En el congreso español hay dos iniciativas sobre el tema (Foto:Archivo).
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(UE) emitió este jueves una sentencia donde afirma que la legislación
que regula los desalojos hipotecarios en España es contraria a la
normativa europea de protección de los consumidores.
La Corte con sede en Luxemburgo resaltó en un comunicado que: "La normativa española, que impide al juez, que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario, suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión".
La sentencia responde a una apelación de un español en contra el banco CatalunyaCaixa, después de ser expulsado de su hogar por un juzgado mercantil de Barcelona.
En concreto, el ciudadano pedía que se anulara una de las cláusulas del préstamo hipotecario que permitía el desalojo.
De esta forma, el fallo obliga a que el Estado español modifique sus normativas sobre desalojos hipotecarias para adecuarse a las normas de la UE.
En la actualidad hay dos proyectos de ley sobre el tema: Uno refuerza la protección de los deudores hipotecarios que está originado en un decreto aprobado por el Ejecutivo y una iniciativa popular presentada por la Plataforma Stop Desahucios que paraliza por completo los desahucios y propone la figura de alquiler social.
Según la ley española cuando una persona deja de cumplir con el pago de su hipoteca, el banco procede a ejecutar un desahucio y se queda con el inmueble, sin que esto implique el finiquito de la deuda. Es decir, el ciudadano pierde su casa y tiene que continuar pagando al banco las cuotas y los intereses impuestos, al momento de otorgarle el crédito hipotecario.
Stop Desahucios consiguió que el Congreso español aceptara tratar una norma que “frenaría los desalojos y establecería un carácter retroactivo de la dación (del inmueble) en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias”. La iniciativa fue respaldada por un millón y medio de firmas y tuvo la resistencia del Partido Popular (PP), fuerza que gobierna al país, hasta último momento.
Esta sería la segunda vez que se toma una medida sobre el tema ante una ola de sucidios. La última había ocurrido el año pasado cuando el gobierno de Mariano Rajoy suspendió por dos años los desalojos para una parte de los 400 mil afectados por la ola de desahucios originados en la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, este decreto de ley no contempló a todos los afectados, razón por la cual las órdenes de desahucio continúan llegando a los cada vez más desesperados ciudadanos.
La medida abarca sólo a quienes no superen en tres veces el nivel de renta de 715 dólares al mes y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos. También están contempladas las familias numerosas o con menores de tres años, madres o padres con dos hijos menores a su cargo, personas con incapacidades para trabajar, y desempleadas que hayan sido víctimas de violencia de género, pero no los jubilados.
Por otro lado, se estima que 400 mil familias españolas han sido expulsadas de sus hogares desde que comenzó la crisis. Según especificó Congreso Nacional de Psiquiatría del país, el 32 por ciento de los suicidios en el país se dan por problemas económicos, entre los que se encuentran los desalojos hipotecarios, como se ha visto en el último tiempo.
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/03/14/tribunal-de-la-ue-falla-que-los-desahucios-espanoles-son-contrario-a-la-norma-europea-4138.html
La Corte con sede en Luxemburgo resaltó en un comunicado que: "La normativa española, que impide al juez, que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario, suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión".
La sentencia responde a una apelación de un español en contra el banco CatalunyaCaixa, después de ser expulsado de su hogar por un juzgado mercantil de Barcelona.
En concreto, el ciudadano pedía que se anulara una de las cláusulas del préstamo hipotecario que permitía el desalojo.
De esta forma, el fallo obliga a que el Estado español modifique sus normativas sobre desalojos hipotecarias para adecuarse a las normas de la UE.
En la actualidad hay dos proyectos de ley sobre el tema: Uno refuerza la protección de los deudores hipotecarios que está originado en un decreto aprobado por el Ejecutivo y una iniciativa popular presentada por la Plataforma Stop Desahucios que paraliza por completo los desahucios y propone la figura de alquiler social.
Según la ley española cuando una persona deja de cumplir con el pago de su hipoteca, el banco procede a ejecutar un desahucio y se queda con el inmueble, sin que esto implique el finiquito de la deuda. Es decir, el ciudadano pierde su casa y tiene que continuar pagando al banco las cuotas y los intereses impuestos, al momento de otorgarle el crédito hipotecario.
Stop Desahucios consiguió que el Congreso español aceptara tratar una norma que “frenaría los desalojos y establecería un carácter retroactivo de la dación (del inmueble) en pago como mecanismo para saldar las deudas hipotecarias”. La iniciativa fue respaldada por un millón y medio de firmas y tuvo la resistencia del Partido Popular (PP), fuerza que gobierna al país, hasta último momento.
Esta sería la segunda vez que se toma una medida sobre el tema ante una ola de sucidios. La última había ocurrido el año pasado cuando el gobierno de Mariano Rajoy suspendió por dos años los desalojos para una parte de los 400 mil afectados por la ola de desahucios originados en la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, este decreto de ley no contempló a todos los afectados, razón por la cual las órdenes de desahucio continúan llegando a los cada vez más desesperados ciudadanos.
La medida abarca sólo a quienes no superen en tres veces el nivel de renta de 715 dólares al mes y cuya cuota hipotecaria sobrepase el 50 por ciento de los ingresos netos. También están contempladas las familias numerosas o con menores de tres años, madres o padres con dos hijos menores a su cargo, personas con incapacidades para trabajar, y desempleadas que hayan sido víctimas de violencia de género, pero no los jubilados.
Por otro lado, se estima que 400 mil familias españolas han sido expulsadas de sus hogares desde que comenzó la crisis. Según especificó Congreso Nacional de Psiquiatría del país, el 32 por ciento de los suicidios en el país se dan por problemas económicos, entre los que se encuentran los desalojos hipotecarios, como se ha visto en el último tiempo.
http://www.telesurtv.net/articulos/2013/03/14/tribunal-de-la-ue-falla-que-los-desahucios-espanoles-son-contrario-a-la-norma-europea-4138.html
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