Viernes 6 de Julio de 2012, 08:54 am
Los campesinos esperan que el gobierno cumpla con el trato (Foto: PL)
Los representantes de los campesinos de
Ñacunday, que exigen 15 mil hectáreas de terreno apropiadas ilegalmente
por un latifundista brasilero, accedieron este viernes a fijar una
semana como plazo límite para que el gobierno cumpla con la entrega
de la tierra reclamada.
El acuerdo fue logrado en una difícil reunión entre el director del Instituto de Tierras, Luis Ortigoza y delegados de más de cinco mil familias, ubicadas desde hace más de un año en carpas situadas en el borde de los terrenos que ocupa la firma Agrotoro S.A..
La tierra que solicitan los campesinos forma parte de un terreno de más de 30 mil hectáreas que actualmente se encuentra en manos de un brasilero nacionalizado paraguayo, quien según el título de propiedad sólo es dueño de la mitad del terreno, la parte reclamada por los campesinos estaría siendo ocupada ilegalmente.
Los agricultores se habían apostado alrededor de la finca por decisión de la intervención del Instituto de la Tierra durante el Gobierno del destituído presidente Fernando Lugo. El Estado buscaba la intervención o compra de las 15 mil hectáreas restantes a las legalizadas por el título de propiedad en posesión del hacendado.
Tras la destitución de Lugo, los campesinos vieron lejana la posibilidad de acceder a esas tierras por lo que reclamaron su entrega inmediata.
La tensión se apoderó de toda la zona por el apoyo a los campesinos de los vecinos de comunidades cercanas al lugar, situado a unos 80 kilómetros de Ciudad del Este, la segunda urbe del país, provocando movimientos de policías y en unidades hospitalarias en previsión de un choque violento.
La situación es una muestra del difícil problema de la tenencia de la tierra en Paraguay, donde apenas el uno por ciento de propietarios acumula el 77 por ciento de los terrenos cultivables, pero mantiene buena parte de ellos en forma improductiva.
El gobierno de Federico Franco, según el ministerio del Interior, está dispuesto a usar la fuerza si es necesario para terminar con todas las ocupaciones de terrenos realizadas en varias zonas del país por campesinos sin tierras.
fuente:Aquí
El acuerdo fue logrado en una difícil reunión entre el director del Instituto de Tierras, Luis Ortigoza y delegados de más de cinco mil familias, ubicadas desde hace más de un año en carpas situadas en el borde de los terrenos que ocupa la firma Agrotoro S.A..
La tierra que solicitan los campesinos forma parte de un terreno de más de 30 mil hectáreas que actualmente se encuentra en manos de un brasilero nacionalizado paraguayo, quien según el título de propiedad sólo es dueño de la mitad del terreno, la parte reclamada por los campesinos estaría siendo ocupada ilegalmente.
Los agricultores se habían apostado alrededor de la finca por decisión de la intervención del Instituto de la Tierra durante el Gobierno del destituído presidente Fernando Lugo. El Estado buscaba la intervención o compra de las 15 mil hectáreas restantes a las legalizadas por el título de propiedad en posesión del hacendado.
Tras la destitución de Lugo, los campesinos vieron lejana la posibilidad de acceder a esas tierras por lo que reclamaron su entrega inmediata.
La tensión se apoderó de toda la zona por el apoyo a los campesinos de los vecinos de comunidades cercanas al lugar, situado a unos 80 kilómetros de Ciudad del Este, la segunda urbe del país, provocando movimientos de policías y en unidades hospitalarias en previsión de un choque violento.
La situación es una muestra del difícil problema de la tenencia de la tierra en Paraguay, donde apenas el uno por ciento de propietarios acumula el 77 por ciento de los terrenos cultivables, pero mantiene buena parte de ellos en forma improductiva.
El gobierno de Federico Franco, según el ministerio del Interior, está dispuesto a usar la fuerza si es necesario para terminar con todas las ocupaciones de terrenos realizadas en varias zonas del país por campesinos sin tierras.
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