 14 de febrero se sabrá si los 14 campesinos imputados por la masacre de Curuguaty son llevados a juicio oral por el juez José Benitez.
En este juicio oral, se sabrá si los 14 campesinos serán acusados de realizar la masacre de Curuguaty, donde murieron 11 miembros de una organización de personas sin tierra y seis policías luego de enfrentamientos.
Por dichos enfrentamiento no hay ningún policía imputado, lo que generó una ola de manifestaciones de organizaciones campesinas y una huelga de hambre por parte de los acusados.
El responsable de la Plataforma de Estudios Campesinos de Paraguay, Domingo Laíno, denunció con fotografías y vídeos que en la masacre participaron francotiradores para desencadenar una crisis institucional en el país. "Los culpables no son los que hoy están presos", remarcó.
El episodio fue utilizado por la oposición para argumentar la destitución parlamentaria de Lugo, lo que fue calificado como un golpe de Estado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo que suspendió al país hasta que normalice su situación institucional.
La oposición sostuvo que por culpa de Lugo las tomas de tierras aumentaron y pusieron de relieve cómo eso afectaba a los grandes propietarios del país.
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