por Bolpress
Domingo, 16 de Diciembre de 2012 01:35
Se estima que el 25% del territorio uruguayo y paraguayo y al menos
el 10% del argentino están en manos de empresarios extranjeros, mientras
que en otros países de la región los latifundios privados se
multiplican como hongos.
Desde de 2007/2008, transnacionales y
gobiernos intensifican el acaparamiento de enormes superficies de
tierras de cultivo en África, Asia y América Latina, lo que supone “el
riesgo de crear un pacto neo colonial de provisión de materias primas
sin valor agregado”, alertó el ex director de la FAO Jacques Diouf.
Arabia Saudí, Kuwait y otros países
desérticos compran o arriendan tierras para cultivar alimentos; mientras
que las transnacionales y los grupos financieros acaparan predios para
lucrar y especular con materias primas agroindustriales.El capital
financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y
arrendar tierras agrícolas. [1]
En septiembre de 2008 grandes
procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los
gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y
lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de
India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto
que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina. [2]
“Hay un masivo resurgimiento del interés
por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía
anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de
acaparamiento”, subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales
de La Haya Saturnino Borras, uno de los autores de un estudio realizado
en 17 países latinoamericanos y caribeños, por encargo de la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). [3]
Los investigadores de la FAO concluyeron
que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos afecta
a gran parte de la región. En América del Sur “estamos ante una nueva
ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes”,
alertó el especialista Martine Dirven. Por ejemplo, un informe oficial
estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de
hectáreas en Uruguay, el 25% de las áreas productivas del país, a
sociedades anónimas privadas. [4]
En Paraguay ascienden a 1,8 millones de
hectáreas las compradas entre 2006 y 2010 por empresarios brasileros,
franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles, según el
investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos Luis A.
Galeano, quien calcula que en las últimas dos décadas las empresas
extranjeras adquirieron entre nueve y 10 millones de hectáreas de
tierras paraguayas, es decir entre el 25 y 30% de la superficie
productiva del país.
En Bolivia se estima que al menos 700
mil hectáreas están en manos de agroindustriales brasileros, argentinos,
peruanos y colombianos, la mayoría destinada a la producción de soya
transgénica. [5]
Para el director del Centro Peruano de
Estudios Sociales Fernando Eguren la concentración de tierras “es
también una concentración de influencias, de poder político en las
esferas territoriales donde está ocurriendo y, también tiene que ver con
restricciones en la democracia”. [6]
Legalizan la venta de tierras fiscales en Panamá
Pese al fuerte rechazo popular, el 19 de
octubre de 2012 el presidente de Panamá Ricardo Martinelli sancionó la
Ley N. 72 que autoriza la venta de terrenos fiscales en la Zona Libre de
Colón (ZLC), un área libre de impuestos creada en 1948 para aprovechar
comercialmente el enclave del canal de Panamá, de donde parten rutas
hacia Japón, Estados Unidos y otros países latinoamericanos.
Compañías de todo el mundo tienen una
base de operaciones en la ZLC, que generó transacciones por 29 mil
millones de dólares en 2011. El diputado Miguel Salas denunció que el
Ejecutivo pretende privatizar terrenos de la ZLC para cubrir el déficit
fiscal y recolectar fondos para la campaña oficialista de 2014.
Varios sectores sociales, empresariales y
parlamentarios solicitaron a la Asamblea Nacional que rechace la
propuesta privatizadora, y luego de que ésta fue aprobada solicitaron al
presidente que la vetara, pero Martinelli desoyó el clamor popular.
Miles de personas salieron a las calles
de la ciudad de Colón para protestar contra la ley de Martinelli y el 19
de octubre el niño de nueve años José Betancourt perdió la vida por un
impacto bala en el abdomen, y alrededor de 30 resultaron heridas en
enfrentamientos con la Policía. El 21 de octubre cientos de ciudadanos
vestidos de negro en señal de luto marcharon desde la Iglesia Paulino
San José hacia el centro de la ciudad para rechazar la venta de tierras
de la zona franca.
Por otro lado, es motivo de gran
preocupación la aprobación de obras de “desarrollo” que no cumplen con
los requisitos exigidos por ley, y con la aparente complicidad de la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). La directora ejecutiva de la
organización ecologista Panamá Sostenible Raisa Banfiel recordó que
durante la campaña presidencial Martinelli dijo que la ANAM “estorbaba y
atrasaba el desarrollo” nacional.
La preocupación estriba en que a pesar
de decenas de denuncias y conflictos ambientales suscitados en los
últimos años, la ANAM actuó con negligencia, como en el caso de los
humedales de la Bahía, uno de los cinco sitios Ramsar de Panamá, creado
por resolución de la ANAM el 3 de febrero de 2009. [7]
Recientemente la propia ANAM y el
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) acordaron
suspender el estatus del sitio natural con el fin de viabilizar la
construcción de una planta de tratamiento en la bahía de Panamá, y del
proyecto Panamá Bay Country Club, decisión que fue respaldada por la
Corte Suprema de Justicia (CSJ).
No obstante, ya suman seis las demandas
judiciales interpuestas contra la decisión de la CSJ de anular la
protección al humedal de la Bahía. En la lista de demandantes figuran la
Fundación MarViva, la Sociedad Audubon de Panamá, la firma de abogados
Rivera, Bolívar y Castañeda, y el Partido Revolucionario Democrático.
También fueron admitidos recursos interpuestos por el Centro de
Incidencia Ambiental y por la Asociación de Abogados Litigantes de
Panamá.
Privatización en Honduras
Luego del golpe de Estado de 2009, el
gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo y la bancada oficialista del Congreso
aprobaron reformas constitucionales que autorizan la creación de las
denominadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “Ciudades Modelo”,
catalogadas como la más denigrante variante del neocolonialismo
territorial, ya que legaliza la venta de franjas del territorio a
inversionistas extranjeros.
Desde hace algunos años empresarios
estadounidenses de ultraderecha compran islas en los países del tercer
mundo con el fin de crear paraísos fiscales libres de regulaciones
políticas. Algunos ejemplos de “islas estado” son el Principality of
Sealand frente a la costa de Inglaterra; el fallido Freedom Ship en la
bahía Trujillo, y la vigente Seasteaders. Años atrás, el empresario
nicaragüense Xavier Arguello Carazo, yerno del ex presidente panameño
Ricardo Maduro, ofreció un pedazo de Honduras al inversionista
norteamericano Paul Romer, quien pretendió privatizar la isla de
Madagascar junto a la coreana Posco-Daewoo.
En diciembre de 2011, la revista The
Economist reveló que el Estado de Honduras firmó dos cartas de intención
con grupos privados interesados en construir “ciudades modelos”. Uno de
ellos está integrado por la compañía Future Cities Development
Corporation, fundada por Patri Friedman, nieto del economista Milton
Friedman, y por el propietario de Paypal Peter Thiel. El segundo
consorcio se denomina Grupos Ciudades libres (Free Cities Group), de
propiedad de Michael Strong y Kevin Lyons, que opera en Honduras con el
nombre de NKG.
El 4 de septiembre de 2012 la Comisión
para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y NKG
firmaron un contrato para la construcción de la primera “ciudad modelo”
en Honduras. El testigo de honor del negocio fue el presidente del
Congreso Juan Orlando Hernández, uno de los principales promotores de la
subasta de Honduras mediante las RED.
Pero las RED no son las únicas amenazas a
la soberanía territorial hondureña. El 13 de diciembre de 2011 la
dirigencia de la Comunidad de Cristales y Río Negro presentaron una
demanda de nulidad absoluta contra varios contratos de venta fraudulenta
de tierras comunitarias situadas al suroeste de la Ciudad de Trujillo
al empresario canadiense Randy Roy Jorgensen.
Jorgensen , conocido como el “rey del
porno”, pretende construir un muelle para cruceros Panamex denominado
Banana Coast. También adquirió terrenos en las comunidades Garífunas de
Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, y obtuvo súbitamente licencias
ambientales para construir villas frente al mar Caribe en una zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Capiro y Calentura.
El “rey del porno” recibió gran apoyo de
Ramón Lobo Sosa, hermano del mandatario Porfirio Lobo, y el 21 de junio
de 2011 mereció un “reconocimiento especial” del propio presidente en
sesión del gabinete ministerial en la ciudad de Trujillo. [8]
Pretenden privatizar el patrimonio natural costarricense
En Costa Rica está punto de sucumbir
ante la marea privatizadora la isla Plata de 18 hectáreas ubicada en
Esparza, Puntarenas, declarada Patrimonio Natural del Estado y protegida
por la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Desde hace más de una
década la empresa Vimavi del Pacífico Sociedad Anónima pretende
construir en la isla onas residenciales e infraestructura turística.
En 2006 las autoridades de la
municipalidad de Guanacaste intentaron vender la pequeña ínsula, situada
frente al complejo turístico Flamingo, en 15 millones de dólares o
entregarla en concesión, pero ambas maniobras fueron frustradas por el
Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) y el
Departamento Municipal de Gestión Ambiental, dirigido entonces por el
biólogo William Arauz.
Sin embargo, el año pasado el director
del Área de Conservación Tempisque Arenal Nelson Marín eliminó la norma
restrictiva vigente y recomendó la concesión de parte de la isla. Esto
permitió a la empresa solicitar la autorización para iniciar obras, la
cual está a punto de ser aprobada por la Municipalidad de Santa Cruz,
controlada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Los diputados del Partido Acción
Ciudadana (PAC) Claudio Monge y Yolanda Acuña denunciaron que se
pretende otorgar la concesión a Vimavi del Pacífico SA, de propiedad de
Virginia del Carmen Vindas Soto, esposa de Carlos Ricardo Benavides,
padre del Ministro de la Presidencia.
Al plan privatizador de la isla Plata se
suma la aprobación de un proyecto de ley que pretende reducir los
límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las
playas más hermosas del país, ubicada a 73 kilómetros de Limón, en la
costa Atlántica costarricense.
El Senado chileno debate la privatización del mar
Este mes se debate en el Senado chileno
un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca en Chile y que entrega a
perpetuidad los recursos pesqueros a empresas transnacionales. La norma
define varios tipos de licencias pesqueras. Un tipo de licencia
reconoce los derechos históricos de los pescadores industriales; otro
tipo de licencia indefinida abre la posibilidad de licitar hasta el 15%
de los derechos si por tres años seguidos la actividad está sobre su
rendimiento máximo sostenible.
El proyecto de ley desestima el
significado de la pesca de arrastre e irrespeta las cinco millas
marítimas para la pesca artesanal, privilegiando a cuatro grandes
consorcios privados, denunció la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile,
la norma transgrede el derecho de todos los ciudadanos al control sobre
los recursos naturales del mar.
“Nos parece inaceptable e irregular la
negativa de dos parlamentarios a inhabilitarse de votar, aun cuando es
de público conocimiento su vinculación con empresas ligadas a la gran
industria pesquera”, fustigó la presidenta de la CUT Bárbara Figueroa,
aludiendo a los senadores Andrés Zaldivar y Jovino Novoa.
Según el senador por la región del Bio
Bio Alejandro Navarro, la ley propuesta, además de no resolver problemas
de fondo, genera mayor concentración económica, no garantiza una
verdadera competencia, tampoco asegura la sustentabilidad y “condena a
los pescadores artesanales a convertirse en empleados de la industria”.
Limitan la extranjerización de la tierra en Argentina
En febrero de 2011 una comisión del
Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley
para limitar la venta de tierras, pero la norma aún no fue aprobada. En
Argentina el Senado aprobó en diciembre de 2011 la ley sobre el Régimen
de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o
tenencia de las tierras rurales, un instrumento legal que limita la
tenencia y adquisición de tierras por extranjeros.
La presidenta Cristina Fernández estimó
que 10% de las tierras de la nación están en manos extranjeras. La nueva
legislación argentina estipula que máximo el 15% del territorio
nacional puede estar en manos foráneas, y de esa cantidad no podrá haber
más de un 30% detentado por personas físicas o jurídicas de una misma
nacionalidad, informó la agencia Télam.
La norma argentina establece que las
parcelas en poder de extranjeros no podrán superar las mil hectáreas o
la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo
Interministerial de Tierras Rurales. También define estrictas
prohibiciones para la venta de superficies que “contengan o sean
ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, y dispone
que no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por
tratarse de un recurso natural no renovable.
La iniciativa dispone la creación de un
Registro Nacional de Tierras Rurales, encargado de realizar un
relevamiento “catastral y dominial” del recurso, así como de un Consejo
Interministerial de Tierras Rurales.
Notas:
1. El
Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina denunció en octubre de 2010
que “los negociantes de los mercados globales salen a buscar nuevos
objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y
alimentos, además del oro, metales estratégicos y cuencas
hidrocarburíferas. Son capitales corporativos que no sólo buscan dar
respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que, adictos a las
fábulas del ‘crecimiento’, descubren ahora que no pueden alimentar a su
propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”.
2. Sudamérica en la mira de inversionistas agrícolas; 12/XI/2010; farmlandgrab.org;
news@farmlandgrab.org, Agencias Reuters y AFP.
3. Tras
estudiar el tema en 61 países, la FAO y Transparency Internacional (TI)
concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de
corrupción en la tenencia y administración de la tierra.
4. Más de 100 casos de apropiación de tierras para la producción de alimentos en el exterior:http://www.grain.org/m/?id=216http://www.grain.org/briefings/?id=214
5. Concentración
y extranjerización de la tierra en Bolivia, Miguel Urioste; Fundación
TIERRA, octubre 2010. El gobierno boliviano estima que alrededor de un
millón de hectáreas productivas, de las 5,5 millones de hectáreas que
producen algún tipo de alimentos, están en manos de extranjeros,
principalmente brasileros y menonitas. Estas tierras representan el 20%
del total de la superficie con características agrícolas.
6. Lourdes Pérez Navarro, periodista de la redacción de Economía de Prensa Latina.
7. El
director del Centro de Incidencia Ambiental Félix Wing dijo que es
inquietante la inestabilidad en la ANAM, cuya ex jefa Lucía Chandeck
renunció sin que se sepan los motivos, y fue reemplazada por Silvano
Vergara, el tercer administrador en tres años.
8. http://ofraneh.wordpress.com/2012/09/19/ciudad-modelo-republica-bananera-y-las-concesiones-cuyamel/ La Ceiba, Atlántida 8 de septiembre de 2012.
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