Miércoles 15 de Agosto de 2012, 11:42 am
Un grupo de ciudadanos guatemaltecos infectados
con sífilis y otras enfermedades venéreas, durante experimentos
efectuados por médicos estadounidenses entre los años 1946 y 1948,
presentaron un recurso de apelación ante la decisión de un juez federal
estadounidense de desestimar su caso.
La abogada de las víctimas, Piper Hendricks, precisó que los demandantes introdujeron el recurso ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (noreste), pero destacó que este paso se estima sea un proceso largo.
Al respecto, señaló que no esperan una decisión del tribunal antes noviembre del 2013. Sin embargo, acotó que teniendo en cuenta la edad de las víctimas “tenemos la esperanza de que la actual administración hará lo justo por aquellos agraviados durante tantos años y dejar de posponer su promesa de respetar los derechos humanos”.
El juez estadounidense Reggie Walton desestimó hace dos meses la demanda interpuesta en nombre de los afectados, al concluir que las leyes federales prohíben que se de un proceso en Estados Unidos sobre daños ocasionados en una nación extranjera.
En tal sentido, de acuerdo con la defensa, “la inmunidad es legalmente inaplicable en circunstancias tan extremas como este caso”.
Más de dos mil personas, según el Gobierno de Guatemala, fueron infectadas con sífilis, gonorrea o cancroide. Sin embargo, informes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) cifran en más de cinco mil los afectados.
Los experimentos tuvieron lugar dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala. Fueron pruebas con humanos en los que médicos infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento a miles de ciudadanos, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos.
Las investigaciones nunca fueron publicadas, se conocieron en 2010 y no se ha encontrado informe alguno sobre conclusiones, pero datos personales de los pacientes y cuadros médicos indican que hubo al menos 83 víctimas mortales.
En octubre de 2010 el gobierno de Estados Unidos reconoció los sucesos, que consideró abominables y gravísimos y se disculpó públicamente por éstos. Entre tanto, en Guatemala, la opinión pública ha considerado los hechos como un crimen de lesa humanidad.
Fuente : Aquí
La abogada de las víctimas, Piper Hendricks, precisó que los demandantes introdujeron el recurso ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (noreste), pero destacó que este paso se estima sea un proceso largo.
Al respecto, señaló que no esperan una decisión del tribunal antes noviembre del 2013. Sin embargo, acotó que teniendo en cuenta la edad de las víctimas “tenemos la esperanza de que la actual administración hará lo justo por aquellos agraviados durante tantos años y dejar de posponer su promesa de respetar los derechos humanos”.
El juez estadounidense Reggie Walton desestimó hace dos meses la demanda interpuesta en nombre de los afectados, al concluir que las leyes federales prohíben que se de un proceso en Estados Unidos sobre daños ocasionados en una nación extranjera.
En tal sentido, de acuerdo con la defensa, “la inmunidad es legalmente inaplicable en circunstancias tan extremas como este caso”.
Más de dos mil personas, según el Gobierno de Guatemala, fueron infectadas con sífilis, gonorrea o cancroide. Sin embargo, informes de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) cifran en más de cinco mil los afectados.
Los experimentos tuvieron lugar dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala. Fueron pruebas con humanos en los que médicos infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento a miles de ciudadanos, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos.
Las investigaciones nunca fueron publicadas, se conocieron en 2010 y no se ha encontrado informe alguno sobre conclusiones, pero datos personales de los pacientes y cuadros médicos indican que hubo al menos 83 víctimas mortales.
En octubre de 2010 el gobierno de Estados Unidos reconoció los sucesos, que consideró abominables y gravísimos y se disculpó públicamente por éstos. Entre tanto, en Guatemala, la opinión pública ha considerado los hechos como un crimen de lesa humanidad.
Fuente : Aquí
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