Viernes 6 de Julio de 2012, 10:07 am
Fuerzas militares y policiales tratan de frenar la violencia en Cajamarca (Foto: EFE)
El gobierno de Ollanta Humala decidió este viernes
emitir un decreto para autorizar la entrada e intervención de las
Fuerzas Armadas en Cajamarca (noroeste), y así tratar de frenar la
tensión que se vive en la zona luego de la muerte de cinco personas
durante las manifestaciones de la población contra el proyecto minero
Conga.
Según la información publicada, la militarización aplicará en Cajamarca y las provincias de Celendín y Hualgayoc, con miras a garantizar el funcionamiento de los servicios; mientras que la Policía Nacional continuará en las ciudades, donde ha habido denuncias de represión en las últimas 72 horas, luego de haberse aplicado un Decreto de Emergencia por parte del Gobierno central.
Mientras los movimientos sociales continúan las protestas antimineras para exigir que se frenen los proyectos del sector en la zona, el presidente regional cajamarquino, Gregorio Santos tildó en la víspera al gobierno como un "régimen autoritario minero militar que no está gobernando en la región".
Tras la violencia originada en las últimas 72 horas, congresistas oficialistas han exigido la renuncia de los ministros Oscar Valdés y el ministro del Interior Wilver Calle, además de criticar las muertes que han ocurrido y la forma como fue detenido el exsacerdote, Marco Arana, uno de los líderes de las manifestaciones.
En opinión de la primera vicepresidenta del Congreso, Marisol Espinoza, Valdés no es "un interlocutor valido en las mesas de trabajo que se han establecido durante el conflicto, sino que el Ejecutivo debería asumir su posición y mediar con movimientos sociales y la Iglesia".
En ese sentido, personalidades de la política y la sociedad peruana también han fustigado la actuación de Humala frente a un conflicto que se ha mantenido desde noviembre pasado, cuando se anunció el proyecto aurífero Conga.
Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, llamó a mejorar los mecanismos de diálogo por parte del Gobierno, al tiempo que descartó que la Cancillería asuma un papel de interventor para solucionar el conflicto.
fuene : Aquí
Según la información publicada, la militarización aplicará en Cajamarca y las provincias de Celendín y Hualgayoc, con miras a garantizar el funcionamiento de los servicios; mientras que la Policía Nacional continuará en las ciudades, donde ha habido denuncias de represión en las últimas 72 horas, luego de haberse aplicado un Decreto de Emergencia por parte del Gobierno central.
Mientras los movimientos sociales continúan las protestas antimineras para exigir que se frenen los proyectos del sector en la zona, el presidente regional cajamarquino, Gregorio Santos tildó en la víspera al gobierno como un "régimen autoritario minero militar que no está gobernando en la región".
Tras la violencia originada en las últimas 72 horas, congresistas oficialistas han exigido la renuncia de los ministros Oscar Valdés y el ministro del Interior Wilver Calle, además de criticar las muertes que han ocurrido y la forma como fue detenido el exsacerdote, Marco Arana, uno de los líderes de las manifestaciones.
En opinión de la primera vicepresidenta del Congreso, Marisol Espinoza, Valdés no es "un interlocutor valido en las mesas de trabajo que se han establecido durante el conflicto, sino que el Ejecutivo debería asumir su posición y mediar con movimientos sociales y la Iglesia".
En ese sentido, personalidades de la política y la sociedad peruana también han fustigado la actuación de Humala frente a un conflicto que se ha mantenido desde noviembre pasado, cuando se anunció el proyecto aurífero Conga.
Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, llamó a mejorar los mecanismos de diálogo por parte del Gobierno, al tiempo que descartó que la Cancillería asuma un papel de interventor para solucionar el conflicto.
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