Parcialidad de la justicia, aplicación insistente de la Ley Antiterrorista (herencia de la dictadura), un general de Carabineros de la Región de la Frontera, como algunos fiscales, acentúan la represión seguramente empujados por el menosprecio.
El año 2011 concluyó sin que la criminalización de las demandas mapuches conociera tregua: allanamientos, detenciones, dirigentes encarcelados. Organismos de derechos humanos, intelectuales, sectores de la sociedad civil, e incluso parlamentarios europeos (septiembre 2010), han solicitado reiterada e infructuosamente, a los gobiernos sucesivos, el cese de la violencia policial.
Esa persistente política represiva no tiene casi parangón en cuanto a su amplitud y duración. Conoció niveles extremos con la dictadura militar (1973–1989) que golpeó también a los mapuches. La violencia represiva no discriminó entre militantes y los que no lo eran. Luego, la violencia pos dictatorial criminaliza la reivindicación de tierras ancestrales. Estas prácticas del poder político contradicen el funcionamiento democrático de una sociedad.
A simple vista la situación actual parece incomprensible: parcialidad de la justicia, aplicación insistente de la Ley Antiterrorista (herencia de la dictadura), un general de Carabineros de la Región de la Frontera, como algunos fiscales, acentúan la represión seguramente empujados por el menosprecio del mapuche y por la soberbia derivada de privilegios del poder. Pero esta realidad no resulta sorprendente si la consideramos retrospectivamente. En los tres primeros decenios del siglo veinte, por ejemplo, hubo una violencia exacerbada: casas incendiadas, asesinatos, usurpaciones de tierras..-
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